La empresa cervecera Backus fue multada con S/ 283, 500 por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) por haber afectado a 446 trabajadores al suspenderlos por participar en una huelga el 11 y 12 de abril del año pasado.
Ante el abuso laboral, el Sindicato Nacional de Obreros de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston presentó una denuncia ante Sunafil. Un caso grave fue el de Luis Samán Cuenca, secretario general del sindicato, quien fue denunciado penalmente por Backus por el presunto delito de «colaboración al terrorismo».
En un comunicado emitido, el sindicato informó que la empresa vulneró el derecho del ejercicio de la libertad sindical y agregó que actualmente hay un procedimiento de divergencia no resuelto ante el ministerio de Trabajo, por el menoscabo del derecho constitucional al ejercicio de la libertad sindical.
La multa argumenta, entre otros, las sanciones aplicadas a los trabajadores que participaron de la huelga del 11 y 12 de abril de 2018, con 3 y 5 días de suspensión efectiva de labores, en clara vulneración a la libertad sindical.
La Sunafil tipifica la falta en la categoría de las normas sociolaborales de carácter insubsanables, porque la afectación al derecho no pueden ser revertidos, informa el sindicato.
Backus se negó ante la autoridad a presentar los contratos de asesoría legal que la llevaron a imputar cargos de “colaboración con el terrorismo” contra dirigente sindical
En el caso de Luis Samán por el delito de colaboración al terrorismo, el sindicato indica que Backus no presentó los contratos de asesoría legal de los abogados que se ocuparon del proceso. No entregar esa información documentada contó como una infracción por obstrucción a la labor inspectiva de la Sunafil.
A Backus se le impuso una multa de S/ 283 mil porque abusó del derecho de su poder sancionador, extralimitándose al sancionar con suspensiones de trabajo sin goce de haberes a nivel nacional, informa el sindicato, y añada que en la sede de Backus en Motupe, se despidió a 15 trabajadores por su participación en la huelga del 2018. Sin embargo, 6 de ellos ya han sido reincorporados judicialmente a sus puestos de trabajo.
