Ladrillo-dependientes

En 1998, el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley del Suelo. Con esa legislación, todo suelo era edificable hasta que un juez dijera lo contrario. Las competencias en esta materia fueron cedidas a los Ayuntamientos y sus impulsores defendían que, con esta liberalización de la superficie edificable, la oferta sería mayor y el precio de la vivienda descendería. Además, la especulación inmobiliaria no era más que una posibilidad remota. Se inició entonces un periodo de construcción indiscriminada, donde todos los implicados salían ganando: los Ayuntamientos llenaban sus arcas, las constructoras se hacían de oro, y el Estado veía cómo las cifras del paro bajaban y las del crecimiento económico no hacían más que subir. El precio de la vivienda no tocaba techo.

Con una bonanza económica de ese tipo, nadie pensó que fuera necesario impulsar otro tipo de sectores como el energético. En la actualidad, España tiene una tasa de dependencia energética del 84%. Entre el año 2000 y el 2006, un período de pleno crecimiento de la economía española, la dependencia aumentó en cuatro puntos. Durante esa misma etapa, España se mantuvo a la cola de la Unión Europea en inversión en I+D+i, pese a las advertencias de que ello tendría consecuencias en el futuro. Los gobiernos de Aznar y Zapatero, pese a sus promesas, siguieron recurriendo al dinero fácil que proporcionaba el ladrillo.

En 2008, la burbuja acabó por explotar. La construcción de nueva vivienda se desplomó en el último trimestre del año. Cientos de constructoras e inmobiliarias quiebran, y cientos de miles de trabajadores se suman a la lista de desempleados. Trabajadores que, en muchos casos, no han conocido un trabajo diferente al de la construcción, y que ven cómo la prestación por desempleo finalizará sin que el sector, ni el mercado laboral, vayan a remontar.

De hecho, las previsiones realizadas por el Gobierno español han sido superadas por los datos reales en cuestión de semanas. A principios de este año, el Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, sostenía que no se llegaría a los cuatro millones de parados durante 2009, además de mantener su previsión de un 16% de desempleo. Ahora, los analistas no descartan llegar al 20% e incluso superarlo. En algunas Comunidades Autónomas ya lo han hecho. Canarias han alcanzado el 26%, y Andalucía el 24%. Dos días antes de la publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA), el propio Corbacho aseguraba que “todavía no hemos llegado a los cuatro millones de parados”.

A pesar de todo lo que ha provocado el auge y posterior derrumbe del sector inmobiliario, el Gobierno español quiere estimular la economía con más obra, en este caso, obra pública, para lo que destinará más de 33 mil millones de euros contenidos en el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo.

En realidad, España necesita una reestructuración del mercado laboral. Para ello, es necesario abandonar las fórmulas pasadas y apostar por nuevos sectores. El aumento de la inversión en I+D+i es crucial para que, en el futuro, no vuelvan a alcanzarse los niveles actuales de desempleo. Las prestaciones por desempleo, las pensiones y el resto de garantías sociales pueden peligrar de manera muy seria si no se toman las medidas necesarias para revertir la situación, provocada por gobiernos irresponsables y por delincuentes a pie de obra.

* Periodista
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