Jorge Manco Zaconetti
El fracaso del proceso privatizador en el sector de hidrocarburos tiene varios indicadores contundentes. El primero es la pertinaz tendencia a la caída de la producción de petróleo sobre todo en la selva nororiental, donde no se explotan las reservas probadas, probables y posibles del lote 192 antes 1-AB y del lote 8 que fue abandonado por la empresa argentina Pluspetrol Norte, sin remediar los pasivos ambientales.
Allí la absoluta responsabilidad es de PerúPetro empresa estatal de promover las inversiones y los contratos de hidrocarburos, pues desde el 2015 habiéndose retirado Pluspetrol Norte de las operaciones por el vencimiento del contrato, por un sesgo privatizador
prácticamente se demoró más de ocho años en transferir dicho lote a PetroPerú, que finalmente será socio minoritario de la canadiense Altamesa por mandato legal; una empresa privada que no acredita producción de petróleo a nivel internacional, pero que tiene el compromiso de hacer importantes inversiones en el lote 192 para levantar la producción que en los primeros años puede sumar los 12 mil barriles diarios, y explotar las reservas probadas superiores a los 120 millones de barriles, que son las más importantes del país. Este es un lote que ha sido desmantelado, depredado y donde habrá que realizar fuertes inversiones que debieran ser correctamente valorizadas.
La producción actual de petróleo a nivel país han disminuido a límites históricos por debajo de los 40 mil barriles diarios, cuando antes de la privatización en 1995 la producción diaria era de 125 mil barriles diarios. La mentira oficial fue promover la privatización de PetroPerú para fomentar las inversiones privadas que serían la panacea, para levantar la producción interna de crudo. ¡Nada de esto se ha cumplido!
Si no fuera por la producción del lote 95 de un crudo pesado de la empresa Petrotal que se valoriza como un crudo Brent en un contrato asimétrico con PetroPerú, la realidad sería más penosa. Donde la petrolera privada está trasladando el crudo extraído más de 18 mil barriles diarios en barcazas, para sacarlo por el Río Amazonas y venderlo a mercado externos, pues el precio internacional de más de US $ 80 dólares el barril lo permite.
En tal sentido ha sido y es una responsabilidad de PerúPetro promover las inversiones y la actividad exploratoria en las diversas cuencas petrolíferas, ello no ha sido así, y prácticamente la perforación de pozos exploratorios, de riesgo ha sido nula el año pasado, y el promedio de los primeros veinte años del siglo XXI no supera los cinco pozos anuales, cuando Colombia, con el liderazgo de su petrolera estatal Ecopetrol, perfora un promedio de 60 pozos exploratorios al año, a pesar de los regímenes
liberales anteriores al presidente Petro.
Es más, cuando uno revisa las proyecciones optimistas de la producción de crudo para el 2023, 2024 de parte de PerúPetro se estimaba una producción en la selva norte de más de 100 mil barriles diarios, lo cual ha sido una ilusión, pues el papel aguanta todo.
Ahora que se discute el futuro y la reestructuración de PetroPerú, debiera analizarse la situación del Oleoducto Norperuano una obra de ingeniería a nivel mundial que fue construida en el gobierno militar de los setenta del siglo pasado, entrando en operaciones hacia 1977, con una capacidad de transporte de 200 mil barriles diarios, en la parte principal del Oleoducto que llega al puerto de Bayóbar, y que ahora está prácticamente paralizado.
Este activo crítico nacional ha sido perforado tantas veces desde en 2014 por medio de actos delincuenciales en diversos puntos de su extensión para luego chantajear a la empresa con compromisos de remediación ambiental con empleo local para aliviar la pobreza de la población. Esta forma de sobrevivencia se ha convertido en una práctica común tan efectiva que desde 2020 el Oleoducto Norperuano está prácticamente sin operar y PetroPerú la petrolera estatal tiene que gastar en su mantenimiento, supervisión más de US $ 60 millones de dólares anuales, y conservar sus diversas estaciones. Esta realidad constituye un drenaje de recursos que agrava la situación económica financiera de la empresa.
BALANZA COMERCIAL NEGATIVA
La balanza comercial de hidrocarburos es decir la diferencia entre los hidrocarburos (petróleo, gas natural, derivados, nafta) que se exportan menos los hidrocarburos que se importan, es decir que se compran en el exterior, es negativa con tendencia a profundizar
nuestra dependencia de los hidrocarburos importados.
En 1990 cuando Fujimori es ungido presidente con los votos de la izquierda, el Apra, y sectores emergentes temerosos de la propuesta liberal de Mario Vargas Llosa que anunciaba un brutal ajuste fiscal, con un shock de precios, reducción del empleo público y privatización de las empresas públicas, el déficit de la balanza de hidrocarburos era negativo en US $ 52.5 millones de dólares.
A pesar del desastre económico del modelo heterodoxo que impuso Alan García, las exportaciones de petróleo pesado de la selva, algo de gasolinas, y sobre todo del petróleo residual industrial de la Refinería La Pampilla aún bajo responsabilidad de PetroPerú, era de US $ 263 millones de dólares.
