Antecedentes de la guerra con Chile

Por Wilfredo Pérez Ruiz (*)

Coincidiendo con la celebración de las épicas batallas de San Juan y Miraflores (13 y 15 de enero de 1881) -última defensa de la ciudad de Lima- quiero comentar la cronología de episodios que concluyeron en la Guerra del Pacífico. Un capítulo que debemos conocer, estudiar y superar en nuestro destino como nación.

Empecemos evocando que los estados independientes de esta parte del continente aceptaron como fronteras las definidas durante la colonia en 1810. Las repúblicas de Bolivia y Chile se erigieron tomando como límites naturales las audiencias de Charcas y Santiago. Es decir, sus linderos fueron establecidos en el río Salado o Paposo. Los sucesivos regímenes de Santiago de Chile reconocieron en sus constituciones de 1822, 1823, 1828 y 1833 que sus demarcaciones al norte concluían en el desierto de Atacama.  La línea divisoria entre Perú y Bolivia quedó resuelta en el río Loa.

Sin embargo, el descubrimiento del guano motivó la envidia de Chile que procedió a invadir Atacama y, posteriormente, mediante una ley del 31 de octubre de 1842 declara de propiedad estatal sus depósitos de guano luego que una comisión llegó hasta el grado 23.6 de latitud austral para encontrar arsenales de este recurso. Esta ordenanza fue seguida de otra que añadía una provincia más a su república: Atacama.

Bolivia no tenía una activa presencia en su franja costera y, por lo tanto, su desarrollo estuvo al margen de su amplio litoral. El historiador italiano Tomas Caivano en su libro “La guerra de América entre Perú, Chile y Bolivia” comenta: “…Desgraciadamente para Bolivia, la situación topográfica del desierto de Atacama es tal, que hace casi imposible la defensa de sus costas a no ser por medio de una flota. Distantes del centro de la república más de doscientas leguas, de las cuales más de la mitad de desierto impracticable y privado de recurso alguno, especialmente de agua, un ejército no podría trasladarse allí sino con grandes sacrificios y gastos, muy superior a las fuerza de Bolivia”.

Luego de sucesivas reclamaciones Bolivia declara la guerra a Chile (1863). Esta conflagración no se concretó por las complicaciones surgidas con España en su afán de recuperar sus colonias en la región. Por último, en 1866 se suscribe un arreglo favorable a Chile al no disponer que desocupe la zona entre el paralelo 24 de latitud meridional. Su artículo dos fijaba que ambos países se dividirían en partes iguales los productos aduaneros de la exportación de guano y mineral comprendidos entre los grados 23 y 25.

Bolivia estaba gobernada por el dictador Mariano Melgarejo, quien recibió la protección chilena para enfrentar a sus opositores internos. Ese año la administración boliviana cedió cinco leguas en el discutido desierto de Atacama -para la extracción de salitre- a dos empresas chilenas por 15 años, vulnerando las leyes del país altiplano.

En 1871 el parlamento boliviano anuló todos los actos del citado autócrata (asumió la presidencia en mayo de 1876 “el repudiado Hilarión Deza”, según afirma el escritor boliviano Julio Díaz Arguedas) incluyendo las concesiones ofrecidas a Chile. Ante la controversia surgida, Bolivia y Chile celebran un nuevo acuerdo (6 de agosto de 1874) que determina sus linderos en el paralelo 24 y mantiene los privilegios beneficiosos a Chile. El 14 de febrero de 1879 el congreso boliviano promulgó una disposición aprobando la transacción de su gobierno con las empresas chilenas y decretó el impuesto de diez centavos por quintal de salitre exportado.

El gobierno de La Moneda planteaba una reivindicación diplomática sustentada en que el  acuerdo de 1874 prohibía a Bolivia instituir nuevos tributos sobre personas y capitales chilenos. La cancillería boliviana respondió: “…La contribución de diez céntimos a la cual se refería la ley del 24 de febrero no era realmente un impuesto de carácter general”. Según las disposiciones bolivianas la compañía afectada era de “sociedad anónima”; por lo tanto, no podía tener una determinada nacionalidad. Este asunto privado, entre Bolivia y la Compañía Anónima de Antofagasta, fue usado por Chile para propiciar las hostilidades.

Sobre tan medular tema el historiador Rubén Vargas Ugarte anota en su documentada enciclopedia “Historia general del Perú”: “…Chile buscaba, a toda costa, un pretexto para apoderarse de la rica zona salitrera de Bolivia y de ahí que echara mano de la rescisión decretada por Bolivia del contrato que había celebrado con la Compañía de Antofagasta. Se trataba de un convenio privado que no podía considerarse ofensivo a Chile y que no afectaba al tratado de límites celebrado por ambas naciones”.

