Por un capitalismo popular
Jorge Manco Zaconetti
En enero de 2002 se promulgó la ley N.º 27651 que establecía la “Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal”, una norma promovida por el congresista piurano José Carlos Carrasco Távara, como presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, miembro destacado del partido aprista, que ejercía una oposición responsable al gobierno de Alejandro Toledo que todavía tenía la legitimidad y apoyo popular producto de la marcha de los “4 Suyos” contra la dictadura fujimontesinista.
Han transcurrido más de 22 años y el llamado “problema de la pequeña y minería artesanal” no se ha resuelto, por el contrario, con los precios del oro volando por encima de los US $ 2,600 dólares la onza con tendencia al incremento por la inestabilidad mundial. En especial, la competencia por la hegemonía entre la República Popular China que resulta ser el primer productor mundial del metal amarillo y los Estados Unidos potencia decadente, sumada a la prolongación de la guerra Rusia y Ucrania, con la OTAN y USA de por medio contra los intereses rusos, donde la Rusia de Putin resulta ser el tercer productor mundial aurífero.
Lo cierto y evidente es que el mundo desea atesorar oro, de allí el aliciente perverso que explica el incremento del precio. Si en 2002, los precios del oro no superaban los US $ 300 dólares la onza troy, y en nuestro país destacaban las empresas Mra. Yanacocha con la transnacional Newmont como accionista principal, y Mra. Pierina de la Barrick Misquichilca. Hoy la realidad aurífera tiene otras características.
En nuestro país las tendencias del precio internacional del oro ha generado una fiebre por su explotación, donde a las empresas mineras auríferas reconocidas desde el 2004 a la fecha se extiende una producción “informal e ilegal” que está siendo satanizada por la gran prensa, los medios de comunicación concentrados, perdiendo de vista que esta minería “informal e ilegal” es una derivada, una consecuencia del modelo económico liberal sacralizado por la Constitución de 1993 producto del golpe de estado del 5 de abril.
En verdad, no se reconoce que la llamada minería artesanal es una alternativa a la falta de empleo digno con salarios de acorde a la riqueza creada. Si en el 2002 los mineros artesanales eran no más de 50 mil trabajadores hoy fácilmente superan los 500 mil trabajadores, cuyos ingresos y riqueza se expresan en una creciente presencia política, financiando partidos y congresistas, medios de comunicación. Sirva de información que el hoy Presidente del Congreso de la Republica Eduardo Salhuana Cavides fue en el pasado asesor de las asociaciones de mineros artesanales en Madre de Dios que usaban dragas, succionadores y bombas eléctricas, camiones Volvo como parte de un equipo que distaba mucho del concepto de minero artesanal, que fue definida en un principio como una “actividad de subsistencia intensiva en mano de obra”.
El no resolver ni enfrentar el problema de fondo de la llamada “pequeña y minería artesanal” le costó la censura política al ministro de energía y minas Ing. Rómulo Mucho Mamani, un empresario comprometido con los grandes intereses mineros, que en el 2004 durante el gobierno de “Perú Posible” fue Viceministro de minas, por tanto como experto minero su propuesta de ley sobre la “Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal”, presentada al Congreso de la República el 17 de julio del 2024 resultaba un “saludo a la bandera” que no reconocía el problema de fondo, que va más allá de la extensión del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) por seis o doce meses.
Por ello el artículo 7.º de su proyecto solamente reconocía para las actividades de la pequeña y minería artesanal las “áereas extinguidas y libres. Y como representante de los grandes intereses mineros suscribía en el artículo 19.º.1 que expresamente dictaminaba que “No puede celebrarse contratos de explotación en caso de invasión a derechos de terceros, con denuncias pendientes de resolver, respecto de las personas comprendidas en dichas invasiones”.
Este creemos es el problema central de la “pequeña y minería artesanal” que en gran parte sobre todo de los llamados mineros artesanales explotan concesiones de terceros, y no han llegado a firmar contratos de explotación con los titulares de las concesiones, que muchas veces especulan con las mismas, sobre todo si se trata de concesiones que puedan tener yacimientos de oro.
En tal sentido, sirva de ejemplo la región de la Libertad donde el 51 % de su territorio está concesionado, sobre todo por las grandes empresas mineras. En el mismo sentido en la región de Apurímac el 50.8 % de su territorio está concesionado para desarrollar actividades mineras, siguiéndole en importancia la región de Moquegua donde del total de su territorio el 50.6 % está concesionado para desarrollar sobre todo minería de cobre.
