¿Quiénes son los mercados?
Vicenç Navarro (*)
Los ejecutivos nos dicen que no son ellos, sino los mercados, los que mandan mientras que los gobiernos no tienen otra alternativa que desarrollar políticas de reducción de derechos laborales y sociales.
Con la ayuda de los medios de información y persuasión, los gobiernos intentan presentar tales políticas como determinadas por fuerzas exteriores sobre las cuales tienen poquísima capacidad de influencia. Su gran argumento es que son necesarias para “dar confianza a tales agentes externos: los mercados financieros”. Hay que reducir el déficit y la deuda pública, y hay que reducir los salarios y debilitar a los sindicatos a fin de calmar a los mercados para que estos presten su dinero al Estado español, permitiéndole con ello poder pagar sus gastos.
No son los mercados financieros, sino principalmente los bancos, las compañías de seguros y los fondos especulativos españoles los que poseen casi la mitad de la deuda pública española. La mayoría de la otra mitad la poseen bancos, compañías de seguros y fondos especulativos europeos, gran número de ellos relacionados con los mismos fondos españoles. Sólo una mínima parte la poseen entidades financieras extranjeras (es decir, de fuera de la Unión Europea).
Los “mercados financieros” están controlados por un número pequeñísimo de personas (los gerentes, gobernadores y accionistas), menos del 0,1% de la población, que se benefician de que el Estado tenga que pagar hasta un 7% de interés para conseguir dinero prestado de los bancos a los cuales el Estado debe pagar, dinero que procede de los recortes de gasto público en pensiones, sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a las personas con dependencia, entre otros. Las clases populares tienen que apretarse el cinturón para que el Estado pueda pagar a nuestra burguesía financiera, a la cual nuestro Estado ha ido reduciendo sus impuestos y ayudándola, prestándoles millones de euros para que no colapsaran el sistema financiero como resultado de sus prácticas especulativas al estallar la burbuja del ladrillo que ellos crearon.
Esa burguesía financiera ha recibido una enorme cantidad de dinero del Banco Central Europeo (BCE), que es una institución pública (sus dirigentes son nombrados por los estados de la Eurozona, incluido el Gobierno español), que está en la práctica controlado por las instituciones financieras de la Unión Europea. El BCE imprime millones de euros y los da a los bancos al 1%, con el que especulan y compran deuda pública a unos intereses desorbitados.
El segundo supuesto erróneo es asumir que no hay otra alternativa a la dependencia que los estados tienen de la banca privada. El Estado puede generar recursos a base de, por ejemplo, incrementar, en lugar de bajar, los impuestos a la banca, a las rentas del capital y a las rentas superiores. Y el BCE, en lugar de dar dinero a la banca, se lo podría dar a los estados para comprar su deuda pública a los mismos intereses que se los da a la banca. Pero no lo hace, con lo cual el Estado tiene que pedir prestado a la banca. Un círculo virtuoso para la banca y desastroso para los estados. Pero las cosas han empeorado todavía más porque cuando el BCE ha comenzado a enviar dinero a los estados comprando su deuda pública, el BCE (que es el lobby de la banca) ha impuesto unas condiciones draconianas, que se resumen en un ataque frontal a las clases populares y a su Estado del bienestar.
No son, pues, los mercados financieros, sino nuestra burguesía financiera, aliada con la burguesía financiera europea, quien está controlando nuestras instituciones públicas, las mismas que nos dicen que no hay alternativas. Y para el máximo abuso, nuestros representantes políticos quieren asegurarles a los bancos que nunca perderán dinero. Es decir, que los estados les deberán pagar siempre el dinero que supuestamente les deben. Todo esto se presenta con el argumento de que no hay alternativas.
Pero sí que hay alternativas. Los estados pueden controlar a los bancos, en lugar de ser al revés, estableciendo, por ejemplo, bancos públicos. Y pueden cambiar al BCE poniéndolo al servicio de la población y de la economía productiva, y no al servicio de la banca. Que no lo hagan no se debe al poder de los mercados, sino a la excesiva influencia política y mediática de nuestras burguesías financieras.
(*) Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Centro de Colaboraciones Solidarias
