Dinero o democracia. Esa es la cuestión
Por Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa (*)
Las interrelaciones opacas, sucias y escabrosas que existen entre la economía y la política son cada vez más intensas, y son muchas las pruebas que nos obligan a reflexionar acerca de los mecanismos democráticos actuales. ¿Cómo es posible que personas que han ejercido su poder como cargos públicos pasen, en apenas unas semanas, a ser altos cargos en empresas privadas?
Los sueldos que les pagan al abandonar sus cargos políticos y el tipo de actividad sin otro cometido que el de medrar o mediar entre bambalinas gracias a las agendas adquiridas en la vida política, obligan a plantear muchas dudas sobre la honestidad con la que han ejercido sus responsabilidades en el Estado. ¿Han velado realmente por el interés público o, por el contrario, han actuado de acuerdo con sus intereses personales y los de sus entornos más cercanos? ¿Recibirían las mismas ofertas si hubieran trabajado sólo por los intereses públicos?
Como muestra el caso de David Taguas, ex director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno español y que ha cesado para pasar a ser presidente de la SEOPAN, un grupo de interés formado por las principales empresas constructoras españolas.
Pero no debería extrañar a nadie, se han dado un sin fin de casos similares en los últimos tiempos: Tony Blair, Jose María Aznar, Schröeder… En medio de la crisis inmobiliaria, Taguas tomó posición a favor de que el gobierno interviniese en el mercado de la vivienda, acudiendo al rescate de las inmobiliarias en apuros, y contrariando de nuevo al Ministro de Economía.
¿Quién puede creer que eso sea casual? Todo lo contrario. Es absolutamente lógico que las grandes empresas que viven de favores públicos, o sus asociaciones constituidas como grupos de interés, contraten a aquellas personas que durante sus respectivas carreras políticas han estado a su servicio. El problema es que la falta de transparencia, es imposible que los ciudadanos sepamos a qué se dedican de verdad nuestros representantes y gobernantes. Y eso es una de las grietas fundamentales por la que la corrupción se abre paso. No hay suficientes esfuerzos en la lucha contra esta falta de transparencia porque a los grandes poderes económicos y financieros les conviene la opacidad.
El capitalismo de hoy es, en palabras de Joseph Stiglitz, “un capitalismo de amiguetes”. Favores a empresarios, familiares, concursos públicos adjudicados a empresas amigas, planificaciones de infraestructuras al servicio de intereses privados.
Los lazos corruptos que conectan la vida política con la vida económica salen a la luz únicamente de tanto en tanto, y empujados siempre por los casos más espectaculares o por aquellas pocas demandas judiciales que consiguen prosperar. Nos enteramos sólo de las anécdotas, de la corrupción al por menor, pero nunca de los grandes casos. Entre otras cosas porque los jueces, los fiscales, los abogados del Estado y los medios de comunicación se encargan de silenciarlos. En muchos casos, la presión ejercida desde las esferas más altas del poder económico y político consiguen siempre evitar que las demandas y querellas conlleven sanciones importantes y que desincentiven las prácticas corruptas.
Los saltos al sector privado significan no sólo una mejora extraordinaria en la nómina, sino también la permanencia en las estructuras de poder.
Según un estudio sobre el poder económico en España, realizado este año en la Universidad de Vigo, una pequeña elite que representa el 0,0035% de la población controla efectivamente un equivalente al 80,5% del PIB español. De ahí nace su poder económico descontrolado, que se entremezcla difusa y peligrosamente con el poder político, tejiendo una red de intercambio de favores y concesiones corruptas y radicalmente antidemocráticas.
Es urgente tomar medidas efectivas y radicales contra los favoritismos y la corrupción. Hay que revisar todos los mecanismos democráticos actuales, desde la financiación de los partidos políticos hasta las leyes de compatibilidad de los cargos públicos. Y se hace urgente mejorar el sistema judicial y establecer leyes más justas y ejemplares para aquellos que pretenden hacer de lo público su negocio privado.
Dinero o democracia. Esa es la cuestión.
(*) Universidad de Málaga
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