Por Humberto Campodónico
Los documentos enviados en el 2005 por la Embajada de los EE. UU. en Lima a Washington —acerca de una reunión entre los embajadores de los EE. UU., Reino Unido y funcionarios de las embajadas de Canadá, Suiza y Sudáfrica, con los representantes de las empresas mineras de esos países que operan en el Perú— tienen una importancia crucial pues revelan la trama secreta de las relaciones entre el poder económico internacional (las transnacionales) y el poder político de sus países (los embajadores).
Un cuarto actor es la sociedad civil, a través de las ONG, internacionales (Oxfam, Amigos de la Tierra) y peruanas, los partidos políticos (Patria Roja), los sindicatos (SUTEP) y las rondas campesinas (1). Es importante notar que para las empresas mineras “siempre los problemas vienen de afuera”; los campesinos son azuzados por “los políticos”; existen intereses del narcotráfico (cultivadores de opio) para que no haya actividad minera, etc.
Los “wikileaks” hacen explícito lo obvio: las embajadas defienden sus intereses nacionales. Por tanto, desnudan ante los ciudadanos de a pie que el capital “sí tiene patria” y que siguen existiendo “intereses estratégicos nacionales”, lo que quieren ocultar quienes plantean que “salvo la inversión, todo es ilusión”: por eso, ésta puede venir de donde sea y donde quiera, con todos los beneficios que le dan los “contratos-ley” blindados por la Constitución de 1993.
Si bien los embajadores le dan el apoyo general a sus empresas, tampoco se tragan todo lo que les cuentan: piden los nombres de los “malos profesores” y dicen que, ya antes, los empresarios les han dicho “de manera poco convincente que los narcotraficantes están detrás de la oposición a las actividades mineras, en un esfuerzo por conseguir nuestra ayuda”. Ojo, pestaña y ceja.
Pero la verdad monda y lironda es que existe documentación fehaciente sobre las agresiones policiales en Majaz, detrás de las cuales estuvieron funcionarios de Monterrico Metals (MM, antes que la vendieran a la china Zijin). Recordemos que el ex Embajador del Reino Unido Richard Ralph fue Presidente Ejecutivo de MM en el 2006 y 2007 (El Embajador y las malas prácticas, www.cristaldemira.com, 17/11/08). También, que la Asamblea de Accionistas de Newmont en los EE. UU. se autocriticó sobre la actuación de Yanacocha en Cerro Quilish en el 2004.
¿Qué nuevas reuniones se estarán llevando a cabo hoy? ¿No habrá un nuevo “wikileak” que nos cuente por qué se demora tanto la renegociación para que el Lote 88 de Camisea se destine íntegramente al mercado interno?
¿Acaso los embajadores de las empresas que conforman Perú LNG (EE. UU. por Hunt Oil, empresa de la cual, una vez más, PPK fue asesor entre su entrada y salida de los ministerios, bajo Toledo; España, por Repsol, Corea por SK y Japón por Marubeni) habrán hablado con el Presidente de Perupetro (o alguien más arriba) para que se acepte la inadmisible prórroga de 60 días adicionales?
Puede ser que algún día lo sepamos. Pero no queda duda que el poder económico influencia al poder político mediante negociaciones secretas inadmisibles, pero que el gobierno acepta. En el Perú ese poder económico quiere perpetuar la permanencia de las industrias extractivas y del modelo primario exportador. No debemos permitirlo.
(1) No uso mi columna para fines personales, pero en este caso no puedo dejar de mencionar que estos temas son ampliamente abordados en el libro de Francisco Durand y este columnista: “Poder Empresarial y Sociedad Civil en Sudamérica, Entre el diálogo y el enfrentamiento”, ALOP, Cedal, DESCO, Oxfam, Lima, 2010.
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