“Es hora de que el Perú cuente con una Política Nacional Alimentaria que proteja la economía de los consumidores”.
Después de la sequía sufrida en Estados Unidos, la crisis de sus cultivos viene aumentando la cotización del maíz, el trigo y la soya, produciendo una amenaza para la alimentación mundial. Según la Organización para la Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO), el índice de precios, de estos cereales y granos, subió 30 % entre junio y julio de este año y los alimentos en general tuvieron un alza de 6% el último mes. Esto, a pesar de la distancia, ya se ha visto reflejado con gran celeridad en nuestro país, debido a que el encarecimiento de los granos que es el argumento perfecto para que los proveedores empiecen a elevar los precios de la harina, pan, aceite, entre otros alimentos de primera necesidad, además de la carne de cerdo y pollo.
Al respecto, Crisólogo Cáceres, Presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), señaló que, bien podríamos dejar de importar tales alimentos si contáramos con una Política Nacional Alimentaria que, por un lado, promoviera el cultivo de nuestras plantas originarias -de valor nutricional muy superior al de los alimentos que importamos- y, por otro lado, difundiera entre los consumidores las ventajas de la ingesta de tales alimentos. “Lamentablemente, el Perú continúa importando alimentos como el trigo, maíz y soya del extranjero –y dependiendo de las fluctuaciones de los precios internacionales de tales productos- a pesar de que nuestro país es centro de origen de diversas especies como la papa, oca, olluco o mashua, entre muchas otras de bajo costo y gran valor nutricional. Por otro lado, es bien sabido que casi todo el trigo, maíz y soya que se comercializan en el mundo son transgénicos y los consumidores peruanos estamos expuestos a seguir consumiendo este tipo de alimentos cuestionados”, explicó.
En opinión del funcionario existen dos tipos de medidas que puede adoptar de inmediato el Poder Ejecutivo. Las primeras en el plano normativo, aprobando de una vez los reglamentos tanto de la Ley N° 29811, que establece la moratoria por diez años para el ingreso de semillas transgénicas al país; así como el reglamento del art. 37° del Código de Protección y Defensa del Consumidor que dispone el etiquetado de alimentos envasados que contienen componentes transgénicos. Las segundas medidas están referidas a promover el acceso a la información de los consumidores por cuanto tenemos el derecho de conocer qué alimentos subieron y cuáles bajaron de precio para poder adecuarnos y adquirir los más económicos. Para el efecto, y previa coordinación con los municipios, se deben instalar en las puertas de todos los mercados de abasto, carteles que informen los alimentos que subieron de precio y también los que bajaron de precio. De esta manera, tal como sucede en otros países, el consumidor contará con las herramientas adecuadas para tomar una mejor decisión de compra y cautelar su economía.
En el mismo sentido, Cáceres señaló que el Estado debería actuar no pensando en el día de hoy sino proyectándose hacia el mañana, por lo menos para una década.”El Ministerio de Agricultura es el llamado a liderar el proceso y trazar un plan de acción para los próximos diez años incluyéndolo, de ser posible, en el Acuerdo Nacional. Los pequeños y medianos agricultores y los consumidores estaríamos dispuestos a apoyar ese tipo de iniciativa”, sentenció.
