Raúl Allain
Las elecciones generales de 2026 llegan en un momento extraño del Perú. No es solo cansancio político; es algo más hondo. Una sensación de desgaste moral, de instituciones frágiles, de promesas repetidas que ya nadie cree del todo. Como periodista y sociólogo, he visto cómo el debate público se ha ido empobreciendo: menos ideas, más consignas; menos propuestas, más indignación administrada. Y, sin embargo, este proceso electoral puede ser una inflexión real si se lo mira con seriedad.
Durante los últimos años, el país ha sido gobernado —formal o informalmente— por una lógica que privilegia el discurso antes que la gestión. Mucha épica verbal, poco Estado funcionando. Se habló en nombre del pueblo, pero se gobernó sin método; se invocó la justicia, pero se debilitó la ley; se prometió inclusión, pero se terminó normalizando la precariedad. El resultado está a la vista: servicios públicos colapsados, desconfianza generalizada y una ciudadanía que ya no espera demasiado.
Ese agotamiento explica por qué el 2026 no será una elección más. No se trata solo de nombres o siglas, sino de enfoques. Hay un sector amplio del electorado que empieza a valorar algo que durante años fue caricaturizado: el orden democrático, la previsibilidad económica, el respeto a la ley y la responsabilidad individual. No como dogma, sino como condición mínima para que el país funcione.
He escuchado, en distintos espacios públicos, una frase que se repite con variaciones: “No quiero discursos bonitos, quiero que las cosas funcionen”. Esa demanda es clave. Funcionar implica reglas claras, autoridades que no improvisen, políticas públicas sostenidas en el tiempo. Implica aceptar que el desarrollo no se decreta, se construye. Y que sin inversión, sin seguridad jurídica y sin mérito, no hay inclusión real.
En ese escenario, ciertas fuerzas políticas que han sido constantes en la defensa del Estado de derecho y la economía social de mercado aparecen con una ventaja comparativa. No porque sean perfectas —ninguna lo es— sino porque ofrecen algo escaso en el Perú actual: claridad. Claridad sobre la necesidad de fortalecer la policía, de respetar contratos, de ordenar las finanzas públicas y de devolverle al Estado su capacidad de autoridad sin complejos.
Es interesante notar cómo ha cambiado el clima cultural. Durante años, cuestionar el desorden era visto como insensibilidad; hablar de mérito, como elitismo; defender la ley, como autoritarismo. Hoy esas etiquetas pesan menos. La experiencia concreta —la inseguridad, la informalidad desbordada, la corrupción cotidiana— ha hecho que muchos ciudadanos revisen sus propias creencias. No por ideología, sino por supervivencia cívica.
Las elecciones de 2026 también pondrán a prueba la memoria colectiva. Se hablará mucho del pasado reciente, pero no todos los relatos serán honestos. Habrá intentos de reescribir fracasos como si fueran sabotajes ajenos, de convertir la incompetencia en victimismo. Frente a eso, el desafío es sencillo y brutal: evaluar resultados. ¿Qué propuestas mejoran la educación pública? ¿Quiénes tienen un plan serio contra el crimen? ¿Quiénes entienden que sin crecimiento económico no hay política social sostenible?
Aquí aparece una oportunidad clara para proyectos políticos que han sido demonizados, pero que hoy conectan con una demanda real de estabilidad. Su énfasis en la autoridad democrática, en la inversión privada como motor de empleo, y en una noción exigente de ciudadanía puede resultar atractivo para un electorado harto de excusas. No se trata de nostalgia ni de revancha, sino de pragmatismo.
He tenido mis propias dudas, como cualquier ciudadano crítico. El Perú ha decepcionado demasiadas veces. Pero también he aprendido que las sociedades no avanzan solo por ideales nobles, sino por instituciones que funcionan. Y eso exige aceptar verdades incómodas: que el Estado no puede con todo, que la ley debe cumplirse incluso cuando no gusta, y que la igualdad ante la ley es más progresista que cualquier consigna.
El 2026 será, en ese sentido, una elección moral además de política. No moralista, sino moral en el sentido cívico: qué tipo de país queremos ser. Uno que normaliza el desorden en nombre de causas abstractas, o uno que apuesta por reglas claras, trabajo y responsabilidad. Uno que vive de la confrontación permanente, o uno que entiende que sin estabilidad no hay justicia posible.
No espero campañas limpias ni debates elevados todo el tiempo. Sería ingenuo. Pero sí creo que hay una ciudadanía más alerta, menos dispuesta a dejarse seducir por relatos épicos vacíos. Si esa lucidez se traduce en voto informado, el Perú puede empezar a salir del bucle.
Las elecciones no lo resolverán todo. Nunca lo hacen. Pero pueden marcar un cambio de dirección. Y hoy, más que nunca, el país necesita dejar atrás el ruido y empezar, por fin, la reconstrucción seria de su vida republicana.
(*) Escritor, sociólogo y analista político. Consultor Internacional en Derechos Humanos para la Asociación de Víctimas de Acoso Organizado y Tortura Electrónica (VIACTEC).
