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Unas 39 mil empresas peruanas exportadoras e importadoras eran obligadas a pagar a un pequeño grupo de operadores logísticos marítimos, por servicios que nunca les fueron prestados, afectando la competitividad de empresas nacionales. DL 1492 le da predictibilidad y transparencia a los costos de las operaciones vinculadas a la cadena logística del comercio exterior.
El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, invocó al Congreso de la República a no derogar el Decreto Legislativo 1492, el cual, dijo, ha terminado con un modelo que protegía a un oligopolio que se benefició con sobrecostos de cientos de millones de dólares en perjuicio de miles de empresas peruanas vinculadas al comercio exterior.
Márquez denunció que un grupo de 14 navieras y un poco más de diez almaceneras o depósitos temporales venían realizando cobros por servicios que no eran solicitados por el dueño de la carga, o por servicios que nunca fueron prestados; llegando incluso a hacer cobros duplicados, así como cobrar por servicios brindados a la nave y no a la carga, como debía ser.
“Estos sobrecostos son cargados a la cadena productiva, sin importar el tamaño de la empresa dueña de la carga, perjudicando tanto a empresas grandes como a medianas y pequeñas, las cuales sin ningún poder de negociación se ven en la necesidad de contratar estos servicios logísticos marítimos”, anotó.
Por ello, el titular de la SNI resaltó que el DL 1492, que contiene disposiciones para reactivar las operaciones vinculadas a la cadena logística del comercio exterior, también le da predictibilidad y transparencia a los costos que en ella se dan. De ese modo, dijo, se beneficia a más de 39 mil empresas, entre exportadoras e importadoras, incluyendo a más de 7 mil empresas dedicadas a la exportación no tradicional, las cuales ahora atraviesan la peor crisis económica de su historia debido a la pandemia.
“El sistema logístico de comercio exterior que funcionaba en el Perú hasta antes del DL 1492 era obsoleto y no existe en ningún país de la región”, advirtió Márquez. Detalló que el Banco Mundial identificó en el año 2015 que los costos evitables en la cadena logística portuaria son de alrededor de US$300 dólares por contenedor, lo que representaría unos US$649 millones de dólares al año.
Es así que los costos logísticos en el Perú como porcentaje del valor producto asciende al 34% -superior al promedio de 24% en América Latina-, mientras que en Chile los costos logísticos son solo del 15% del valor del producto; y en Brasil y México son de 26% y 20%, respectivamente. En tanto que en países de la OCDE es alrededor del 9%.
El representante de los industriales señaló que transparentar los costos que asumen los dueños de la carga y la modernización de los procedimientos, son eslabones esenciales en la eficiencia de la cadena logística internacional y en la facilitación del comercio. “Sin uno o el otro no hay manera que nuestro sector de comercio exterior pueda sobrevivir a este círculo vicioso creado a lo largo de los años por los sobrecostos logísticos”, aseguró.
En ese sentido, Márquez dijo que la principal norma emitida en los últimos años a favor de la cadena logística de comercio exterior es el DL 1492, el cual -dijo- se sustenta en dos principios: “el que contrata, paga” y “todos los procesos (públicos y privados) son virtuales”. Es decir, el usuario deberá pagar todo aquello que está en el documento de transporte, más no por aquellos recargos que -como se hace en la práctica actual- el transportista o su agente les exija como condición para retirar su carga; y, el segundo principio se refiere a la digitalización de los procesos del sector público y privado, que además de garantizar la continuidad de la cadena logística y actividades conexas, busca salvaguardar la salud no solo de los funcionarios públicos y no sólo de los operarios de las empresas dueñas de la carga, sino también de los colaboradores de las navieras, almacenes y otros operadores, que día a día ponen en riesgo su salud para atender en ventanilla, oficina o campo, según sea el caso.
“Pedimos al Congreso que nos ayude a defender esta norma tan necesaria para la competitividad el país, y que no sea derogada debido a intereses que buscan mantener la obsoleta estructura vertical de mercado de los servicios logísticos marítimos”, concluyó Márquez.
