Guillermo Olivera Díaz*
En mis andanzas de lector me he topado con una frase insólita, quizá calculada e inducida por Keiko misma o por su cazurro entorno, que busca a gritos anidar benevolencia donde no la hay, del sonoro congresista amazonense Héctor Becerril Rodríguez: “…el Perú tiene que agradecerle al fujimorismo el otorgamiento de facultades”. ¡Sin cuajo, él debe agradecer a quien le paga!
Tal expresión, óntico-ontológicamente vista, no resiste el menor análisis crítico, tal vez porque su autor es químico farmacéutico; ergo, está perdido en la maraña del ordenamiento jurídico nacional ¿Agradecerle, el país, a quien realiza su trabajo habitual normado, puntualmente pagado y cumple, en adición, una figura jurídica laboral, entre muchas otras, prevista en la Constitución Política? Nada hay que agradecer, al funcionario rentado que cumple su trabajo-obligación, por el altísimo sueldo que recibe, cada mes, y que ejercita una facultad constitucional de delegar en el Poder Ejecutivo la ¡facultad de legislar!, tal como lo permite y describe, con suma claridad, el artículo 104° de la Constitución Política.
Dicho numeral señala: «El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa».
En consecuencia, el fujimorismo en sus horas de trabajo, todas pagadas, ha ejercitado una previsión constitucional. Ha hecho lo que prevé y norma la Constitución y no otra cosa. Ha cumplido, pues, a rajatabla, un claro mandato constitucional y no una discreción libérrima o algo que le vino en gana por su aparente bondad y voluntad. Esa delegación al Ejecutivo para legislar, tal como lo hace cualquier Congreso, es una figura jurídica que contemplan las diversas cartas políticas del mundo. No es, por ende, una liberalidad del fujimorismo, o cosa parecida, que el país que le paga tenga que agradecerle.
En el fondo, ejecutar el trabajo congresal de “delegar facultades legislativas”, para que otro órgano, del mismo Estado, también facultado constitucionalmente, las realice, es desprenderse y aminorar el propio trabajo, dejar de cumplir obligaciones propias para que alguien diferente las asuma, más velozmente y mucho mejor que quien las delega. El país busca que uno u otro órgano estatal las cumpla, le es indiferente quién, por eso las regula, para cuyo fin ambos órganos están remunerados y los dos entes son elegidos por el pueblo, son mandatarios.
Por lo tanto, al país, el indiscutido mandante, hay que agradecerle que paga cumplidamente para que ese rol de delegar se materialice, ojalá sin dilaciones que linden con el manoseo, como es que un proyecto de ley de delegación pase por el tamiz de 11 comisiones, donde la especialización escasea y la desmesura brilla. Sin embargo, el conspicuo Becerril pretende un agradecimiento al revés: ¡que el país agradezca al fujimorismo!, expresión que suena a dislate risible, a desbarre mayor, o a una viveza criolla que busca echar tierra a los ojos de los incautos y fanatizados que abundan. ¡Una propaganda subliminal!
Del mismo modo, si el juez penal ha sido diligente en ajustarse a los términos procesales y finalmente dictar la sentencia absolutoria, debidamente motivada, que me corresponde, porque soy inocente, no tengo que agradecerle, pues, ha cumplido su obligación, por el estipendio que recibe. ¡Lo propio sucede en esta publicitada delegación de facultades legislativas!
¡Que a Becerril Rodríguez, antes congresista por Amazonas y ahora por Lambayeque, le agradezca su abuelita y también Keiko Fujimori, por su sonoridad y encubrimiento!
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