CONTRABANDO AURÍFERO
Es tan grave el asunto que la diferencia entre los volúmenes de oro que se exportan según el registro del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), y los volúmenes de oro supervisados y declarados por las empresas mineras ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) se profundiza. Así, en 2014 durante el gobierno corrupto de la pareja presidencial Humala & Heredia, se declaraban por concepto de volúmenes exportados 5.3 millones de onzas de oro según el BCRP. Para esa fecha el MINEM registraba una producción interna de oro de 4.5 millones de onzas.
Ello significaba que la brecha era de 800 mil onzas. En cambio, en el 2023 los volúmenes exportados de oro según el BCRP sumaban los 5.6 millones de onzas, pero los volúmenes registrados por el MINEM apenas llegaban a los 3.2 millones de onzas. Ello significa que 2.4 millones de onzas no tienen un productor reconocido, con una grave afectación al fisco por el no pago del impuesto a la renta y las regalías correspondientes más la grave contaminación ambiental con el uso indiscriminado del mercurio sobre todo en Madre de Dios y Puno.
Es más, existe la certidumbre que gran parte del oro producido en las regiones fronterizas con la República de Bolivia, como Madre de Dios y Puno se transfiere como contrabando a un país carente de divisas que paga una prima por el oro extraído en nuestro país. Así, por ejemplo, en 2017 en la región puneña se producían y se declaraban 342 mil onzas. En cambio, en 2023 la producción declarada se derrumba hasta alcanzar las 94 mil onzas de oro. ¿A dónde se va la diferencia?
En el mismo sentido, en la región de Madre de Dios en el año 2016 se declaraba una producción de 565 mil onzas según el MINEM, sin embargo, para 2023 la producción declarada apenas llegaba a las 46 mil onzas. A pesar que la evidencia contradice esta situación por la extensión de los territorios explotados y la grave contaminación que ello significa.
Por ello, en la campaña presidencial del 2016, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ante los mineros de Puno y Madre de Dios con toda la frescura de un financista transnacional decía que “un poquito de contrabando no estaba mal”, pero que en el caso del oro que fugaba a Bolivia tenía una interesante propuesta que no deja de tener actualidad, por su heterodoxia frente al libreto liberal.
Como no se podía recrear la banca de fomento que había sido liquidada por el régimen fujimorista, cerrando el Banco Agrario, Banco Industrial, Banco Hipotecario y el Banco Minero; y la Constitución de 1993 prácticamente y políticamente hacía imposible la creación de nuevas empresas públicas, sugería dotar al Banco de la Nación que cubre todo el territorio nacional, de nuevas atribuciones.
Estas nuevas funciones hacían que el Banco de la Nación compre a los “mineros artesanales e ilegales” el oro extraído básicamente en las concesiones de terceros, pagando un precio mayor al precio internacional, abonando una prima como incentivo para la formalización de miles de mineros artesanales e ilegales que hoy con cifras conservadoras deben superar los 500 mil trabajadores mineros a lo largo y ancho del país, que se reproducen en condiciones propias del siglo XIX, explotados por mafias e incluso por mineras formales que les compran el oro a precios castigados.
En tal sentido, una solución pragmática está en relación a reconocer el “principio de la realidad” y la necesaria intervención del Estado ante un problema social que ha desbordado todos los límites, con grados de violencia criminal donde los primeros en experimentar tales actos son los propios trabajadores mineros.
El propio Estado por medio de una improvisada ley de descentralización (julio del 2002) transfirió a los gobiernos regionales las facultades de promoción y supervisión de la pequeña y minería artesanal con los resultados conocidos, donde la falta de recursos humanos y materiales de las direcciones regionales de energía y minas, la corrupción imperante, la inestabilidad política de los gobiernos subnacionales explican en parte el desborde y la extensión de la “pequeña y la minería artesanal” que debe ser realmente analizada sin anteojeras ideológicas.
Así como existen empresarios mineros que se registran como “pequeños mineros” con varias concesiones que sumadas pueden llegar a las 100 mil onzas anuales, también encontramos grandes empresas mineras que fomentan las actividades de los mineros artesanales en sus propias concesiones, con la obligación de venderles la producción de oro, que aparecen en los estados financieros como “producción de terceros” en los costos de ventas; también existen mineros artesanales con maquinaria pesada y equipo que supera el concepto primigenio.
En todo caso, sirva la ocasión para convocar a un debate nacional sobre esta problemática, donde confluyan los trabajadores mineros artesanales que serían una expresión de un “capitalismo popular” desde abajo, con las empresas mineras, el Estado y la academia. Por ello, debemos saludar al Director del Departamento de Ciencias Administrativas de la UNMSM, Dr. Grover Mejía por la organización del “Foro: Minería Informal y Artesanal en la Gestión Pública”, con el cual se contribuye al conocimiento y posibles soluciones a un problema económico y social.
Diario Uno, 30.11.2024
