Por Humberto Campodónico
La discusión sobre la Ley del Empleo Juvenil, Ley 30288, se realizará hoy en el Congreso, después de más de 50 días de debates. Pero, sobre todo, de la amplia movilización de los jóvenes contra la Ley, lo que ha impactado en la sociedad, ya que el 76% de la población la rechaza.
Un primer punto tiene que ver con la legislación laboral existente. Tenemos una gran cantidad de leyes y regímenes especiales para distintos tipos de empresas e industrias. Pero no tenemos una Ley General del Trabajo, a pesar de que esta comenzó a discutirse en el Congreso en el 2002, teniendo una última revisión bajo este gobierno en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) en el II Semestre de 2011 (1).
Pero como existe oposición de sectores del empresariado, tenemos una legislación ad-hoc, cortada a la medida de sus intereses: una “colcha de retazos” laboral. Está la Ley de Mypes, la Ley de la Pequeña Empresa, el Régimen General y la Ley 27360 (de promoción del sector agrario) del 2007, que comenzó como temporal, pero se prorrogó en julio del 2006 hasta el 2021. ¿Podría pasar lo mismo con la Ley Pulpín que, en principio solo dura 5 años?
Esta nueva Ley Juvenil no impulsará el empleo a los jóvenes, puesto que la gran mayoría está en las MYPES, donde los “incentivos” son superiores a los que otorga la 30288. Por lo tanto, las empresas beneficiadas son aquellas de 100 o más trabajadores, que se rigen por el Régimen General.
Por lo tanto, el verdadero tema de fondo tiene una agenda encubierta. Se trata de que, ahora que la economía se desacelera, el “pato” de la autocomplacencia neoliberal en mantener el “piloto automático” de los altos precios de los recursos naturales y la indolencia para plantear políticas de diversificación productiva, sea pagado por otros. Es el caso de la reducción de impuestos a las empresas del 30 al 28% y, también, de la Ley Pulpín.
Para ello, los partidarios de romper el “tabú laboral”, vuelven con los “sobrecostos laborales”. Responde el ex Ministro de Trabajo Javier Neves: “Se quejan principalmente de la rigidez en la contratación y el despido, pero la Ley de Productividad y Competitividad laboral prevé 11 tipos de contratos temporales y una cláusula abierta al final para cualquier otra figura similar. Por eso hoy más del 75% de los trabajadores en el sector privado tienen contrato temporal. A esos señores no se les despide nunca. No hay necesidad. Su contrato vence y ya. No hay costo porque tampoco se les paga indemnización” (Caretas, 23/12/2014).
Lo que no se quiere entender es que la necesaria promoción del empleo (entre ellos, el juvenil) no pasa por un recorte de derechos, ya que los empresarios invierten cuando ven una buena perspectiva de demanda para sus productos y un retorno favorable para su inversión. Eso es lo que Keynes llamaba el “espíritu animal”.
El tema es que sí existen alternativas a la Ley 30288 y estas se encuentran en el propio Ministerio de Trabajo. Se trata del Plan Sectorial de Acción a la Promoción del Empleo Juvenil 2012 II – 2016 I, con la asistencia técnica de la OIT. Es un Plan articulado con las Políticas Nacionales de Empleo, con los enfoques de diálogo social y trabajo decente.
El objetivo de este Plan se concentra en políticas orientadas a promover el empleo juvenil –priorizando a quienes pertenecen a grupos vulnerables- diseñando, implementando y evaluando estrategias que brinden a los jóvenes oportunidades de acceder a empleos decentes (ya sea como asalariados o como independientes).
Entre sus instrumentos tenemos: a) la Empleabilidad, para promover e incrementar el acceso a la capacitación técnica de calidad para el empleo productivo y, b) el Emprendimiento, para incrementar y mejorar capacidades emprendedoras de los jóvenes y el desarrollo de sus emprendimientos.
Estos ejes revelan un enfoque radicalmente distinto al de la Ley “Pulpín” y ponen el acento en la formación laboral, capacitación específica en consonancia con las demandas del mercado. Se trata de darle continuidad a las diversas acciones que se han venido implementando en la materia de promoción del empleo juvenil.
Este Plan lo tiene la CNT, pero está encarpetado. Y lo que se ha hecho es seguir las recomendaciones de Ghezzi/Segura para disminuir los llamados “sobrecostos”. Que, dicho sea de paso, no son ciertos, pues los salarios mínimos del Perú están entre los más bajos de la región. No solo eso: el peso de la masa salarial en el Ingreso Nacional ha disminuido del 2002 al 2013, justo en los años del auge económico. Si eso fue el auge, ¿qué nos espera ahora en la bajada del ciclo económico? No, pues.
Esta grieta del modelo económico puede y debe solucionarse. En la reunión de la CEPAL en Lima en mayo, se discutió sobre los pactos sociales necesarios para avanzar hacia la diversificación productiva y la igualdad. Entre ellos está el Pacto Fiscal, para la inversión, la política industrial y el financiamiento inclusivo; el Pacto para la Sostenibilidad Ambiental y otro para la gobernanza de los recursos naturales.
Y, para lo que nos interesa aquí, el Pacto para la Igualdad en el mundo del trabajo. Lo cual está muy bien pero, claro, el Pacto supone un acuerdo entre las partes mediante el diálogo, para establecer objetivos comunes. Lo que no sucedió con el úkase de la Ley Pulpín.
(1) Ver http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=656&tip=9
(2) Ver “Pacto para la Igualdad” en http://periododesesiones.cepal.org/es/publicacion/pactos-para-la-igualdad-1
La República, 20.001.2015
