La dicha adenda de fecha 19-12-2025, modificó de US$ 1213 millones a US$ 789 millones permaneciendo el plazo de ejecución de diez años, 7 meses y 11 días, a partir de octubre 2014.

Para ilustrar sobre el delicado asunto, recabamos la opinión estudiosa del Comandante MGP (r) Gregory Paredes, denunciante y testigo de Fiscalía sobre la situación puntual y lo que esto significa en perjuicio del Perú.

¿Cómo se inicia el proyecto portuario?

Primero hubo un compromiso en octubre 2014 entre la Autoridad Portuaria Nacional con empresa Terminales Portuarios Chancay S.A. (TPCH), para ejecutar la obra; y en la gestión de Martín Vizcarra en agosto 2016 firman el contrato original con el MTC y PROINVERSION a fin que las obras culminaran el 2018.

¿Cómo se involucra TPCH en el contrato?

TPCH fue formada el 2011 por almirantes (r) de la Marina con escuálidos S/ 30 mil soles de capital y luego de obtener la titularidad de su primer proyecto portuario en Chancay el 2015, vendieron su empresa a Minera Volcán.

Comprobando que no podían ejecutar una obra de tal magnitud, por absoluta falta de capital o infraestructura, ni la experiencia, el 2019 en Davos-Suiza, trasladaron la titularidad a la empresa estatal China Cosco Shipping Ports Limited, recibiendo por esa transacción la suma de US$ 225 millones contantes y sonantes.

¿Cómo quedó Perú en dicho negocio millonario?

Perú quedó como dueño de nada, ya que la empresa peruana, al traspasar la titularidad del proyecto, cedió a China el 60% de acciones, y la compañía minera Volcán 40% y el Estado Peruano obtuvo el 0.00 % de acciones, a pesar que sin el recurso estratégico como lo es el mar de Grau, entregado al Estado chino el megaproyecto, habría sido inviable.

¿Cumplió TPCH su inversión?

Hemos denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a diversos funcionarios por permitir presuntos incumplimientos del contrato original del año 2016 por US$ 447 millones en obras, plazos e inversión firmado por José Picasso de la compañía minera Volcán, mediante la que tenían que ejecutar obras hasta el 2018 y NO las hicieron, según obra en fotos y videos de carpeta fiscal abierta; tampoco la ejecutaron con la primera adenda del año 2018 firmada por el ex Jefe de la Marina, Almirante (r) José Noriega, que además, amplió en dos años adicionales más, para ejecutar la obra.

¿Qué paso el 2021?

El 2021 se firmó otra adenda al contrato del 2016 por US$ 1,213 millones de inversión por otro ex Jefe de la Marina: Almirante (r) Carlos Tejada como gerente de Cosco Shipping, donde vemos que no se ha cumplido ya que en la adenda del 2025 se reduce la inversión del Estado chino modificando el artículo 2º de la Resolución Ministerial N° 555-2017-MTC,

Sin embargo el artículo 3º prevalece, estableciendo que el objetivo principal del contrato original del 2016, es el “cumplimiento de la ejecución de obras e inversión en el plazo previsto” que a mi juicio, no se ha efectuado.

Lo dicho se deduce de la inversión que pasó de US$ 1,213 millones a US$ 789 pero manteniendo el mismo plazo de ejecución contemplado en diez años, 7 meses y 11 días que, contados desde octubre 2014 venció en mayo 2025. Siendo que a la fecha se ha sobrepasado el plazo en siete meses.

¿Pueden resolverse los contratos?

Pues claro, y es que ahora cobra relevancia el contrato original del 2016 -con el que sustentan adendas- el cual no ha cambiado su cláusula de resolución por incumplimiento de inversión y ejecución de obras; por lo que en mi opinión, Cosco Shipping estaría auto anulando su contrato por lo que el Estado debe “aplicar la cláusula Cuarta de resolución”.

Es así que el incumplimiento de inversión de la adenda del 2021 da a conocer la no construcción de las obras que conlleva la falta de dicha inversión que en el 2024 inaugurado el Megapuerto Chino en Chancay aun no estarían concluidas en su totalidad.

¿O sea nadie toca la exclusividad?

La exclusividad otorgada el 2021 a Cosco Shipping, sin norma legal que la ampare, tras gestión de Tejada, se consiguió a través de un “mecanismo”, puesto que se condicionó la inversión de US$ 1,213 millones a cambio de recibir la exclusividad. Debe anularse.

¿Y la soberanía peruana?

El Estado podría denunciar los hechos ante tribunales competentes y transitoriamente, hasta resolver la disputa legal, asumir el control del megapuerto, evaluando diversas formas de participación para que éste no sea un enclave chino en nuestro país y sea un verdadero aporte de nuestro recurso estratégico mar territorial controlado por el Perú resguardando nuestra soberanía y seguridad nacional.

13.01.2026