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La Defensoría del Pueblo advirtió que aún persiste una falta de actuación por parte del Estado con relación a la violencia obstétrica, lo que se refleja en una ausencia del diseño de políticas públicas o presupuestos específicos para esta problemática. Ante ello, durante webinar realizado sobre el tema, se ha formulado recomendaciones para fortalecer progresivamente las capacidades del personal y la atención en salud materna.
Para un primer abordaje del problema de la violencia obstétrica, la Defensoría del Pueblo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Perú realizaron un informe basado en entrevistas a 11 actores/actoras clave, representantes del Estado (ministerios de Salud, y Mujer y Poblaciones Vulnerables), de la sociedad y de la academia.
La mayoría de entrevistados coincidió en que la violencia obstétrica es una modalidad multidimensional de violencia que afecta a las mujeres y que existen grupos en posición de mayor vulnerabilidad por el nivel socioeconómico, pertenencia a un pueblo o uso de una lengua indígena, la manera de ejercer o vivir la sexualidad por parte de lasmujeres, la edad o por el ámbito de la residencia (urbano o rural).
“Otro punto clave es que las y los especialistas señalaron que la violencia obstétrica no solo se limitaría a procedimientos médicos, sino a maltratos de índole psicológico, físico o, de manera general, a un trato no digno”, señaló Patricia Sarmiento, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer durante el webinar “Violencia obstétrica en el Perú”.
La funcionaria indicó que las manifestaciones de esta forma de violencia, señaladas por los especialistas, fueron la omisión del consentimiento informado, el uso excesivo del parto por cesárea, presencia de terceros ajenos al parto, negar la atención a la madre durante el parto, dificultar el apego con su niño/a sin justificación o causa médica, privarla de agua y comida, dejar de lado prácticas relacionadas al parto entre
población indígena u originaria, no incluir el enfoque de interculturalidad, etc.
Entre las principales causas, se indicó que existe un apego a la doctrina de la necesidad médica, expresada en la posición desigual de las mujeres con respecto a los hombres en la sociedad y las relaciones de poder no paritarias entre personal de salud y paciente.
Además, se presentan condiciones y limitaciones en los sistemas de atención, tanto en los recursos humanos como en equipamiento e infraestructura. A ello, se suman las leyes y prácticas discriminatorias, y los nocivos estereotipos de género que persisten en la sociedad.
“Las mujeres que sufren violencia obstétrica pueden padecer no solo consecuencias físicas (desde cicatrices en el cuerpo o incluso la muerte de ellas y su recién nacido), sino emocionales y psicológicas, como afectaciones temporales o permanentes de la salud mental y el desapego del bebé o de la pareja”, afirmó Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, también durante el webinar.
De otro lado, durante la pandemia, los esfuerzos del sistema de salud se han concentrado prioritariamente en pacientes con COVID-19, lo cual ha originado que las pacientes para atenciones obstétricas eviten asistir a los establecimientos por temor al contagio.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha recomendado al Ministerio de Salud (Minsa) fortalecer las capacidades en el personal de salud para mejorar la atención de la salud materna, con enfoques de interculturalidad, interseccionalidad y de género y poniendo énfasis en los alcances del consentimiento libre, previo e informado como un derecho humano.
Asimismo, el Minsa debe involucrar a mujeres y actores/as claves en los esfuerzos para mejorar el servicio, con la aplicación de instrumentos de derechos humanos de la mujer y normas de la Organización Mundial de la Salud. Además, urge actualizar y/o aprobar protocolos sanitarios y procedimientos hospitalarios que aborden los problemas señalados en relación a la violencia obstétrica y otras formas que afectan a las mujeres.
Finalmente, durante el webinar “Violencia obstétrica en el Perú”, la Defensoría recibió los aportes de representantes de la Mesa de vigilancia de los Derechos Sexuales y Reproductivos, del Minsa y del Colegio Nacional de Obstetras del Perú. Sin duda, la suma de esfuerzos es fundamental y reiteramos que el tema aún debe seguir siendo investigado para un camino sin violencia contra las mujeres.
Ver el informe “Violencia obstétrica en el Perú” en el siguiente link:
