La violencia contra la mujer es uno de los principales problemas que afecta a la sociedad peruana y, por ello, durante los primeros 180 días, el Gobierno del presidente Martín Vizcarra ha tomado una serie de medidas, firmes y contundentes, para hacer frente a este flagelo.
Una de las primeras acciones fue declarar de interés nacional y prioridad del Estado la lucha contra la violencia a las mujeres, lo que significa que todas las instituciones, autoridades y funcionarios de las tres instancias: Gobierno Central, gobiernos regionales y gobiernos locales, están obligados a actuar con diligencia frente a estos casos.
Asimismo, se creó una Comisión de Emergencia de Alto Nivel, para articular un plan de acción conjunto que contemple medidas multisectoriales como la prevención, la protección y la sanción.
Adicionalmente, el Ejecutivo aprobó un Protocolo de Atención para Casos de Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo, que permite proteger a las víctimas de manera efectiva.
La lucha contra la violencia hacia la mujer no es solo un asunto de decisiones y de voluntad política, sino también de presupuesto. Por ello, se ha autorizado recientemente la transferencia de S/ 59 millones a favor de diversas instituciones como el Poder Judicial, Ministerio Público, ministerios de la Mujer, Salud, Justicia e Interior, Defensoría del Pueblo y gobiernos regionales, para implementar acciones concretas en contra de este flagelo.
Por otro lado, el Presupuesto del próximo año tendrá un incremento importante para la lucha contra la violencia a la mujer: pasará de S/ 164 millones en 2018 a S/ 435 millones en 2019 (S/ 271 millones más), con el objetivo de financiar la estrategia multisectorial para combatir la violencia a la mujer.
El 2019 será un año donde se luchará con más fuerza contra esta problemática. Las principales acciones son la ampliación de la red de Centros de Emergencia Mujer; la creación de 10 fiscalías especializadas; optimización de 80 comisarías para atender casos de violencia contra la mujer; entre otros.
En el año 2017 se implementaron 50 CEM en comisarías y este año se duplicará esa cifra, llegando a 100 de estos servicios articulados. Para el 2021 se tendrá 221 de estos CEM en comisarías, que se unen a los 245 CEM Regulares ya existentes, así como al proyecto de CEM en centros de salud.
Recientemente, se aprobaron los decretos legislativos que eliminan el beneficio de confesión sincera para los casos de violencia sexual y de terminación anticipada para los casos de feminicidio.
Estos beneficios permitían a los agresores y feminicidas recibir una pena menor a la que les correspondía. En el Gobierno no solamente existe un compromiso para que estos crímenes no queden impunes, sino que los sujetos agresores reciban una sanción ejemplar.
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, contribuyó a la redacción del Decreto Legislativo 1410; y se implementó una línea para mitigar el acoso laboral en las mujeres. Asimismo, se relanzará la página web trabajasinacoso.trabajo.gob.pe, y la línea 0800-1-6872 para atender estos casos.
La posición que tiene el Ejecutivo es muy firme y clara: una de las principales causas de la violencia es la falta de un enfoque de género en las políticas públicas, seguido de patrones arraigados de machismo. Para lograr este objetivo, es necesario corregir esta cultura machista y erradicarla de nuestras familias, proteger a las víctimas y sancionar con firmeza a los criminales.
Antes de fin de año, el gobierno aprobará la Política Nacional de Igualdad de Género, que será el principal instrumento orientador de comportamientos sociales libres de discriminación contra las mujeres.
