¿A quién se beneficia?

Por Xavier Caño Tamayo*

En la investigación de un asesinato, un detective que se precie se ha de preguntar: ¿a quién beneficia esta muerte? Y así llega hasta el asesino. El móvil es la pieza clave. Pues para saber qué hay de verdad tras el ruido mediático que informa sobre la crisis y las medidas que adoptan las grandes potencias o el G-20 y las recomendaciones de el Fondo Monetario Internacional, es imprescindible seguir el método del detective. ¿A quien benefician las medidas tomadas y las que se tomarán?

¿La crisis se resuelve con la intervención del Estado frente al anti-estado liberal? Como denuncia lúcidamente el catedrático Vicenç Navarro de la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña (España), “el llamado ‘liberalismo’ es intervencionismo de Estado, pero a favor del mundo empresarial y de las clases ricas”. Así, la falacia liberal queda desvelada.

Reagan, líder de la presunta ‘revolución liberal’, en su presidencia aumentó el gasto público enormemente, generando un déficit del 6% del PIB. Venerado por todos los neoliberales, hizo intervenir al Estado mucho más que sus predecesores. Lo hizo incrementando el gasto militar, “cuyo estímulo económico y creación de empleo fue menor que si la inversión hubiera sido en servicios públicos como sanidad, servicios sociales e infraestructuras”, nos recuerda sensatamente Vicenç Navarro.

Por tanto, la cuestión no es sólo aumentar el gasto público del Estado, sino que ese gasto sea descaradamente en beneficio de la mayoría ciudadana. Hasta ahora, los fabulosos rescates en Estados Unidos y la Unión Europea han sido en beneficio de la reducida minoría de la clase bancaria y financiera. ¿Favorecerán a la mayoría ciudadana las próximas intervenciones estatales anunciadas en Estados Unidos?

Habrá intervención y gasto públicos, los ha habido siempre, pero no siempre en beneficio de la gran mayoría. La gran economía, la economía financiera y la economía de humo (la especulativa y tramposa) están controladas por grandes grupos bancarios, corporaciones y empresas transnacionales, cuyos dirigentes, quienes deciden y tienen poder, apenas llegan al medio millar, según cálculos de Ignacio Ramonet. Y, además, en el último cuarto de siglo no se ha autodisuelto el Estado, como han simulado, sino que el Estado se puso al descarado servicio de esas minoritarias clases ricas. De ahí la supresión de normas y vigilancias financieras o las ‘reformas’ estructurales laborales, que han sido y son en realidad facilidades todas para hacer y deshacer de los empresarios en detrimento de los derechos de los trabajadores; reformas que han arrojado como resultado que hoy las rentas del trabajo hayan descendido considerablemente (pero las del capital no han cesado de subir), tanto que nunca han sido tan bajas respecto al PIB en los últimos cincuenta años.

En Estados Unidos, el presidente electo, Barak Obama, ha asegurado que pondrá de inmediato un plan de inversiones públicas que puede oscilar entre 400.000 y 700.000 millones de dólares. Incluirá el mayor programa de carreteras, puentes y obra pública desde hace medio siglo, reforma de edificios federales (obras y adaptaciones para consumir menos energía), modernizaciones de hospitales y escuelas, potenciar la banda ancha…

Obama ha avisado que “no haremos el plan de inversiones a la vieja manera de Washington. No nos limitaremos a dar dinero. Mediremos el progreso de las reformas, los empleos que se creen y la energía que ahorramos”. Parece un plan intervencionista en beneficio de la ciudadanía. ¿Llegará a buen término? ¿Será así en Europa? ¿En otros países?

Pero que quede claro que intervencionismo de estado ha habido siempre en los últimos setenta años, aunque no siempre en beneficio de la mayoría trabajadora y ciudadana. Y que quede claro también que el neoliberalismo ha sido el invento para resucitar el intervencionismo estatal a favor de los más poderosos, pero camuflado. Porque el encendido discurso anti-estado neoliberal sólo lo ha sido contra el Estado social, el que se preocupa por la ciudadanía, por la inmensa mayoría trabajadora; sólo contra el Estado que mantiene la protección social, incrementa las pensiones o promueve la enseñanza gratuita y la asistencia sanitaria pública.

Saber a quién se beneficia es clave.

* Periodista y escritor, Centro de Colaboraciones Solidarias