| Mauricio Mulder |
La prescripción adquisitiva, figura legal mediante la cual se puede llegar a la apropiación de un inmueble ajeno en plazos y formas que la ley determina, debería ser modificada de manera que las cuestiones éticas relativas al poder se plasmen en restricciones, con la finalidad de evitar posibles abusos.
En agosto se publicó en La Razón el siguiente aviso de prescripción adquisitiva, por el que el Apra, representado por Mauricio Mulder, sobre la propiedad de un inmueble:
Ante mi, Cesar Bazán Naveda, abogado notario de esta capital, con domicilio en el paseo de la Castellana 229, Surco, Lima, el Partido Aprista Peruano debidamente representado por su secretario general Claude Maurice Mulder Bedoya, ha solicitado la prescripción adquisitiva del inmueble denominado tienda con frente a la calle Santa Rosa, con el número 464, distrito de Barranco, provincia y departamento de Lima, registrado en el tomo 1840, foja 129, asiento 1 del regist ro de propiedad inmueble, de la oficina registral de Lima y Callao, solicitando se entienda con Gallo Porra Fernandez, Sociedad Anónima y con los que tengan derecho sobre el referido predio, a quienes se les notifica mediante el presente edicto.
Lima, 21 de agosto del 2007
César Bazan Navega, abogado notario paseo de la Castellana 229, Surco, Lima, Cardex N.C.1817
Este aviso nos anuncia que el Partido Aprista está a punto de apropiarse de este inmueble por una vía legal, pero, ¿será una vía ética?
En estos asuntos, quienes tienen amplia ventaja para poder conocer qué viviendas o terrenos se encuentran en situación de ser pasibles de sufrir un proceso de prescripción adquisitiva son los funcionarios públicos que manejan las bases de datos de registros públicos y municipalidades.
Esta posición de ventaja podría ser un factor para la generación de grupos de traficantes de bienes inmuebles, pues estos funcionarios, antes que cualquier ciudadano que realmente pueda acogerse a esta modalidad de posesión, podrían solicitar ellos mismos o sus allegados la prescripción adquisitiva y lucrar con esta actividad.
Por lo anterior, la prescripción adquisitiva debería limitarse solamente a personas o familias que carezcan de vivienda o terreno propio, no es ético que un partido político, y mucho menos uno que esté en el poder, se haga propietario de un inmueble bajo esta modalidad. Es necesario pasar de la ética a la ley y eliminar esta posibilidad.
Otro aspecto necesario sería que los funcionarios públicos del partido de gobierno y funcionarios públicos que tengan acceso a bases de datos no públicas total o parcialmente, así como sus allegados, estén impedidos de realizar trámites de prescripción adquisitiva, por el tiempo en que estén en ejercicio de sus funciones y un tiempo adicional razonable.
