El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, recomendó que los casos de hostigamiento sexual en universidades públicas y privadas sean tratados en el marco de un proceso de investigación de tal forma de garantizar una sanción adecuada para los responsables, de acuerdo a su régimen legal y así evitar que se deje de denunciar estas malas prácticas.
En oficio dirigido al ministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes, Gutiérrez expresó sus discrepancias por pretender establecer que el Tribunal de Honor y la Defensoría Universitaria sean las instancias competentes para investigar quejas por hostigamiento sexual puesto que la primera instancia fue creada para pronunciarse por cuestiones éticas; y la segunda, encargada de la defensa de los derechos del estudiantado al interior del centro universitario.
Se ha advertido con preocupación que en la publicación denominada “Lineamientos para la elaboración de documentos normativos internos para la prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual en la comunidad universitaria”; aprobada por el Minedu, si bien se aborda lo regulado por la Ley Nº 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual y su Reglamento, no se brinda mayores elementos que permitan establecer los procedimientos de investigación y sanción de estos hechos.
El Defensor del Pueblo ha planteado al ministro de Educación la adopción de medidas mínimas que garanticen la protección de la víctima, reserva de su identidad y la de testigos –dejando a salvo su derecho de revelarlo-, impedimento de acercamiento o cualquier otra medida que garantice su integridad física y psíquica, asistencia psicológica, o rotación a solicitud de esta.
También ha señalado la necesidad de la participación activa de estudiantes, a través de los Centros Federados o su equivalente, en la elaboración del protocolo de hostigamiento sexual de su casa de estudios y la creación de una base de datos de carácter confidencial que contenga el registro del personal (docente o administrativo) bajo cualquier modalidad de contrato que haya sido sancionado o se encuentre en proceso de investigación.
Preocupa también que en la Primera Disposición Complementaria de la referida ley se haya dispuesto que cada universidad se encargue de las sanciones correspondientes en casos de falsa queja. Esta regulación desincentivará a las víctimas a denunciar hechos de hostigamiento sexual, sobre todo teniéndose en cuenta que la probanza en estos casos es compleja y que en la mayoría de los casos solo se tiene la declaración de la víctima
Los casos de hostigamiento sexual en las universidades son una clara manifestación de discriminación y violencia patriarcal, cuya finalidad es mantener a las mujeres en situación de subordinación con relación a los hombres y que raras veces es denunciada por temor, vergüenza o desconocimiento. Así, un estudio sobre el tema en Lima reveló que el 59% estudiantes encuestados/as no recibió información sobre hostigamiento sexual; 3 de cada 10 habían sido víctimas de esta forma de violencia y sólo el 8% del total denunció ante alguna instancia superior.
