Se enfrentería a la anemia y desnutrición infantil
Ante los resultados de la Encuesta Demográfica y Salud Familiar – 2014 que revelaron que más de un millón 25 mil niños padecen de anemia y 420 mil presentan desnutrición crónica, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima, consideró que es urgente implementar una política de seguridad alimentaria que asegure nuestro capital humano, factor determinante de la productividad en la economía de un país.
«Para implementar una política de Seguridad Alimentaria se debe tener en cuenta los distintos aspectos sociales, económicos y ambientales. Además al ser una política de Estado demanda la fortaleza institucional para garantizar una coordinación entre las distintas entidades públicas al momento de aplicar las políticas sectoriales», señaló hoyCésar Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP.
Se debe tener en cuenta que a pesar que el país mejoró en el índice de Seguridad Alimentaria Global publicado por The Economist, ubicándolo en el puesto 54 entre 109 países, aún tiene principales retos que cumplir como: incrementar la suficiencia de la oferta de alimentos, reducir la pérdida de alimentos antes del consumo de cultivos , ganado y pescado.
Para el Instituto es claro que no se trata de que el país produzca todos los alimentos que se necesitan sino, por el contrario, que se construya una oferta suficiente como resultado de sus posibilidades de producción, el stock disponible y su relación con el comercio exterior.
«Las principales restricciones a una mayor disponibilidad de alimentos provienen de la baja productividad agrícola así como de la existencia de minifundios que no permiten alcanzar importantes volúmenes de producción», aseguró Peñaranda.
Asimismo, el IEDEP señala que se requiere del diseño de políticas para que la población acceda a los alimentos, sobre todo los de menores ingresos. Pero destaca que para mejorar la productividad agrícola, que es un elemento clave, primero se deberá superar las existentes barreras institucionales.
Además Peñaranda refiere que para lograr el interés de la inversión privada en la agricultura es necesario establecer marcos jurídicos eficaces para reconocer y formalizar los derechos sobre la tierra, para fortalecer el desarrollo de los pequeños productores e incentivar esfuerzos para una mayor innovación.
Finalmente, la inversión pública dirigida a infraestructura agrícola (transporte, energía y almacenamiento) a través de las Asociaciones Público Privadas (APP) pueden crear las condiciones para acelerar la presencia del sector privado en otros componentes de las cadenas de valor agrícolas.
