Primera Ministra trabaja para Consorcio Camisea
Rosario Fernández, ex abogada de Perú LNG, es acusada de usar el poder político para favorecer exportación de gas.
La abogada Rosario Fernández Figueroa, actual presidente del Consejo de Ministros y ex ministra de Justicia, es conocida por su vehemencia en el ejercicio privado de la profesión, pero se sabía poco de su cercanía con el Consorcio Camisea. Una denuncia presentada ante la Contraloría General de la República revela que ha utilizado el enorme poder de su cargo para favorecer la cuestionada exportación del gas cusqueño.
Hasta septiembre del año pasado, Fernández ejerció como representante legal de Perú LNG SRL, empresa que exporta el gas de Camisea, y dejó esta ocupación para ocupar por segunda vez el cargo de ministra de Justicia a pedido del presidente García (desde el 15 de septiembre), pero ha mantenido fidelidad a sus ex empleadores, cayendo en evidente conflicto de intereses y tráfico de influencias como lo demuestra la denuncia presentada por la Asociación Proconsumidores del Perú.
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CASO SOSPECHOSO A la fecha, todos los procesos constitucionales dirigidos a cuestionar la exportación de gas han sido sospechosamente direccionados hacia el 9no Juzgado Constitucional de Lima que despacha el juez Juan Fidel Torres Tasso, lo que ha motivado el inicio de una investigación preliminar a cargo de la Oficina de Control de la Magistratura. |
Información privilegiada
Para el presidente de la citada asociación, Jorge Carranza Caballero, no hay ninguna duda de que la titular de la PCM es pieza clave en la gran concertación de intereses que se ha gestado alrededor de la exportación del gas de Camisea, y que ha permitido que este proceso siga adelante a pesar de los cuestionamientos legales a la operación y de la oposición de la población.
Esto explica también por qué, nueve meses después de ser anunciada con bombos y platillos, la reclamada renegociación de los contratos que permiten la salida de este recurso gasífero al exterior, se haya suspendido el pasado 30 de marzo, ante la falta de respuesta del Consorcio.
En su afán de trabajar a favor del grupo de las transnacionales que explotan el gas peruano, la presidente del Consejo de Ministros no ha tenido reparos en infringir la ley. Luego de renunciar al cargo de ministra de Justicia en LA PRIMERA oportunidad en que fue llamada por el actual gobierno, el 12 de julio del año 2009, no esperó a cumplir un año para poder reasumir la práctica privada como expresamente lo señala la Ley ° 27588, que establece las prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores que presten servicios al Estado.
Esta norma precisa que los directores, titulares, “altos funcionarios”, etc. que cumplen función pública o encargos del Estado, no pueden laborar en el ámbito privado como abogados, apoderados, asesores, entre otras modalidades, hasta un año después del cese o culminación de los servicios prestados, bajo cualquier modalidad contractual (Art. 1 y 2).
Sin embargo, el 30 de junio del 2010, Perú LNG SRL, conformada por empresas del Consorcio, presentó un escrito ante el Juzgado Constitucional del Cusco, en el cual delega su representación judicial, entre otros, en la abogada Rosario Fernández F., para responder los diferentes emplazamientos judiciales que surgieron por el tema del gas.
“Esto quiere decir que la ex ministra de Justicia, no esperó un año para pasar a asesorar o patrocinar a la empresa exportadora de gas, infringiendo así la ley que busca evitar que los funcionarios que han tenido acceso a información privilegiada la utilicen a favor de terceros”, señaló Carranza.
Gestiona leyes
Como abogada de Perú LNG, el 7 de septiembre del 2010, Fernández presentó un escrito solicitando que una demanda de amparo (contra la PCM, Ministerio de energía, Perú LNG y otros) presentada por el ciudadano cusqueño Julio Quintanilla Loayza sea acumulada al expediente de la demanda interpuesta por la Asociación Proconsumidores, el mismo que se sigue en Lima, luego que la justicia del Cusco se inhibió irregularmente ante el pedido de Repsol, otra socia del consorcio, y lo trasladó al 9no Juzgado Constitucional de Lima.
La estrategia legal del consorcio, es, entonces, centralizar todos estos procesos constitucionales en la ciudad de Lima, donde evidentemente, las empresas del consorcio, sus abogados, y la actual Ministra de Justicia y titular de la PCM, tendrían un mayor manejo, denuncia el presidente de la Asociación Pro Consumidores del Perú.
Fernández es designada ministra de Justicia, por segunda vez, a los pocos días de dar este paso judicial, el 15 de septiembre. Su afán de centralizar en Lima los procesos constitucionales dirigidos a paralizar la exportación del gas de Camisea, continuó sin embargo y a fines de enero de este año puso a consideración de la Comisión Anticorrupción del Poder Judicial, una propuesta de modificación de los artículos 15° y 51° del Código Procesal Constitucional.
El objeto es, por supuesto, que todas las medidas cautelares que se presenten a nivel nacional, que afecten los servicios públicos y recursos naturales (como el gas de Camisea) sean tramitadas ante juzgados de Lima.
