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La Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Defensoría del Pueblo suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para fortalecer el trabajo conjunto, intercambiar conocimientos y desarrollar iniciativas orientadas a la defensa de los derechos de los ciudadanos y las empresas.
El documento fue suscrito por Raúl Barrios Fernández-Concha, presidente de la CCL, y Josué Gutiérrez Cóndor, defensor del Pueblo, quienes reafirmaron su compromiso de sumar capacidades para promover la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones.
Durante la ceremonia, el presidente de la CCL advirtió que las micro y pequeñas empresas son maltratadas por el Estado y enfrentan exigencias injustificadas, demoras excesivas, decisiones arbitrarias y presuntos actos de corrupción que afectan sus operaciones, desalientan la inversión y generan desconfianza en las instituciones.
Uno de los objetivos de esta alianza será establecer mecanismos de coordinación para recibir, orientar y canalizar las quejas y denuncias de los asociados de la CCL frente a posibles actuaciones irregulares de entidades públicas, facilitando su atención ante las instancias competentes, con el debido sustento y la confidencialidad correspondiente.
Por su parte, el defensor del Pueblo resaltó que la CCL es uno de los gremios más antiguos y cuenta con más de 10 000 empresas asociadas. Asimismo, explicó que la firma del convenio responde al mandato constitucional de la Defensoría del Pueblo de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración.
“La defensa de los derechos fundamentales de las personas y la comunidad constituye el principal propósito de la Defensoría. La supervisión y la elaboración de informes sustentados en información verificada son herramientas fundamentales para identificar incumplimientos por parte de las entidades públicas y contribuir a que estas actúen conforme a sus obligaciones”, dijo Josué Gutiérrez Cóndor
El convenio también contempla acciones de difusión, capacitación y orientación para acercar los servicios de la Defensoría del Pueblo al sector empresarial, especialmente a las micro y pequeñas empresas, a fin que conozcan sus derechos y los mecanismos disponibles para defenderlos.
Finalmente, la Cámara de Comercio de Lima destacó que la competitividad del Perú y su capacidad para atraer inversiones dependen de la seguridad jurídica y de instituciones sólidas que actúen con transparencia y respeto a la ley.
