Defensoría pide modificar Ley de Retorno y aprobar normas complementarias de migraciones

A dos años de vigencia de la Ley N.° 30001, existen dificultades para su aplicación. Según datos de INEI cada año retorna un promedio de 29,000 peruanos.

Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo (e) recomendó al poder Ejecutivo modificar la Ley N° 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, por presentar dificultades en su implementación, lo que impide que muchos peruanos que retornan puedan acceder a los incentivos tributarios y beneficios que dispone la norma.

“La Ley señala que deben otorgarse facilidades para el acceso a programas sociales, educación, salud, trabajo, créditos, capacitaciones, becas; pero al no precisarse claramente su contenido ni alcances, estos no se ejecutan de manera concreta. Algunos de ellos requieren de presupuesto para la implementación de programas complementarios. Por ejemplo, se orienta al retornado para la obtención de un crédito pero no existe en nuestro medio ninguna forma para que accedan a ellos si no cuentan con garantías ni historial crediticio en el país. Esta situación viene generando frustración en nuestros compatriotas que apostaron por retornar al país”, dijo Vega.

Otra barrera  son los trámites que deben realizar ante la SUNAT para traer sus implementos de trabajo, ya que esta institución no ha adecuado sus normas internas para facilitar estos procedimientos y, en algunos casos, se requiere la autorización previa de otras instituciones como la DIGEMID, entre otras.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo advierte que, desde agosto del 2013 que entró en vigencia el reglamento de esta norma, se han entregado 3,331 Tarjetas del Migrante Retornado (TMR), documento válido para acceder a los beneficios. De ese total, 1974 son varones (59%) y 1,357 mujeres (41%); sus edades fluctúan principalmente entre los 30 y 49 años (1970 personas). Generalmente, las personas retornan de Chile, Estados Unidos, España, Argentina y Venezuela.

Una encuesta realizada a 300 retornantes permitió conocer que 7 de cada 10 personas que solicitaron información para un beneficio consideraron que esta fue insuficiente. El 42% retornó luego de estar entre 10 y 20 años fuera del país. Solo el 18% pudo acceder a un programa social, el 28% a un incentivo tributario para el ingreso de sus instrumentos de trabajo y ninguno pudo obtener la certificación de competencias laborales.

Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos, expresó su preocupación pues el número de TMR ha decrecido sustancialmente en el último año. Según INEI al año retornan aproximadamente 29,000 peruanos y en los últimos dos años solo se han otorgado 3,331 TMR: 788 entre los meses de agosto y octubre 2013 cuando recién se publicó la Ley de Retorno; 568 entre noviembre de 2013 y enero 2014; y 120 entre agosto y septiembre del 2015.


“Los testimonios recogidos como las quejas conocidas por la institución dan cuenta que las personas no pueden acceder a los beneficios porque no reciben información adecuada o les exigen requisitos complejos. Frente a ello, urge garantizar una política de retorno que funcione en la práctica y que ofrezca aquello que es posible brindar. Hay personas que han perdido sus ahorros y tiempo sin lograr reinsertarse en nuestro país”, dijo Vignolo.

Además, de las dificultades mencionadas, también son recurrentes problemas en el acceso al Seguro Integral de Salud (SIS), imposibilidad de acceder a créditos para vivienda o emprender proyectos productivos, dificultades para el reconocimiento o validación de títulos obtenidos en el exterior y para la obtención de certificaciones laborales, entre otros.

Vignolo resaltó que la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, viene haciendo los esfuerzos por mejorar esta situación, pero corresponde a los sectores demostrar un mayor compromiso y voluntad en el cumplimiento de la Ley, escuchando las demandas de los retornantes.

Finalmente, la funcionaria recordó que junto con saludar la nueva Ley de Migraciones, confía en que pronto se emitirá el decreto supremo que permita regularizar a las personas que fueron expulsadas por razones administrativas y de manera arbitraria, sin respetar entre otros, el debido proceso, el principio superior del niño y la unidad familiar.