Jorge Manco Zaconetti
En el curso de Análisis del Pensamiento Económico que dictó en la facultad de economía de UNMSM, un libro de lectura obligatoria es el texto de Acemoglu y Robinson ¿Por Qué Fracasan los Países?, que al decir de un gran economista norteamericano como Dani Rodrik que investiga y enseña en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, esta investigación es: “este trabajo magistral muestra cómo las élites poderosas manipulan las reglas para beneficiarse en detrimento de la mayoría. Trazando un camino un camino cuidadoso entre los pesimistas y los optimistas, los autores demuestran que la historia y la geografía no tienen por qué marcar el destino de ningún país….”.
Tanto Daron Acemoglu, James Robinson, el mismo Dani Rodrik son economistas de Harvard, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, institutos de reconocido prestigio internacional, ajenos a posiciones socialistas o marxistas, pero que tienen una visión crítica sobre el sistema capitalista contemporáneo. A mi entender han recuperado a la economía política como ciencia social, lejos de modelos abstractos y matemáticos, que poco o nada tienen que ver con la realidad concreta.
En tal sentido la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía” por sus siglas SNMPE, representa los intereses de los grandes y medianos mineros formales en especial, y constituye una institución extractivista por excelencia pues un grupo reducido de empresas sobre todo transnacionales, son los verdaderos dueños de los recursos mineros, es una élite empresarial que se ha beneficiado y se sigue capitalizando a costa de las grandes mayorías empobrecidas.
Por ello, afirmó que el crecimiento económico que ha experimentado el Perú, en especial en el período 2002-2024, ha sido un proceso empobrecedor para las mayorías populares. Bastaría para ello recordar los miles de muertos por el “corona virus” por la pobre cobertura del sistema público de salud, el porcentaje superior al 30 % de la población peruana en condiciones de pobreza, las tasas de anemia y desnutrición infantil menores a 5 años, que en varias regiones del país supera el 50 %; como también las tasas superiores del 75 % de la población económicamente activa (PEA) en condiciones de informalidad, con magros salarios y sin seguridad social, sin mencionar los pobres niveles educativos.
Se debe recordar que hace más de 32 años se promulgó el DS 014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, exactamente el 2 de junio de 1992, es decir casi dos meses después del Golpe de Estado del 5 de Abril.
Es decir, se necesitó violentar el régimen democrático para imponer una serie de “reformas estructurales” que han cambiado la naturaleza de la sociedad peruana, en especial la relación entre el Estado conel mercado.
Por la Constitución Política de 1993 aprobada durante la dictadura de Fujimori-Montesinos se reconoce que los recursos naturales, como los mineros, hidrocarburos, gasíferos, pesqueros entre otros son propiedad de la Nación, es decir de todos los peruanos, pero por medio de leyes especiales puede transferirse la propiedad de dichos recursos para su explotación a las empresas privadas, previos contratos con el Estado.
Es tal el poder del llamado “cogollo minero” de la SNMPE que la explotación de los recursos mineros no tienen límite en el tiempo, los contratos terminan hasta el agotamiento de los minerales. Realidad diferente a la explotación de los hidrocarburos cuyos contratos tienen una vigencia de 30 años en el caso del petróleo y de 40 años tratándose de los recursos gasíferos.
Es más las grandes y medianas empresas mineras abonan apenas de US $ 3 dólares por hectárea con recursos mineros, como concepto de derechos de vigencia, lo cual les permite conservar la propiedad de las concesiones mineras en el tiempo, en la práctica pueden retener por más de 15 años renovables con mínimas inversiones de exploración, ante la complacencia del Ministerio de Energía y Minas. En verdad, esta cifra es una ridiculez en términos comparativos con otros países.
¿QUIÉNES SON LOS DUEÑOS?
