Nueva norma avalada por 40 organizaciones y sociedad civil no fue promulgada. En su lugar, Ejecutivo hizo 14 observaciones y la devolvió al Congreso.
Jorge Cerda.
El sueño de una sociedad inclusiva se transformó en una pesadilla para las personas con discapacidad: la promulgación de la llamada Ley General de la Persona con Discapacidad por parte del Ejecutivo aún no ha sido conseguida.
«Nos sentimos decepcionados», comentó el representante de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad (Confenadip), Hugo León. Es más, el Poder Ejecutivo devolvió el proyecto al Congreso con 14 observaciones.
«La ley que proponemos es producto del consenso, y han participado la sociedad civil, el Conadis y unas 40 organizaciones”, expresó León.
Es más, recordó que el Congreso aprobó el proyecto de ley por unanimidad, sin embargo, cuando llegó a manos del Ejecutivo «no tuvo luz verde».
«Una de las observaciones que hicieron al proyecto fue su desacuerdo con las cuotas laborales para las personas con discapacidad en el sector privado», explicó León. Agregó que la propuesta de la Ley General de la Persona con Discapacidad establece por ejemplo que las empresas privadas con 50 trabajadores tengan un 3% de empleados con discapacidad.
«Sin embargo, señalan textualmente que la nueva ley debe restringirse a las acciones del gobierno y no a la empresa privada», se indignó. ¿Ahora qué sucederá? El congresista Javier Diez Canseco explicó que ahora el Congreso tendrá dos caminos: uno es «insistir con el proyecto» tal como está, o llevarlo nuevamente al Pleno tomando en cuenta las observaciones del Ejecutivo.
«Este proyecto de ley ha sido elaborado por una iniciativa ciudadana que ha logrado más de 120 mil firmas. El Ejecutivo está descalificando todo este trabajo. Encima señala que en breve presentarán un proyecto alternativo para las personas con discapacidad», señaló contrariado.
CLAVES
En el Perú, alrededor de tres millones de personas presentan algún tipo de discapacidad. De ellas, 80% son de los sectores más pobres.
El citado proyecto incluye que el Estado consulte a las personas discapacitadas las políticas públicas destinadas a su beneficio.
La República, 03-08-2012
