Traficantes e invasores de tierras atentan contra la intangibilidad de la zona arqueológica de Caral
Tal como explica información proporcionada por Proyecto Caral.
El Ministerio de Cultura hace extensiva la preocupación de su Unidad Ejecutora 003, Proyecto Caral, la cual denuncia que un grupo de traficantes e invasores de tierras del valle de Supe han optado por difundir sicosociales entre los demás pobladores, con el argumento que el Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe/ Zona Arqueológica Caral (PEACS/ZAC) les va a arrebatar sus tierras, solo con la finalidad de soliviantar y generar protestas colectivas favorables a sus intereses mezquinos.
Estas actitudes negativas se dieron en respuesta a las acciones de protección del patrimonio arqueológico del valle de Supe que realiza el Proyecto Caral, y que ha frustrado los intereses de traficar e invadir las tierras.
Traficantes sin escrúpulos
El daño contra el patrimonio arqueológico de Caral se registra desde hace varios años atrás. En el año 2006 el señor Porfirio Alejandro Blas, de la Asociación la Era del Pando, se hizo adjudicar judicialmente, como presidente de la asociación, un terreno de propiedad del Ministerio de Agricultura, en el valle de Supe. No le importó que ese terreno incluyera al asentamiento arqueológico Era de Pando, de la época de la civilización Caral, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el 2000, y delimitado en 2005.
El año 2010, cuando los arqueólogos del Proyecto Caral estaban trabajando en la puesta en valor del sitio monumental Era de Pando, el señor Porfirio Alejandro Blas intensificó sus agresiones. Por ello, y por los delitos de destrucción (como horadar un edificio monumental, forrar el foso con plástico y llenarlo de agua a modo de reservorio), el presidente de esta asociación fue denunciado.
En mayo de 2010 la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Barranca ordenó el retiro, impedimento de ingreso y suspensión de toda acción que altere, deprede y destruya este sitio monumental de Era de Pando.
No obstante esta disposición judicial, el 4 de diciembre de 2010, Porfirio Alejandro Blas vendió el terreno donde se encuentra el sitio monumental Era de Pando a la empresa avícola San Fernando, por una suma total de US$ 1’905,183. El 8 de marzo pasado la SUNARP observó la inscripción de la compra-venta de este terreno porque no se informó previamente a los Ministerios de Agricultura y de Cultura, que están en la obligación de velar, proteger y defender los derechos sobre las tierras del Estado y sobre el patrimonio cultural de la Nación.
Invasores de tierras
El problema de las invasiones de terrenos se intensificó durante el año 2010. A inicios de este año, un grupo de parceleros del valle de Supe, cada uno de los cuales posee entre 4 y 6 hectáreas, o más, distribuidas por la Reforma Agraria, decidió invadir el terreno donde está ubicado el parador turístico, al ingreso de la Ciudad Sagrada de Caral, sin respeto por la propiedad estatal. En el lugar instalaron chozas y se negaron a abandonarlo hasta que el 22 de marzo pasado el Poder Judicial dispuso y actuó, de acuerdo con sus responsabilidades, desalojándolos del lugar.
En noviembre de 2010, dentro del asentamiento arqueológico de Allpacoto, también contemporáneo de la Ciudad Sagrada de Caral, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2002 y delimitado en 2005, un grupo de individuos dirigió una lotización de terrenos.
El Proyecto Caral alerta a la opinión pública y a los funcionarios de los distintos niveles del gobierno local, provincial y nacional, a no dejarse sorprender por estos individuos, quienes tienen interés en presentar una situación de conflicto donde no existe, para lograr sus fines personales.
El Proyecto Caral, Unidad Ejecutora 003 del Ministerio de Cultura, como institución estatal que viene poniendo en valor el patrimonio arqueológico de Supe, manifiesta su preocupación por estos hechos, que amenazan la preservación del importante valor cultural de estos sitios monumentales de la civilización más antigua de América, patrimonio cultural de todos los peruanos que debe ser protegido y defendido como recurso para fomentar el desarrollo social y económico del país.