Por orden cronológico la minera más antigua sería la Southern Perú Copper Corporation (SPCC) que tiene como principal accionista al Grupo México con el 88.27 % de participación en el capital social que explota desde la década de los sesenta del siglo pasado el yacimiento de Toquepala en Tacna, y en Moquegua explota el yacimiento de Cuajone. Siendo la única empresa realmente integrada pues los concentrados de cobre son tratado en la fundición de Ilo (Moquegua), donde se obtiene alambrón y cátodos de cobre con 99.9 % de pureza, listos para su uso industrial.
Es más, como subproductos se obtienen importantes subproductos como oro, plata, molibdeno y ácido sulfúrico Recuerdo como si fuera ayer que durante el año 2001 / 2002 los precios de la libra de cobre estaban deprimidos sobre los US $ 62 centavos de dólar, y el grupo México se vió forzado a cerrar sus operaciones en las minas que explotaba en USA y México, pero siguió operando las unidades de Perú, tanto Cuajone y Toquepala que tenían costos operativos a los US $ 52 centavos. Es decir, eran rentables para la trasnacional mexicana.
Resulta evidente que cuando se inició el ciclo ascendente de los precios que llegaron a US $ 2.7 dólares la libra en el 2006 para seguir trepando fuera del bache del 2009 por la crisis financiera mundial, resultó evidente que las empresas cupríferas estaban obteniendo ganancias extraordinarias gracias a la demanda externa de productos minero sobre sobre todo por as compras de la República Popular China.
En tal sentido, fue tal la bonanza que la Compañía Minera Antamina que tiene como accionistas a BHP Group d Australia con el 33.75% de las acciones, a Glencore de Suiza con una participación de 33.75%, también forma parte Teck Resources de Canadá, como Mitsubishi del Japón con el 10 % de participación. Esta empresa que había invertido US $ 2,380 millones hacia 1998 con entrada en operaciones en junio del 2001, hacia el 2004 ya había recuperado su inversión gracias a los altos precios del cobre. Por tanto comenzó al abono del impuesto a la renta al fisco, y la región de Ancash percibía el canon minero que por ley está determinado por el 50 % del impuesto a la renta.
En tercer lugar, debemos mencionar a la Sociedad Minera Cerro Verde ubicada en Arequipa, y que tiene como accionistas a la norteamericana Freeport MacMoran con el 53.56 % de las acciones, a la empresa Sumitomo Metals con el 21% del Japón y la compañía peruano-chilena Minas Buenaventura con el 19.58%.
Como señalamos en artículos, anteriores se destaca en esta empresa las prácticas antilaborales despidiendo dirigentes sindicales y trabajadores con más de 5 años de experiencia por el “delito capital” de afiliarse al sindicato.
En verdad, debemos destacar la presencia de capitales chinos como la Minera Las Bambas (Apurímac) que tiene como accionista principal a Guoxin International Investment con el 85 % del capital accionario y a CITIC Metal con el 15 % restante.
También debemos mencionar a la Minera Chinalco que opera el yacimiento de Toromocho (Junín) que tiene como principal accionista al gigante chino Aluminum Corporation con el 100%.
En realidad, el íntegro de la producción de los concentrados de estas empresas se “exportan” a la China Popular donde se refinan obteniendo cobre fino y valiosos subproductos mineros que le son enajenados al Perú.
Por último destaca la presencia de AngloAmerican Quellaveco que opera en Moquegua, teniendo como accionistas a la misma Anglo American del Reino Unido con el 60 % de participación y a la empresa japonesa Mitsubishi con el 40 % restante.
Esta ha sido la última gran inversión con un valor de US $ 5,500 millones de dólares, que con los precios del cobre volando, prontamente han de recuperan su inversión.
En resumen, estas empresas son los principales dueños en el cobre que operan en nuestro país, con una serie de beneficios tributarios, con utilidades extraordinarias en razón de los altos precios del metal rojo que superan los US $ 4.40 la libra, y con unos costos operativos que están considerados entre los más bajos en el mundo. De allí que debemos exigir una Nueva Ley de Minería que esté al servicio del desarrollo del Perú.
Diario Uno, 27.09.2025