En cambio, las importaciones de petróleo para alimentar las refinerías de Talara y La Pampilla en especial bajo operaciones de PetroPerú, que tenía lotes, grifos, filiales rentables como Solgas, envasadora de gas licuado de petróleo (GLP), Transoceánica, empresa responsable del transporte marítimo del petróleo y derivados en los diversos puertos de la costa, y Petromar la filial que operaba el lote Z-2B en el Zócalo Continental.
Hacia 1990 la demanda interna de combustibles era de 90 mil barriles diarios, y había que importar crudo ligero para ser refinado internamente y el diésel 2 que empezaba a desplazar a las gasolinas en las preferencias de los consumidores. El valor de las importaciones era de US $ 315 millones de dólares.
Por tanto, en los inicios del fujimorismo las exportaciones de hidrocarburos eran de US $ 263 millones y las importaciones de US $ 315 millones. Resultado una balanza comercial negativa de US $ 52 millones.
En julio de 1992 después del Golpe del 5 de Abril el gobierno dictatorial decide sin estudios ni análisis la privatización fragmentada de PetroPerú, con los auspicios del Banco Mundial, y se asume que la forma más rápida de vender los activos y filiales de la petrolera estatal era el descuartizamiento de la misma (Informe Booz, Allen Hamilton).
En tal sentido, se afirmaba que la privatización de PetroPerú era necesaria para incrementar la producción interna de hidrocarburos, las reservas de petróleo, y superar el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos que en el año 1995 llegó a los US $ 323 millones en rojo, es decir el déficit se agravó. Y la tendencia negativa se ha profundizado a pesar del discurso oficial.
En verdad, el déficit de la balanza comercial habría sido más grave, si Camisea sobre todo por la explotación del lote 88 que tiene precio regulado entiéndase barato y destinado al mercado interno, no hubiese entrado en operaciones gracias a la intervención del Estado, y diversas facilidades, privilegios y subsidios para que el gas natural de dicho lote llegase a Lima, al City Gate de Lurín a mediados del 2004.
A pesar de ello el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos siguió agravándose, así en 2009, a pesar de la crisis financiera mundial del tercer trimestre, gracias al crecimiento económico que llegó a tasas del 7 %, en gran parte explicado por la demanda
externa y los buenos precios de los productos mineros, el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos fue negativa en US $ 2,471 millones de dólares su máximo histórico, a pesar del efecto Camisea.
Desde 2010, con la entrada en operaciones del lote 56 de Camisea dedicado a la exportación, más las exportaciones del petróleo pesado de la selva norte, los petróleos residuales de La Pampilla, y la nafta de la Planta de Fraccionamiento de Pisco de Pluspetrol,
las ventas al exterior sumaron los US $ 3,263 millones de dólares, gracias a los buenos precios de los hidrocarburos que se derrumbaron a partir de setiembre de 2008.
Sin embargo, las importaciones de petróleo crudo y derivados como el diésel 2 para cubrir el mercado interno, las importaciones en el 2010 fueron negativas en US $ 844 millones. Siendo los principales importadores la transnacional española Repsol y PetroPerú.
A 2023 el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos ha sido negativo en US$ 5,306 millones de dólares como producto de la disparada de los precios internacionales del petróleo en razón de la guerra Rusia y Ucrania y los conflictos del Medio Oriente. Con un mercado interno que se satisface con 260 mil barriles diarios, y una producción interna de 40 mil barriles, se depende de las crecientes importaciones de hidrocarburos.
En una visión de largo plazo, desde el año 1990 a 2023, las exportaciones de hidrocarburos, sobre todo del petróleo pesado de la selva norte, gas natural del lote 56, residuales de refinería La Pampilla entre otros han sumado los US $ 68,971 millones de dólares, que teóricamente son ingresos de las empresas exportadoras.
En cambio, las compras de hidrocarburos, sobre todo de petróleo crudo en razón del fracaso de la privatización del sector, que ha significado una menor producción anual, las importaciones de diésel 2 limpio, y a partir de 2015 de crecientes compras de gas licuado de petróleo (GLP) para abastecer la demanda interna, en la práctica las importaciones de hidrocarburos en el período
1990 al 2023 han sumado los US$ 111 mil millones de dólares, que en última instancia son financiadas con el bolsillo de los sufridos consumidores.
Por tanto, el déficit comercial acumulado de la balanza de hidrocarburos en el período del neoliberalismo económico, bajo los principios de la privatización y “libre comercio” ha significado un saldo negativo de US $ 42 mil millones, en el largo período de 1990 al 2023, lo cual demuestra el fracaso de la privatización de PetroPerú, con una crisis que se agravó con el cierre de la Refinería de Talara desde 2020 al 2023, donde PetroPerú tenía que importar derivados de petróleo, a precios alzados como el diésel 2 limpio para abastecer el mercado, incluso asumiendo pérdidas económicas.
La importación de hidrocarburos por más de US $ 111 mil millones de dólares en el período de las políticas liberales demuestra que no existe en el país una política energética que promueva la seguridad energética, de allí la necesidad de fortalecer la presencia del Estado por medio de una empresa petrolera eficiente, integrada en sus operaciones, ajena a los apetitos de los gobiernos de turno, con un directorio calificado con la autonomía necesaria del poder político. Este debe ser el rumbo que debe seguir PetroPerú como alternativa a una privatización de la gestión al servicio de los grupos económicos y grandes empresas.
Diario Uno, 25.05.2024
