Nueva Ley de Contrataciones requiere mejoras

Proveedores del Estado seguirán sin poder elevar las observaciones a las Bases al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y el Reglamento no eliminó barrera burocrática contenida en tasas que cobra el CONSUCODE por la inscripción y renovación anual en el Registro Nacional de Proveedores.

En opinión de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la nueva Ley de Contrataciones del Estado (D.Leg. 1017), publicada en el 4 de junio de 2008 y expedida por el Poder Ejecutivo en el marco de las facultades legislativas, no ha podido ser reformada vía reglamento y por ello seguirá generando controversias, habiendo sido cuestionada por los expertos y los proveedores del Estado.

Como se sabe, mediante el Decreto Supremo N.º 184-2008-EF, publicado el pasado 1 de enero de 2009 en el diario oficial El Peruano, reglamenta de la mencionada norma. Este reglamento contiene disposiciones de carácter general, también trata sobre los procesos de selección, ejecución contractual, registros, sobre el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), entre otros.

Sin embargo, este reglamento, en opinión de la CCL, no modifica las diversas restricciones que contiene la Ley y que termina perjudicando a las pequeñas empresas del país. En ese sentido, la promulgación de esta norma termina demostrando la falta de intención por parte del Estado de corregir los excesos de la nueva Ley, la cual entrará en vigencia el 31 de enero de 2009.

Maquillaje de errores

Debido a que no es posible modificar un decreto legislativo a través de un decreto supremo por tratarse de una norma de menor jerarquía (para ello se requiere de Ley del Congreso), mediante este reglamento el Ejecutivo intenta cubrir y minimizar los excesos que se han cometido.

Se constata por ejemplo, que mediante el reglamento no se ha podido corregir la inconstitucional restricción del derecho de elevar las observaciones a las Bases, al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) sólo para los casos en que el valor referencial sea igual o mayor a 300 UITs.

La limitación a contar con una segunda instancia es una garantía constitucional, reconocida también por las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el propio Acuerdo Comercial con los EE.UU, expresa la CCL.

Esta situación genera, indudablemente, inseguridad jurídica en cuanto al derecho de los administrados a que las decisiones de la Entidad sean revisadas por una instancia superior.

Tasas del CONSUCODE

No obstante todos los cambios normativos que entrarán en vigencia a fin de mes, a la fecha no se ha eliminado la barrera burocrática contenida en las tasas que cobra el CONSUCODE por la inscripción y renovación anual en el Registro Nacional de Proveedores – RNP, las mismas que se encuentran fijadas en función de las ventas brutas anuales de los proveedores y no al costo real del servicio, según dicta la ley.

Adicionalmente, el CONSUCODE no ha justificado la estructura de costos que sustente las tarifas establecidas para el RNP, tal como se ha demostrado en los procesos seguidos ante el INDECOPI.

Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI ha establecido que el costo real por la inscripción en el RNP es de S/.68. Sin embargo, a las microempresas se les cobra hasta S/.560, a las pequeñas empresas hasta S/.2,100, en este último caso, se está cobrando 3,000% más.

Este sobrecosto afecta sobretodo a las micro y pequeñas empresas que conforme a la nueva Ley Mype representan el 99% de las unidades productivas del país, expresa la CCL.