El exjuez español, Baltasar Garzón, quien dirige la defensa del fundador del portal de filtraciones WikiLeaks, Julián Assange, denunció la connivencia de Google con la justicia de Estados Unidos, porque en abril de 2012 el gigante informático entregó a pedido del juez John Anderson de Virginia, todos los correos electrónicos de tres altos cargos de la célebre plataforma de información. Al calor de la conferencia de prensa en Ginebra para presentar la denuncia, el jurista español se refirió también en la presente entrevista a la negativa de su país a investigar los crímenes de la guerra civil y el “franquismo” (1936-1975). A su vez se pronunció sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman en Argentina, y los atentados del terrorismo islamista en París.
P. ¿Cómo resume el problema que enfrenta WikiLeaks?
R. WikiLeaks es un medio de comunicación que ha sido abordado en una investigación que desde mi punto de vista es claramente una persecución política. En esa investigación se ha solicitado de forma arbitraria una información de Google, consistente en todos los correos, contactos, borradores, meta data y demás datos asociados de tres miembros de WikiLeaks sin ningún tipo de garantías. No sabemos para qué, y así ha sido desde abril de 2012 hacia atrás. Y lo que estamos ahora conociendo (hace un mes que esta situación se nos fue notificada), es ver qué acciones se pueden tomar contra quienes han violentado de esa forma el derecho a la privacidad y la indefensión jurídica en que los han dejado.
P. ¿Podría abreviar sus críticas a la justicia de Estados Unidos?
R. Resulta totalmente arbitrario, cuando no ilícito, y así se planteará, la obtención de estos documentos, que, desde ahora nosotros impugnamos, y consideramos que contaminan todo el procedimiento contra WikiLeaks y contra las personas vinculadas a WikiLeaks. La generalidad con la que se han pedido todos los documentos es absolutamente desmedida y en ningún sistema de derecho, Estado de Derecho, es aceptable, y mucho menos en Estados Unidos, y contradice claramente su Cuarta Enmienda de la Constitución. Es absolutamente inaceptable el procedimiento que se está llevando adelante contra Julián Assange, WikiLeaks y todos los que pasen por allí, sometiéndolo a un proceso absolutamente general, prospectivo y que no tiene consistencia jurídica, sino una clara persecución política.
P. ¿Y el rol de Google?
R. Google tenía que haberse opuesto a esa reclamación exorbitante y precisamente, y una vez que comprobemos que no ha sido así, ya estamos estudiando mi propuesta: la posibilidad de ejercitar acciones legales contra Google y contra el propio fiscal norteamericano que ha desencadenado esa investigación.
P. ¿No le parece que todo lo que Ud. denuncia se agrava porque hay periodistas en peligro, ya que está el tema de la libertad de expresión de por medio?
R. Absolutamente. Todos tenemos derecho a nuestra intimidad, sin lugar a dudas. Pero además si lo que se busca es localizar elementos probatorios en contra de unos periodistas que lo que han hecho es informar, te encuentras con que se está produciendo una subversión de valores, es decir se está persiguiendo la libertad de información, la libertad de prensa en aras a justificar una ineficacia, o una acción exorbitante cuando no ilegal de los propios servicios de inteligencia. Eso es lo que dicen los relatores de la ONU y de la OEA, “No, mire, es que eso no es así, esa información es de dominio particular y del público no de la seguridad nacional, por tanto Ustedes no pueden perseguir eso”.
P. ¿Qué norma aplicaron?
R. La ley de almacenamiento de datos electrónicos obliga a las empresas a entregar esa información, pero te puedes oponer, puedes recurrir, y decirle “Mire, yo no puedo entregar esto”, te van a decir, “Si, si, entréguelo”, pero bueno pues entonces “yo le recurro a Usted esta decisión”. Te dirán, “Usted no puede hablar con sus clientes”. Le responderás, “yo entiendo que sí”. Replicaran, claro, pues “si Usted habla con ellos yo le abro un procedimiento por violación del secreto sumarial”. Entonces tendrás que plantear esa situación ante quien tiene que decidir si eso es así o no, porque lo que ocurre es que a mí me estas abriendo una investigación prospectiva y general.
