Jorge Medina Méndez: “La transparencia es el antídoto contra la corrupción”

El presidente de Proética, Jorge Medina, analiza la situación de la lucha anticorrupción en nuestro país. Medina, contador de profesión, esperaba que en el mensaje presidencial el mandatario expresara su enérgica convicción en la lucha anticorrupción.

La Fiscalía de la Nación criticó que en el mensaje del 28 de julio el presidente no hiciera un pronunciamiento sobre la lucha anticorrupción. ¿Como miembro de Proética considera que fue una omisión?

– Creo que sí, faltaron temas concretos y cómo atacarlos. No hay el liderazgo ni la energía necesarios respecto a políticas públicas para combatir la corrupción por parte del gobierno. No digo que no haya el deseo. Una cosa es no querer combatir la corrupción y otro no saber o todavía no encontrar el camino. Estamos más cerca de lo segundo. Los ciudadanos le piden al gobierno y al Congreso que ataquen este problema, unido a ello está la inseguridad ciudadana. La corrupción es el resultado de otros males y no la causa, como el mal ejercicio de la política, el sistema electoral que lo permite y otros.

¿En la Comisión Anticorrupción (CAN), que integra Proética, se plantean estos temas?

– Es una iniciativa muy interesante, pero no funciona como se esperaría.

¿Es una entelequia entonces?

– No tiene el presupuesto necesario ni la estructura administrativa que haga que esto funcione, aunque están todos los poderes del Estado. Cuenta con una secretaría general pero no ha estado funcionando bien. Tampoco tiene iniciativa legislativa. Se reúne muy poco y no tiene cosas concretas. Podría funcionar.

Sin embargo, separaron al ex contralor de la CAN.

– No fue la primera vez, hace tres años nosotros separamos al ex fiscal Ramos Heredia. Con el ex contralor, Proética pidió que se inhiba de asistir hasta que se aclarara su situación.

¿Fue un adelanto de opinión?

– No, fue el ejercicio de un liderazgo claro.

El ex contralor dijo que descargó las observaciones en su presentación en el Congreso. Mencionó que vendió ocho carros en cuatro años entre él y su esposa.

– Están las evidencias, realizó actividades prohibidas, empresariales. No resiste mucho análisis lo de la flota vehicular familiar. Las grabaciones que le imputaron no están demostradas. Pero no reveló sus actividades en su declaración jurada.

El actual contralor tiene una denuncia fiscal por colusión que aún no se resuelve.

– No conozco el caso. No puedo opinar. No sé si son comparables las denuncias. El ex contralor realizó actividades empresariales. Alguien con una investigación fiscal es inocente hasta que no se pruebe lo contrario.

¿Cómo lee usted el caso Lava Jato?

– Lava Jato es la manifestación de una relación perversa en el mal ejercicio de la política y de los negocios. Ocurre en ambientes donde no hay instituciones fuertes.

En toda América Latina.

– En algunos países con mayor énfasis que en otros. Se manifiesta porque Odebrecht se declara culpable en EE.UU. Si no se hubiera descubierto, qué habría pasado. El problema es lo que causa Lava Jato. ¿Por qué no ocurre en todo el mundo? Porque las instituciones funcionan.

Con la Interoceánica, Contraloría advirtió al gobierno de Toledo que no se podía contratar con Odebrecht y este emitió una disposición legal que superaba eso.

– ¿La Interoceánica era la obra más urgente? El problema es que el país no tiene un plan de infraestructura coordinado, predecible, por ejemplo en el Acuerdo Nacional, donde los peruanos digan: estas son las obras que necesitamos.

¿En qué país el Acuerdo Nacional propone obras de infraestructura? Es el Ejecutivo.

– Puede hacerlo, pero debe tener un plan de infraestructura de largo plazo. Es una de las medidas que recomendamos en la Comisión Presidencial de Integridad (CPI).

¿Lo practica este gobierno?

