Al igual que en el Perú, los transportistas de España anuncian un nuevo paro, por lo cual las organizaciones agrarias advierten sobre las nefastas consecuencias de una paralización más. En el Perú el ministerio de Transportes y Comunicaciones debe evitar un paro que no sólo castigaría a los productores agrarios, sino a la población para la cual cada día es más difícil sostener una canasta básica.
Las organizaciones agrarias de España (ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agroalimentarias) y las asociaciones empresariales FIAB, AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS, CEDECARNE, FEDEPESCA, HOSTELERÍA DE ESPAÑA Y MARCAS DE RESTAURACIÓN, representantes de los sectores agroalimentario español y de la hostelería, coinciden en señalar que la cadena agroalimentaria no puede permitirse un nuevo paro del sector del transporte por carretera. Ante los anuncios relativos a la posibilidad de que se reproduzcan los incidentes que provocaron problemas en la cadena de abastecimiento de productos básicos de alimentación el pasado mes de marzo, el sector productor, la industria y la distribución alimentarias, muestran máxima preocupación por las graves consecuencias que un nuevo paro podría tener sobre las empresas y sobre los consumidores.
Por ello, los representantes de la cadena alimentaria desean manifestar que:
1. La cadena agroalimentaria presta un servicio esencial para abastecer de productos de alimentación a la población. Este carácter esencial, que fue reconocido durante la pandemia del COVID-19, supone garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder, en todo momento, a este servicio público y de los operadores a prestarlo bajo cualquier circunstancia.
2. Durante estos días, el sector productor agrario se encuentra en plena campaña de fruta de verano. Gran parte de la producción española tiene como destino los mercados internacionales. El hecho de no poder responder a la demanda, además de manera reiterada, supone una pérdida de prestigio para el sector productor español que puede redundar en la pérdida de destinos de exportación. Este hecho es especialmente grave en momentos de inicio de campaña con riesgo de que se tire gran parte de la producción anual de alimentos perecederos, como la fruta, con los importantes perjuicios que esto supondría.
3. La eficiencia de la cadena hace que los productos frescos lleguen del campo a la mesa en 24 horas o menos. Esto significa que apenas existe capacidad de almacenamiento y, al tratarse de productos perecederos, la imposibilidad de transportarlos produciría enormes pérdidas de producto; incrementándose, de este modo, el desperdicio alimentario con los efectos económicos, sociales, medioambientales y reputacionales que esto supone.
4. La industria alimentaria puede sufrir paros en su actividad si los productos básicos no llegan a las fábricas e, igualmente, experimentar enormes costes derivados de la conservación de los alimentos o de su pérdida. La recuperación de la actividad normal puede extenderse durante varias semanas, prolongando los problemas de desabastecimiento a la población.
5. La distribución alimentaria, por su parte, tiene que hacer un sobreesfuerzo de redistribución de alimentos a los puntos de venta y de reorganización del surtido disponible para no dejar desabastecida a la población. El cierre eventual de tiendas -con graves consecuencias sobre el abastecimiento, en ocasiones, a pueblos enteros-, la presión sobre los trabajadores -que deben hacer frente a situaciones de estrés por parte de los consumidores- y la dificultad para recuperar con rapidez la normalidad de suministro son otros de los efectos sobre el comercio del conjunto del país.
6. Después de la crisis sufrida como consecuencia de la pandemia, la hostelería, la restauración y el turismo pueden ver nuevamente amenazado su abastecimiento y, por tanto, sus negocios en plena campaña de verano, con las consecuencias que eso podría llegar a tener para la imagen de España como destino turístico nacional e internacional.
7. Finalmente, aun cuando el producto no pueda salir de las cooperativas y el funcionamiento de los negocios no pueda garantizarse, almacenistas de origen, lonjas, de las industrias o de las plataformas logísticas y todos los operadores de la cadena deben hacer frente al pago de salarios, cotizaciones, impuestos, inputs agrícolas y ganaderos, mantenimiento de sistemas de frío, etc., con pérdidas económicas millonarias. De hecho, el amago de paro de diciembre y el paro de marzo generaron pérdidas millonarias.
La cadena agroalimentaria y el conjunto de la sociedad soporta una situación muy difícil, claramente marcada por un escenario inflacionista nunca antes visto en nuestro país. En este contexto, la cadena de valor agroalimentaria está haciendo un gran esfuerzo para tratar de repercutir lo menos posible al consumidor el alza de los precios de la energía, del coste del combustible y sus derivados como los fertilizantes, del precio y la dificultad de acceso a las materias primas, de la presión fiscal y el coste regulatorio que sufre el sector, así como de los efectos del anterior paro del transporte del que algunas cadenas de suministro no han podido aún recuperarse.
Por lo tanto, un nuevo paro podría suponer la entrada en pérdidas de muchos operadores del sector, que están soportando a duras penas una coyuntura económica y geopolítica sin precedentes. En consecuencia, los firmantes piden a todo el sector del transporte que no sometan a la sociedad a una nueva amenaza y que tengan en consideración la difícil situación en la que se encuentra un sector esencial, como es el agroalimentario, que trabaja para garantizar en todo momento el abastecimiento de alimentos y de productos esenciales a toda la sociedad en cualquier rincón del país.
Con información de Qcom.es
