El exdirector del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Miguel Cardozo puntualizó que es “una terquedad” mantener la consulta previa en la etapa de exploración, dado que la información disponible es aún insuficiente para las empresas y el mismo Estado.
“En la fase de exploración no se dispone aún de la data necesaria para explicar a las poblaciones los impactos que el proyecto tendrá sobre sus territorios y sobre la población misma en el largo plazo”, explicó.
Al final, agregó, se repite el proceso de negociación con las comunidades que ya se realiza, en todos los casos, durante el proceso de aprobación del instrumento de gestión ambiental.
Esto, explicó, sumado al silencio administrativo negativo, constituyen dos trabas que son críticas en el proceso de obtención de los permisos de exploración, que en Perú de algunos meses.
“La necesidad de mejorar los procedimientos es manifiesta, pero también es muy claro el daño que hace el silencio administrativo negativo, que cobija y protege a los funcionarios que demoran las decisiones y hace que los administrados no tengan forma de hacer cumplir los plazos que las mismas normas establecen. No habrá mejora posible si este concepto no es eliminado”, aseveró.
En ese contexto, manifestó que por ese motivo el Perú ha venido cayendo sistemáticamente en la calificación y preferencia de los inversionistas y empresarios encuestados anualmente por el Instituto Fraser de Canadá.
La calificación integral de nuestro país bajó desde el pues to 49 (de un total de 62 países participantes), alcanzado en 2022, hasta la posición 61 (de 86 naciones) en 2023.