La propuesta fue presentada por Fernández en el Consejo de Ministros (como lo confirman documentos oficiales), y el 3 de febrero último, el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso, con carácter de “urgente”, que apruebe el Proyecto de Ley N° 4655/2010-P, en el cual solicita la modificación de los artículos 15° y 51° del Código Procesal Constitucional.
El proyecto ha sido enviado para su estudio a las Comisiones de Constitución y Reglamento y de Justicia y derechos humanos, y su exposición de motivos argumenta que se da en el país una preocupante incidencia de medidas cautelares derivadas de los procesos de amparo.
Para la entidad denunciante, la actitud interesada de la ex abogada de Perú LNG de tramitar la modificación del Código Constitucional, con el propósito de beneficiar a las empresas del consorcio, acarrea responsabilidad administrativa, pero fundamentalmente penal bajo la modalidad de Tráfico de Influencias sancionada por el Código Penal. Por esta razón la agrupación de consumidores ha solicitado la renuncia de la presidenta del Consejo de Ministros.
El Estado al servicio de una empresa privada
En el segundo gobierno de Alan García, la exportación del gas de Camisea ha sido favorecida, en lugar de ser corregidas las modificaciones que tuvo el contrato de explotación de este recurso en el gobierno de Toledo, y más de un funcionario aprista ha demostrado una abierta parcialización con las empresas del Consorcio Camisea.
En anteriores ediciones, LA PRIMERA ya ha dejado constancia de los esfuerzos del actual ministro de energía y Minas, Pedro Sánchez Gamarra, por demostrar que no hay desabastecimiento de Gas Natural en el país, y por tanto la exportación era factible, lo que lo llevó a sostener que contamos con 15 trillones de pies cúbicos (TCF) “recuperables”, cuando lo real es que hay solamente 8.8 TCF de reservas probadas como corrigieron analistas y especialistas en Hidrocarburos.
La esposa del ministro
Sánchez ejerce el cargo de ministro desde octubre del año 2008, y todo parece indicar que su lealtad con el consorcio fue premiada. Durante su primera gestión como ministra de Justicia, Rosario Fernández no tuvo ningún reparo en designar a la esposa del funcionario en el cargo de Procuradora Pública Especializada Supranacional.
Mediante la Resolución Suprema N° 008-2009-JUS, la ex asesora de Perú LNG y actual presidente de la PCM nombró en este cargo a Delia Muñoz Muñoz, sin tener en cuenta los lazos familiares que la vinculan con el titular de energía y Minas y que podrían interferir en el desempeño futuro de tal encargo.
Sin embargo, este no es el único caso en que la vinculación familiar salta a la vista cuando está de por medio el respaldo del gobierno a las actividades del Consorcio Camisea.
La esposa del ministro de la Producción, Jorge Villasante Araníbar, es sobrina carnal de Dina Meza Monge, quien despacha el Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia del Cusco y quien se inhibió de seguir viendo en su juzgado acciones de amparo en contra del Consorcio luego de acoger un pedido de la empresa Repsol para que tal competencia se traslade a un juzgado de Lima de manera irregular.
Galinka Soledad Meza Salas es hija de Estanislao Meza Monge, hermano de padre y madre de la jueza y esposa de Villasante, conspicuo miembro de este gobierno. En el momento de la inhibición de la jueza Dina Monge Meza, era director ejecutivo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), empresa estatal que es titular de las acciones de Perúpetro, una de las entidades demandadas por la exportación del gas.
Fuentes de este diario refirieron que Villasante interfirió directamente en la decisión del Gobierno Regional del Cusco de apoyar la denuncia contra la exportación del gas.
Otro de los personajes de este gobierno acusado de trabajar a favor de las transnacionales del gas es Daniel Cámac, actual ministro de energía y Minas, quien laboró en el estudio Laub & Quijandría (perteneciente al ex ministro de energía y Minas Jaime Quijandría y al abogado Anthony Laub quien se desempeñó como su asesor legal cuando el primero fue ministro), que tuvo entre sus clientes a Perú LNG, la empresa exportadora de gas.
En gobierno de Toledo
La exportación del gas de Camisea se decidió, cambiando la legislación, durante la presidencia de Alejandro Toledo, cuando era ministro de Estado Pedro Pablo Kuczynski, quien había sido asesor de la Hunt Oil, una de las empresas que integran el Consorcio Camisea.
El ex ministro de energía y Minas, Jaime Quijandría, fue asesor de TGP (Transportadora de Gas del Perú) y como ministro de energía y Minas favoreció al Consorcio Camisea, denunció el ex ministro Carlos Herrera.
David Lemor, ministro de la Producción durante el gobierno de Toledo, ha laborado después como gerente de Relaciones Institucionales de Perú LNG.
La Primera
1 comentario
Analyst
No es raro ahora que muchas empresas extranjeras estan "contratando" a politicos. Esta modalidad es de uso normal en los Estados Unidos ya que asi los politicos favorecen a sus futuros empleadores.
Esto se llama corrupcion porque muchos solo desea terminar trabajando en las grandes empresas sin tener en cosideracion el pueblo peruano.
Sera interesante saber cuantos politicos hay ahora en planillas de estas empresas y como han vendido el pais. Esto sera una buena pregunta para el APRA.