P. ¿Quién le dio la orden a Google de entregar los mails de WikiLeaks?
R. El tribunal así lo ha ordenado. Desconocemos lo que han hecho. El fiscal que está investigando, no sabemos si es en el mismo procedimiento general contra WikiLeaks o en otro; como afecta a derechos fundamentales, de privacidad, pues entonces pidió una autorización al juez federal John Andersen, y este con vista a lo que le alegaron, pero no dice qué, dice “OK se accede”. Pero no le dijeron “no sabemos”, no le dijeron, “necesitamos de esta fecha a esta fecha”, o “necesitamos esta parte exclusivamente”. O, “esta persona y esta”. Sino aparentemente todo hasta, no sabemos hasta qué, pero si hasta mediados de 2012, o sea desde 22 de marzo de 2012, hacia atrás.
P. Si lo sucedido contamina todo el procedimiento, ¿no podrán Ustedes pedir la nulidad de las diligencias?
R. Si, cuando nos dejen estar. De momento no sabemos ni lo que hay. Porque solo con base a algunas informaciones, algunos datos que aparecieron en el juicio de Chelsea Manning (nombre de la persona que fue presunta fuente de WikiLeaks en ciertas revelaciones), y alguna respuesta aislada de la fiscalía, nos vamos enterando como hay algún procedimiento pero no sabemos ni hechos ni nada, La primera vez que supimos que hay delitos que apuntan a Joseph (Farrel, editor-jefe ), a Sarah (Harrison, editora de investigación de WikiLeaks) y a Kristinn (Hrafnsson, portavoz de WikiLeaks), son los que se mencionan (en la orden del juez a Google), que son fraude informático, conspiración para el espionaje, espionaje, conspiración, en fin, un catálogo muy amplio que cuando eso se hace así es porque no tienen claro ninguno de ellos.
P. Sumados esos delitos entrañan el riesgo de 45 años de cárcel. ¿Cuáles serán las medidas que requerirán Ustedes para defenderse?
R. Vamos a pedir toda la información en función de lo que contesten. Si no contestaran se les reclamará judicialmente para que contesten. ¿Dónde se va a hacer esa petición? Serán ellos (los afectados de WikiLeaks) los que tengan que decidir, pero hay ciudadanos que son europeos, (dos de los tres mencionados) y ellos han utilizado ese mecanismo de comunicación desde Europa, por tanto, se puede plantear aquí en el seno de la Unión Europea, y en tribunales europeos, que no necesariamente son los mismos que los tribunales norteamericanos.
P. Por otra parte, continúan las recomendaciones en la ONU para que España investigue las desapariciones de las “guerra civil” y el “franquismo”. Hace pocos días la exhortaron varios países en el Examen Periódico Universal” (EPU) de España. Fue una de las causales de su suspensión como juez…
R. Le han vuelto a decir a España que atienda a las víctimas del “franquismo”. La existencia de 150 mil personas desaparecidas desde 1936 hasta el final del “franquismo” es inaceptable que no tengan una respuesta. Y no la están teniendo, ni en la aplicación de la ley de la Memoria Histórica, ni desde la Justicia, ni desde ningún instrumento que precisamente obligan nacional e internacionalmente a España. El gobierno ha tomado esa decisión. Es un gobierno conservador, que lo que menos piensa es, desde luego, en las víctimas del “franquismo”. Estamos pidiendo, insistiendo, y vamos a seguir.
P. El gobierno pretende que los hechos son anteriores al nacimiento de los instrumentos vinculantes de la ONU, que no se aplicarían para estos casos.