Las negociaciones fueron cada vez más tensas. El 8 de febrero de 1879 Santiago envía un ultimátum a La Paz que no es atendido. El 12 de febrero el encargado de negocios de Chile en la capital boliviana declara roto el convenio de 1874 y por “coincidencia” al mismo tiempo salían del apostadero Caldera los acorazados chilenos para Antofagasta ha donde llegaron dos días más tarde. Fueron recibidos con manifestaciones de entusiasmo en la población. Tomas Caivano comenta: “…No existiendo telégrafo entre Bolivia y Chile, el hecho de ser simultáneos estos acontecimientos no pudo ser en modo alguno efecto de un acuerdo inmediato entre el Gabinete de Santiago y su representante en La Paz”.

El Perú pasaba por uno de los períodos más difíciles de su vida económica, política y social y, además, contaba con una enorme desventaja bélica. Endeudado, en la quiebra fiscal y sin créditos. Sus ingresos eran sus aduanas, con una forzada circulación del papel moneda, “yacía sobre un verdadero lecho de espinas”, afirmó Caivano.

Chile, por el contrario, gozaba de una situación militar, política y económica menos crítica. Aunque no estaba en condiciones de afrontar los costos de una ofensiva y de enfrentar al Perú y Argentina (con quien mantenía disputas por territorios sureños). Sin embargo, contaba una legión de partidarios de la guerra como Belisario Prats, Benjamín Vicuña Mackenna e Isidoro Errázuriz, entre otros.

No obstante, el gobierno de Lima desplegó sus esfuerzos a fin de evitar un contienda del que no podría permanecer ajeno por el Tratado de Alianza Defensiva Peruano – Boliviano (1873) suscrito, según precisa el historiador Jorge Basadre en su obra “Historia de la república del Perú”: “Desde el punto de vista peruano, se creyó conveniente resguardar las salitreras de Tarapacá, vecinas de las salitreras de territorio boliviano y amenazadas por el avance chileno. La alianza al crear el eje Lima – La Paz con ánimo de convertirlo en un eje Lima – La Paz – Buenos Aires, pretendió forjar un instrumento para garantizar la paz y estabilidad en las fronteras americanas buscando la defensa del equilibrio continental…”. Finalmente, la administración chilena acepta la intervención peruana, a pesar que la versión oficial de Santiago era que el Perú quería usar la mediación para ganar tiempo y armarse.

El presidente Mariano Ignacio Prado mandó a uno de los mejores expertos para asumir una tarea condenada al infortunio, entre otras razones, por el visible ímpetu expansionista chileno. El enviado extraordinario y ministro plenipotenciario fue el diplomático, académico, parlamentario y literato José Antonio de Lavalle y Arias de Saavedra, quien sería ministro de Relaciones Exteriores durante la firma del Tratado de Ancón (20 de octubre de 1883). “Hombre en cuya sagacidad se podía confiar”, anotó Vargas Ugarte. De Lavalle sirvió con brillo en nuestras legaciones de San Petersburgo, Berlín, Washington, Roma y Madrid y, especialmente, gozaba de vinculaciones en Chile. Cumplió en ese momento tan adverso una misión honorable y caballerosa.

De Lavalle planteó que Chile se retire del territorio ocupado y Bolivia suspendiera la ejecución de la ley en controversia. La existencia del tratado de 1873 es empleado por el gobierno de Santiago para cuestionar la neutralidad peruana y, finalmente, el jefe de estado Aníbal Pinto (“muy censurado en Chile por su actitud pacifista” según Basadre) declara la guerra al Perú y Bolivia el 5 de abril.

El editorial de El Comercio (4 de abril de 1879) expresaba: “…Aceptamos la guerra con el entusiasmo que inspiran las grandes causas. La nación entera debe agruparse alrededor del gobierno con un solo sentimiento y una sola voluntad, con el sentimiento elevado de nuestra causa  y con la voluntad, decidida del vencedor”. Lejos estuvimos de esta reflexión. Así empezó un capítulo que nos cogió desunidos y con numerosos elementos discordes que explicarían el comportamiento de la clase política durante este sensible trance de nuestra historia. Honor y gloria a los compatriotas caídos en las gestas de San Juan y Miraflores.

(*) Docente, conferencista, periodista, consultor en organización de eventos, protocolo, imagen profesional y etiqueta social. http://wperezruiz.blogspot.com/