– No. Propusimos cien medidas, el 30% las implementó con mayor o menor éxito el Ejecutivo, el resto corresponde al Congreso, lo más importante, las reformas.

De ese 30%, ¿qué es lo más destacable?

– Recomendamos la Autoridad Autónoma para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Desafortunadamente se incluyó en la estructura del Ministerio de Justicia, restándole autonomía. Si uno pide información pública y no se la dan, es ilegal, es importantísima. Otro punto importante fue la muerte civil y la declaración jurada de intereses. El presidente, los ministros y algunos congresistas la presentaron hasta el 31 de enero.

¿Se consignó por ejemplo que la hermana del premier trabaja en la empresa de Chinchero?

– No lo sé. Pero es una medida importante porque se puede ver si hay conflicto de intereses en lo que se está normando.

La actual ministra del Midis tiene una denuncia penal de Contraloría por el tema Chinchero, ¿fue prudente nombrarla?

– Sin duda es un tema que hay que ver con cuidado. Como dice el apóstol Pablo, “no todo lo lícito es provechoso”. Pese a ello tiene cualidades, no necesariamente es lo mejor para el interés del país. Las consecuencias y efectos que producen su nombramiento probablemente distraen y no conviene estar centrado en esto cuando se puede tener otros profesionales de igual experiencia y valía. La hermana del premier ya trabajaba años en Kuntur Wasi, ¿le dices que tiene renunciar? Hay que ser cuidadoso y respetar derechos. Creo que la discusión no va por ese lado, sino si el contrato era conveniente para el Estado.

Se luchó tanto por la adenda al contrato y al final este se canceló.

– Ha sido un manejo lamentable.

Se le dio la razón al Congreso y a Contraloría, esta recomendó volver al contrato original y negociar, cancelando la adenda.

– El manejo del caso Chinchero fue desacertado, innecesariamente cruento, dos ministros fuera del gabinete. Esperemos que el gobierno aprenda de estas lecciones.

¿Hay transparencia en los actos y decisiones de este gobierno? ¿Observa conflicto de intereses?

– Es una pregunta muy amplia difícil de contestar con un sí o un no. Creo que el Estado peruano no funciona de forma transparente. La transparencia es el principal antídoto contra la corrupción. Las instituciones públicas deben rendir cuentas, incluida la Contraloría, quién la controla, ojalá se reforme el sistema.

Cada gobierno reforma.

– Le corresponde al Congreso. El contralor tiene razón en reformar su institución. ¿Cuáles son los casos de corrupción detectados por Contraloría?

En 2004, la Contraloría alertó sobre Odebrecht, en la gestión de Matute se emitieron informes sobre Línea 2, Chinchero, Panamericanos, Línea Amarilla.

– En los casos de megacorrupción que hemos visto en las regiones, Contraloría no estuvo. Las reformas de administración de justicia están en manos del Congreso.

Pero este no gobierna, el Ejecutivo propone al Congreso.

– Es función del Congreso legislar y fiscalizar. El Ejecutivo ejecuta la ley. El Consejo Nacional de la Magistratura requiere resolver los problemas que tiene. El proyecto presentado por el presidente el 28 de julio es un despropósito. Logra injerencia política en la administración de justicia.

¿Está mal asesorado?

– Habrá que preguntárselo a ellos. La Constitución permite 9 miembros en el CNM. Hay dos ausentes actualmente, el sector productivo y algún representante de los trabajadores. Se debe reformar la elección de los consejeros. Probablemente, con respeto, un odontólogo no tendrá las mismas capacidades que un abogado o un sociólogo. Debe existir un concurso de méritos. Y si es elección por colegios profesionales, que participe el JNE para darle transparencia. Si un gobierno tiene mayoría en el Congreso, ya sabemos que sería el CNM, se le entregaría al régimen de turno la administración de la justicia. Lo bueno es que este proyecto ha abierto un espacio de discusión a otro nivel. No creo que la ciudadanía va a aceptar cualquier reforma. El proyecto del Ejecutivo borra a la sociedad civil, no creo que prospere.