R. Yo creo que quien haga esa afirmación no está demasiado al tanto de lo que sucedió a partir de 1899 en Europa y en el mundo con la cláusula Martens, la Convención de La Haya de 1907, el Tratado de Versalles (1919), el Tratado de Sèbres (1920), la Declaración de Londres de 1928 y así sucesivamente hasta el día de hoy. Hay una continuidad, hay un derecho internacional convencional, que es obligatorio: se ha consolidado a lo largo de todos esos tiempos la necesidad y obligación de proteger a las víctimas. Y en este caso estamos hablando de crímenes permanentes. Crímenes permanentes significa que hasta que no haya una investigación efectiva, se consiga o no se consiga saber dónde están los restos, no se puede hablar de justicia y reparación, mucho menos de verdad. Por tanto, lo que se le pide a España es que cumpla esos parámetros y que haga lo necesario, si no es posible la justicia, porque no se haya viable, porque no existan victimarios, hay un mecanismo de comisión de la verdad, por ejemplo, y hay un mecanismo de reparación efectiva consistente no solo en las indemnizaciones económicas, como groseramente se les trata de imputar (a los que reclaman), sino en la búsqueda efectiva del paradero de las víctimas, y por tanto, saber lo que ha ocurrido para que a futuro le demos un contenido a la memoria de futuro, que no vuelva a suceder. Esa es la idea. No creo que sea tan difícil entenderlo. Si no lo entienden es porque no quieren. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
P. ¿Lo que ha ocurrido en Grecia con la victoria de Syriza puede influenciar en España con “Podemos”?
R. No lo sé. Seremos los españoles y las españolas los que tengamos que decidir lo que va a suceder con nosotros. En cualquier caso ojala que cambiemos al gobierno actual, que ya ha hecho demasiadas cosas que no han sido favorables para el pueblo español. De “Podemos” no me siento ni cercano ni no. Su labor es muy positiva. Han entrado en un escenario político importante. Y eso ha cambiado el panorama y creo que lo va a cambiar más. Es beneficioso para el pueblo español, ver como se reconfigura el espacio y se nos ofrecen soluciones, que es lo que tratamos…
P. ¿Cuál es su percepción sobre la muerte de fiscal Alberto Nisman en la Argentina?
R. Es necesario hacer una investigación independiente, rápida, con todas las garantías, para que se clarifiquen las circunstancias de la muerte del fiscal Nisman, bien sea suicidio, bien sea muerte violenta, o asesinato, no lo sabemos, y creo que tiene que ser un juicio prudente, en todo caso hay que llegar hasta las últimas consecuencias. No creo para nada que el gobierno argentino esté detrás de todo, sino que está haciendo todo lo necesario para que se esclarezcan los hechos. Se han desclasificado los documentos, y al fin y al cabo quien más sale perdiendo con toda esta situación es precisamente las personas que salían mencionadas del gobierno en esa investigación del fiscal Nisman.
P. La justicia ordinaria está investigando, ¿es suficiente o hace falta un tribunal internacional?
R. No, para nada. La justicia ordinaria está investigando, la fiscal está adelantando su investigación, debe ser así, y yo creo que en beneficio de todas y todos los argentinos, de las instituciones y del mundo entero, esa investigación tiene que ser independiente, rápida, ágil, y estoy seguro lo va a ser, y debe ser…
P. ¿Eso lo garantiza la justicia ordinaria en la Argentina?
R. Debería de garantizarlo. Yo creo que se puede, con la participación de todas las partes afectadas, se puede conseguir, claro que sí, se debe conseguir.
P. ¿Cuáles son las lecciones de los atentados de París para enfocar la lucha contra el terrorismo islamista?
R. Muchas veces el terrorismo internacional, el terrorismo global, no se enfoca sino exclusivamente para acabar con los efectos del mismo, es decir con la acción violenta, pero yo creo que para luchar contra un fenómeno universal hay que utilizar primero, no solo los medios universales y al alcance de todas y cada una de las legislaciones, sino profundizar en las causas. Ver cuál es la situación y las razones en las zonas de conflicto para que este fenómeno se produzca, desarrollar mecanismos culturales, económicos, políticos, diplomáticos y no solamente acciones de guerra. Y en el ámbito que me es propio pues conseguir una efectiva coordinación y cooperación sin fronteras para un fenómeno sin fronteras.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
http://www.juangasparini.com/
