La Defensorìa del Pueblo protestó por un editorial de El Comercio publicado esta semana sobre la matanza en Bagua del 5 de junio de 2009, pues le imputa responsabilidad en los cruentos hechos.
Dicha institución respondió al director pediodístico interino de ese medio, Juan Paredes Castro, mediante la siguiente carta:
«Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático»
«Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú»
CARTA N° 058-2014/DP Lima, 11 de junio de 2014
Señor
JUAN PAREDES CASTRO
Director Periodístico Interino
Diario El Comercio
Presente.-
De mi mayor consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, referirme al editorial del día de hoy del diario a su cargo, en el que, bajo el título «Los otros autores del “baguazo”», se señala a la Defensoría del Pueblo como uno de los responsables indirectos de los lamentables hechos ocurridos en Bagua, el 5 de junio de 2009.
Al respecto, me permito manifestarle mi extrañeza y rechazo a estas afirmaciones. Por el contrario, la labor de nuestra institución en dichos hechos se ha ajustado a nuestro mandato constitucional y legal de defensa y promoción de los derechos fundamentales de todas las personas.
En ese marco de actuación, en respuesta a una solicitud del entonces Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, congresista Pedro Najar Kokally, en octubre de 2008 nuestra institución emitió el Informe de Adjuntía N,º 027-2008-DP/ASPMA.MA. Dicho informe estaba orientado a advertir la necesidad de fortalecer el marco normativo a fin de evitar la deforestación en tierras con aptitud forestal. Como es sabido, en diversas zonas de la Amazonía se han deforestado tierras de este tipo, con el objetivo de que pierdan su condición de recurso natural y, por ende, la protección legal que estas requieren.
Estas recomendaciones fueron acogidas, en enero de 2009, por el Congreso de la República, que aprobó la Ley N.º 29317 modificando el referido Decreto Legislativo Nº 1090, mejorando la protección de los recursos forestales. Finalmente, la vigente Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N.º 29763, aprobada en el 2011 —luego de un proceso de consulta previa a los pueblos indígenas— fortaleció la protección de los bosques y las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de protección forestal.
De otro lado, debo rechazar categóricamente la calificación que se realiza sobre la labor de la Defensoría del Pueblo en el conflicto de Bagua. En primer lugar porque, como se ha señalado, nuestra actuación se ha centrado en la protección de los pueblos indígenas, el medio ambiente, los recursos naturales y su adecuado aprovechamiento y protección legal. En segundo lugar, porque en dicho caso, nuestro accionar estuvo siempre dirigido a privilegiar el diálogo y las vías pacíficas como medio de solución de dicho conflicto.
Debo recordar que el conflicto de Bagua fue alertado a las autoridades en nuestro reporte mensual de conflictos sociales, desde marzo del 2008, es decir, 15 meses antes de estos luctuosos sucesos. Durante el desarrollo de este conflicto –que abarcó activamente a ocho departamentos del país–, realizamos labor de supervisión, de acompañamiento y facilitación del diálogo y de acciones humanitarias.
Nuestra labor en defensa de los pueblos indígenas ha sido invariable a lo largo de los más de 17 años de funcionamiento institucional, en los que nuestra labor siempre ha estado guiada por el respeto a los derechos fundamentales y la protección de los grupos más vulnerables, entre ellos, los pueblos indígenas.
Nunca hemos alentado la muerte de personas ni las manifestaciones violentas, las cuales rechazamos cada vez que se presentan. Por ello, es temerario que un editorial de El Comercio haga una imputación tan grave y que deslice la idea de que una opinión institucional aliente o justifique la violencia. Nada está más alejado de la actuación de nuestra institución.
Por el contrario, como es públicamente conocido, nuestros esfuerzos han estado orientados a la protección de los derechos de todos y todas, así como el reforzamiento del marco normativo y del diálogo como forma de solución de los conflictos. Entre las muchas acciones llevadas a cabo por nuestra institución en esta materia se encuentran las recomendaciones dirigidas a las entidades correspondientes, la participación en mesas de diálogo, la elaboración y presentación al Congreso de la República del proyecto de ley sobre derecho a la consulta previa, entre otras acciones.
En atención a lo señalado, mucho agradeceré se sirva compartir con sus lectores la presente carta, como corresponde con los principios y reglas que orientan la actividad periodística en un Estado democrático.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima.
Atentamente,
EDUARDO VEGA LUNA
DEFENSOR DEL PUEBLO (e)
