Cuando los españoles se enfrentaban al ‘shock’ que supuso la irrupción de la pandemia de COVID-19, dos empresarios aprovecharon el caos para inflar los contratos de venta de mascarillas y darse una vida de lujo tras arrancar casi seis millones de euros en comisiones al Ayuntamiento de Madrid, según señala una investigación que la Fiscalía Anticorrupción puso este miércoles en conocimiento de la justicia.
Según la querella de la Fiscalía, los dos empresarios, el aristócrata Luis Medina y su amigo Alberto Luceño, que se presentaba como un experto en importar productos de Asia, vendieron material sanitario a Madrid por valor de 15,8 millones de euros en marzo de 2020.
Los dos contactaron con el Ayuntamiento utilizando como enlace a un primo del alcalde, José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular (PP), que les proporcionó el contacto de la empresa funeraria municipal, ante la que se ofrecieron para importar material sanitario con el supuesto ánimo de ayudar en momento difíciles. Sin embargo, la Fiscalía considera que su intención era obtener «un exagerado e injustificado beneficio económico» cargando unos precios completamente desproporcionados al consistorio.
De esta manera, consiguieron embolsarse casi seis millones de euros, un dinero que según la Fiscalía fue gastado de forma desenfrendada en lujos. Sus movimientos bancarios apuntan a que se los habrían gastado en una docena de coches de lujo –Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes, BMW, McLaren o Aston Martin…–, a lo que se suma la compra de una casa por más de un millón de euros o un yate de 325.000 euros. En adición, también gastaron el dinero en joyas –más de 42.000 euros en relojes Rolex– o estancias en hoteles de lujo a 10.000 euros por noche.
MATERIAL CARO Y DEFECTUOSO
El mayor de los contratos firmados por el consistorio muestra con claridad su modo de operar. Los empresarios cobraron 6,6 millones de dólares estadounidenses por traer a Madrid un millón de mascarillas FFP2, a un precio de 6,24 euros la unidad, cuando en otros lugares, como Barcelona o Zaragoza, por ejemplo, el coste no pasaba de 2,50 euros la unidad.
Según los cálculos de la Fiscalía, el coste real de las mascarillas en el mercado era de 2,6 millones, por lo que los empresarios se embolsaron casi cuatro millones de euros a modo de comisión sin el conocimiento del Ayuntamiento. En otro contrato, el Ayuntamiento pagó 4,2 millones de dólares por 250.000 test de anticuerpos, cuando en realidad valían 1,2 millones.
Además de cobrar precios desorbitados, los productos suministrados ni siquiera alcanzaban para satisfacer los estándares de calidad: solo 75.000 de esos test, menos de la mitad, tenían un nivel de sensibilidad aceptable. En otro de los contratos, el consistorio apalabró la compra por 5 millones de dólares de 2,5 millones de pares de guantes para equipos de protección. Aunque en este caso, el contrato no llegó a materializarse.
Según relata la Fiscalía, se trataba de «guantes de ínfima calidad y solo llegaban a la muñeca», por lo que no podían ser usados en los equipos de protección. Además, la funcionaria que trataba con ellos se percató de una cosa: en los supermercados de Madrid ya se vendían guantes a ocho céntimos de euro cada unidad, mientras que esos costaban dos dólares cada uno, por lo que el contrato acabó siendo cancelado.
COMISIONES DE HASTA EL 81%
En total se firmaron tres contratos. En el de las mascarillas, el 60 por ciento del coste total correspondía a las comisiones para el bolsillo de los empresarios. En el de los test, ese porcentaje era del 71 por ciento. En el contrato fallido de los guantes la comisión ascendía al 81 por ciento.
Tras salir a la luz estas informaciones, y aún a falta de saber si todo sucedió tal y como lo denuncia la Fiscalía, el alcalde de Madrid defendió su gestión señalando que él no influyó en la firma de esos contratos y subrayando que por el momento «no se está investigando a nadie del Ayuntamiento». De hecho, aseguró que el consistorio se personará en la causa como potencial víctima de una estafa.
Pese a negar cualquier tipo de irregularidad por parte del Ayuntamiento, el alcalde de Madrid afronta ahora una enorme presión política: los partidos de la oposición piden su dimisión y sus propios socios de Gobierno, la formación liberal Ciudadanos, le exigen poner en marcha auditorías independientes para saber por qué no saltaron las alarmas internas del consistorio durante la tramitación de contratos tan claramente fraudulentos.
Sea cual sea el desenlace del caso tanto a nivel judicial como político, la querella de la Fiscalía vuelve a levantar sospechas sobre posibles irregularidades en la compra de material sanitario en medio del caos que supuso la llegada del covid-19, un asunto que en febrero de este año ya causó una crisis política de primer orden en el Partido Popular, provocando la caída de Pablo Casado, líder del partido hasta hace unos días, por su batalla interna con la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras salir a la luz que su hermano se benefició de un contrato para la compra de mascarillas procedentes de China.
Con información de Sputnik