Usted es contador, ¿cómo funcionó la corrupción de Lava Jato, la modalidad fue bien pensada, qué le indica?

– Es el mal ejercicio del poder que no tiene un contrapeso en las instituciones.

¿Pero cuál es la llave del ‘éxito’ de esta corrupción? Crear una contabilidad paralela, apuntar a la infraestructura.

– Se nos pasó a todos. O no vimos o no quisimos ver. En el mundo de los negocios, académico, acaso no se decía que Odebrecht y algunas otras empresas brasileñas eran unos zamarros y tramposos. Qué falló, la sanción social. No todos iban a los cócteles y reuniones de Odebrecht, y aunque tarde, algunas organizaciones las rechazaron.

Oiga, periodistas, candidatos, funcionarios se relacionaron con Odebrecht.

– Por eso necesitamos sanción moral, social.

¿Se fraguó la mecánica de corrupción de Odebrecht con la Interoceánica? El gobierno de Toledo en su mayoría se plegó para sacar adelante el proyecto.

– No sé si las malas prácticas de Odebrecht comenzaron antes.

Por lo que sabemos, arrancó con la Interoceánica, se movilizó al Ejecutivo.

– La pregunta que habría que hacer es si los estudios de prefactibilidad ameritaban realizar la Interoceánica. No se hicieron y hoy tampoco se hacen, pese a que indican la viabilidad del proyecto. Hasta hoy hay mucho apuro y al final vienen las adendas. Estas no deberían ser un sinónimo de corrupción. Lo que tenemos que lograr es que estén plenamente justificadas gracias a que hay un buen estudio de prefactibilidad.

La respuesta de este gobierno al caso Odebrecht fue el decreto 003. ¿Es adecuado?

– Probablemente mejor tenerlo que no. Si su ejecución origina cortar la cadena de pagos, entonces tenemos un problema. Cuando ve las discusiones sobre las ex procuradoras que impiden la venta de Olmos y no se puede conseguir dinero para pagar, lo que se tiene que lograr es que este dispositivo salvaguarde el pago de las compensaciones.

¿Qué detuvo la ex procuradora Katerine Ampuero? Ella pidió la inhibición del 30% de una de las empresas de Odebrecht y la medida cautelar se podía levantar cuando la empresa tuviera una venta real.

– No conozco en detalle el caso de las procuradoras. Hay una ruptura de cadena de pagos en Olmos.

Antes de que se pidiera la inhibición, ¿qué se cautela, la cadena de pagos o los intereses del Estado?

– Por supuesto cautelar sus intereses, pero también velar por los trabajadores.

El decreto 003 estipula que quien cobra es el Estado, se crea un fideicomiso.

– Probablemente las cosas se pueden mejorar. En concreto se podría tomar la administración de Olmos y que las obras no se paralicen.

Eso no le corresponde a las ex procuradoras si no al gobierno. ¿Su expectoración fue ponderada?

– No ha sido el mejor manejo.

¿La salida de las procuradoras está justificada?

– Difícil darle una opinión porque no conozco los detalles. La comunicación no ha sido buena. La Procuraduría y la Fiscalía deben trabajar de manera coordinada, dejar el secretismo, debe haber mayor información.

¿La Comisión Anticorrupción no exige a la Fiscalía conocer el acuerdo con Odebrecht?

– Varios miembros se lo han pedido al fiscal de la Nación, pero este alude a la reserva de la investigación. Es un error, hay ciertas cosas que deberían saberse sin entorpecer.

En su opinión, ¿Olmos está en venta? Lo desconocían las procuradoras y la ministra.

– No lo sé.

¿Las ex procuradoras cumplían con su labor de defender al Estado?

– No le puedo dar todos los detalles, me encantaría opinar, el manejo no ha sido bueno. Y no avanzamos en las cosas. El nuevo procurador trabajará en las misma condiciones, supongo tendrá la misma autonomía. Si el gobierno protege el interés del Estado y al mismo tiempo no perjudica la cadena de pagos, esa es la solución. Odebrecht ha cometido corrupción.

Siempre y cuando haya una venta, de momento es un fantasma.

– Habrá que decir cómo son las cosas.

Lo absurdo es que las dos ex procuradoras ‘pagaron pato’. ¿Hay transparencia?

– Hay un manejo inadecuado.

¿Le parece normal que de 54 empresas que tiene Odebrecht en Perú solo esté encausada judicialmente una, la de la Interoceánica?

– Es extraño, debe tener una explicación, no la conozco.

Según el economista Juan Mendoza, sería mejor establecer un monto total de reparación civil. Panamá estableció US$220 millones.

– Eso debe tener un sustento. Hay que ver qué ocurre en otras latitudes. No tenemos cuantificado el daño.

Le corresponde al Ejecutivo ponderarlo. ¿Por qué no lo hace?

– Si le corresponde, no sé por qué no lo hace. En función del daño se establece la reparación que debe ser cobrable. Por lo menos no es público que el gobierno esté actuando en ese sentido.

¿Le sorprende que la Fiscalía no haya involucrado en su investigación a empresas nacionales relacionadas con Odebrecht?

– Entiendo que sí están investigándolas, es un manejo reservado.

La ex procuradora Ampuero lo pidió pero no prosperó.

– Es cierto. Yo creo que las investigaciones deben ser absolutas y a todos.

¿La salida de las ex procuradoras evidencia una falta de voluntad de luchar contra la corrupción?

– No puedo hablar de la voluntad, tendría que ver qué hay dentro de la cabeza de los líderes del gobierno. No me quiero circunscribir a la salida de las procuradoras. No es el evento más importante, lo crucial es que no estamos yendo a las causas. Hubiera esperado del mensaje del presidente una reforma del financiamiento electoral y otras más. Hubo una omisión, el presidente debe encarnar el combate de la lucha contra la corrupción. Ponerle tanta energía como lo hace con el tema del agua.

¿Proética considera que la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia fue incorrecta o precipitada?

– Para mí la medida fue adecuada. Pienso que hay una serie de indicios para investigar a Humala-Heredia. El fiscal debió ya hacer la acusación.

¿Por qué Proética no se pronuncia sobre este caso, no le corresponde?

– Hemos hecho pronunciamientos sobre políticas públicas. La decisión del juez fue valiente, había indicios, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el pasaporte italiano, en fin. No queremos otro Toledo.

¿La Refinería de Talara requiere una auditoría? El monto se infla y se infla.

– Esta y otras obras elefantiásicas de infraestructura requieren una auditoría y decisión contundentes. Los expertos señalan que Talara no es necesaria y es cara, US$5,400 millones. La pregunta que usted se hace nos la planteamos muchos peruanos: ¿por qué seguimos con esto?

¿No puede exigir esto la Comisión Anticorrupción?

– En la Comisión Presidencial lo planteamos en general. Pero el país requiere una explicación contundente de por qué se realiza una obra como Talara, que tiene tantos cuestionamientos.

¿Por qué la pasividad del gobierno sobre este tema?

– No lo sé. Al inicio del gobierno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo la oportunidad de parar los Juegos Panamericanos, que no redituarán al país. No pinta bien.

Datos

Jorge Medina Méndez ha sido presidente del Comité de Transparencia e Integridad Empresarial del Directorio de Perú 2021.

Asimismo, se desempeñó como presidente del Instituto Peruano de Auditores Independientes (IPAI) y fue miembro de los consejos Directivo y Ejecutivo de la Confiep, entre otros gremios profesionales y empresariales.

Actualmente es presidente de Proética. Además, es miembro de la Asamblea de la Asociación Civil Transparencia y del Directorio de Endeavor Perú.

Fuente Perú21, 06.08.2017