Economía política de la crisis
Jorge Manco Zaconetti
Desde 1992 con golpe de estado incluido, la ortodoxia liberal nos vendió las bondades del modelo económico basado en las fortalezas macroeconómicas, libre comercio, libre disponibilidad de las divisas de parte de los inversionistas, disciplina fiscal, baja inflación, tasas de interés regulada por el mercado, y una serie de ventajas tributarias a los inversionistas para reducir el riesgo país.
En la historia económica reciente por lo menos desde 1980 las tasas negativas de crecimiento económico han estado asociadas a fenómenos naturales como El Niño de 1983, donde las lluvias intensas en el norte del país y sequía en el sur, más el inicio de la subversión armada contrajeron la economía en un negativo -10,4 %.
Fue durante el segundo gobierno del Arq. Fernando Belaunde, cuya política liberal del clan de Manuel Ulloa, PPK y Rodríguez Pastor, pretendían desmontar las reformas económicas y políticas del gobierno militar, en especial las iniciadas por el general Velasco Alvarado (1968/1975).
Durante la debacle del modelo heterodoxo de Alan García el crecimiento negativo de la economía medido por PBI (Producto Bruto Interno) con hiperinflación y terrorismo entre 1988, 1989 y 1990 las tasas negativas fueron de -9,4 %, -12,3%, -5% respectivamente.
La extensión y profundidad de la crisis económica y política fue tan grave que en tres años se perdió más del 25 % del PBI, con un “Estado populista” que no captaba ni el 4% del valor de la producción como presión tributaria. Sin crédito externo el Perú era considerado inelegible a nivel financiero, las empresas públicas acumulaban cuantiosos déficits producto del indiscriminado subsidio económico para favorecer a las empresas y consumidores urbanos.
Los ingresos fiscales en un 30 % dependían de los periódicos gasolinazos, alza de precios de los combustibles para captar los impuestos al rodaje, selectivo al consumo y el IGV; más el obligado subsidio al cual estaba sometida PetroPerú, la empresa petrolera del estado que en aquella época era una empresa integrada que operaba en la exploración, explotación, refinación, transporte y distribución mayorista y minorista de combustibles (grifos).
Como los precios de los combustibles los determinaba personalmente Alan García dando instrucciones al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se obligaba a PetroPerú a vender combustibles por debajo del costo de producción. Si el costo promedio de un galón para la empresa era de US $ 0.52 centavos, ésta por decisión del ejecutivo lo vendía a US $ 0.20 centavos, acumulando cuantiosas pérdidas.
Este indiscriminado subsidio de las tarifas públicas se reproducía en las empresas del estado ElectroPerú, Electrolima, Sedapal, Enci, Síder Perú, Centromín por mencionar algunas. Si a ello se agrega la gran dosis de corrupción a nivel del gobierno de un régimen que prometió un “futuro diferente”, se puede entender la debacle económica y social.
Por último, debemos agregar la caída del – 11 % del PBI durante el nefasto 2020, producto de la crisis sanitaria, la obligada cuarentena y cierre de la economía por varios meses con más de 300 mil muertos. Es más, todavía no aprendemos las lecciones que dejó la crisis del Covid, en términos sociales y económicos.
RECESIÓN Y CRISIS
En verdad, desde el 2016 a la fecha con excepción del 2020, el crecimiento económico ha sido modesto con tasas 4% en el 2016, de un 2,6 % en 2017, un aumento del 4% en el 2017 y de 2,2 % en el 2019. Por efecto rebote crecimos 13,6 % en el 2021, para luego volver al modesto crecimiento del 2,7% en el 2022.
A pesar de las proyecciones oficiales tanto del Ministerio de Economía como del BCRP este año que termina el 2023 tendremos un crecimiento negativo de -0,5 a -1% del PBI y todo nos hace pensar que el 2024 no será mejor con un crecimiento modesto menor al 2%, en gran parte explicado por la crisis política que está afectando el desenvolvimiento económico.
A la recesión económica con la pérdida de empleos que ello significa, el subempleo creciente, los ingresos de las personas que no alcanzan a los años previos a la pandemia, la caída del consumo familiar con una tasa de la población en situación de pobreza que supera el 30 %, ante todo ello debe cambiarse la política económica.
En tal sentido la sensatez y heterodoxia del actual Ministro de Economía y Finanzas de solicitar S/ 1,000 millones de soles al Banco de la Nación, como un adelanto de utilidades, demuestra la rentabilidad de una empresa del Estado que debe tener más facultades que le permitan competir con la banca privada, y así presionar a la baja las elevadas tasas de interés que ofrece la banca privada.
Ya no es posible sostener la política de “cuerdas separadas” entre el mundo de la política y el desenvolvimiento económico. La crisis política profundizada por un Congreso de la República ávido de más poder con granjerías incluidas, la falta de equilibrio entre los poderes del estado, generan una mayor desconfianza en las decisiones de inversión.
No podemos perder el tren de la oportunidad externa con los precios de los minerales en alza, se debe promover los proyectos mineros sobre todo de cobre con responsabilidad social y ambiental. Ello supone superar la informalidad e ilegalidad sobre todo en la producción aurífera.
Pero tan importante como ello es apostar por un crecimiento industrial que genera empleo internamente con leyes promocionales. Con beneficios tributarios similares a la inversión minera desde 1992 a la fecha, que han convertido al país en un líder de la producción mundial minera.
También se otorgaron beneficios tributarios a la agroexportación por veinte años desde el 2000, con tasas menores del impuesto a la renta, regímenes especiales para la contratación de la fuerza de trabajo y sobre todo con precios baratos de las tierras irrigadas y financiadas por el Estado. Todo ello ha permitido transitar de un valor de las agro exportaciones de US $ 600 millones en el 2000 a más de US $ 10,000 millones en el 2022.
Una nueva política económica requiere un cambio del chip en el Ministerio de Economía y Finanzas apostando por las políticas de un mayor agregado, en los productos mineros, gasíferos, siderúrgicos y sobre todo de las empresas industriales.
Diario Uno, 16.12.2023
