Por Humberto Campodónico
La aprobación en el Congreso del el 3 de octubre del pase de la micro y pequeña empresa (Mypes) del Ministerio de Trabajo al de la Producción es una victoria de quienes afirman que el problema de la informalidad en el Perú son los "sobrecostos laborales". En otras palabras, que los trabajadores "ganan mucho". Es por eso, dicen, que las microempresas no se formalizan y que las empresas del sector formal pierden competitividad. En una palabra, quieren el "cholo barato".
El pase tiene su punto de partida en el Proyecto de Ley 2301 (abril del 2008) de Jacobo Mekler, que pide que las Mypes pasen de Trabajo a Produce. El PL 2301 contó, además, con las firmas de Mauricio Mulder, Luis Galarreta y Wilber Ruiz.
Producida la votación en el Congreso, el ministro Pasco renunció indignado por lo que seguramente considera una traición del presidente García. Fue usado para que se promulguen la Ley Mypes y su Reglamento y, en menos de lo que canta un gallo, le quitaron las Mypes con una rapidísima votación del PL 2301. ¿En política no hay que ser ingenuos?
Ahora bien, la nueva Ley Mypes no fue discutida en el Congreso pues fue promulgada en junio como Decreto Legislativo 1086, al amparo de las facultades otorgadas al Ejecutivo en diciembre pasado para la "adecuación al TLC". En otras palabras, forma parte de la iniciativa para "completar la reforma neoliberal". Esta Ley Mypes tiene dos partes claramente diferenciadas. Una de ellas recorta los derechos laborales de miles de trabajadores, pues amplía el alcance de la pequeña empresa de 10 hasta 100 trabajadores e ingresos anuales de hasta 850 UIT (antes, la pequeña empresa llegaba hasta 50 trabajadores).
Esto implica que miles de trabajadores de las "nuevas pequeñas empresas" sufrirán recortes en sus vacaciones, gratificaciones y CTS. Esa es, en la práctica, la política del "cholo barato", con la cual estuvo de acuerdo el ex ministro Pasco. En los hechos, este DL 1086 pasa a ser la nueva Ley de Trabajo, pues abarca a 3’200,000 trabajadores, quedando fuera solo 900,000 trabajadores que se seguirán rigiendo por la Ley General del Trabajo (DL 728). ¿Para qué sirvieron años de discusión en el Congreso y en el Consejo Nacional del Trabajo?
La otra parte del DL 1086 tiene que ver con las iniciativas para "formalizar a las microempresas": rebaja del impuesto a la renta, cobertura del Sistema Integral de Salud y un nuevo régimen de "pensiones sociales". Estas iniciativas, que están muy bien, necesitaban el "visto bueno" del MEF, pues implican un financiamiento fiscal (que se estima en S/. 500 millones).
La cuestión es que esta segunda parte del DL 1086 nada tiene que ver con la primera. Dicho esto, los especialistas afirman que, en el marco de las reducciones presupuestales del ministro Valdivieso, las provisiones para dotar de mayores fondos al SIS son mínimas, con lo cual las expectativas de formalización decrecen. Por ello, el Ministerio de Trabajo estaba buscando fondos de la cooperación internacional. Increíble.
Para terminar, la formalización no pasa por los recortes de los derechos laborales (que, además, solo se dan una vez) sino por el aumento de la productividad y una mayor inspección laboral (tenemos 1.3 inspectores por cada 100,000 trabajadores, mientras Chile tiene 19.2). De otro lado, las iniciativas para formalizar a las microempresas no tienen nada que ver con el recorte de los derechos laborales, aparte de que están desfinanciadas.
El pase de las Mypes a Produce ratifica la orientación neoliberal obsoleta de este gobierno e incrementa las tensiones sociales, que podrían agravarse si prospera la iniciativa siempre latente de seguir recortando los derechos laborales. Todo esto en una coyuntura de crisis económica global que va a tener impacto en la economía peruana.
Todos los artículos del autor pueden ser leídos en: www.cristaldemira.com
