La tarde del pasado viernes 19 de abril, mientras muchos probablemente tomaban un descanso por los días feriados de Semana Santa, se producía un incendio de proporciones en el cercado de Lima, el cual movilizó a una importante cantidad de bomberos que tuvo grandes dificultades para llegar al lugar del siniestro debido a las características de la zona en la que se producía. En horas de la noche del mismo Viernes Santo, se informaba que el incendio estaba fuera de control y se requería la participación de todas las unidades de bomberos de Lima y Callao. Luego de una ardua labor, se confirmó que el siniestro venía siendo controlado y se contó en el lugar con la presencia no solo del alcalde metropolitano, Jorge Muñoz, sino también del presidente Martín Vizcarra, y los ministros del Interior y Salud quienes brindaron sus declaraciones manifestando preocupación por lo sucedido. Si bien este hecho no cobró vidas humanas, los primeros momentos hicieron recordar la tragedia ocurrida en la misma zona hace 18 años, cuando en un gran incendio perdieron la vida 267 personas según cifras oficiales, demostrando el alto nivel de vulnerabilidad y poca preparación por parte de todos los ciudadanos para enfrentar los peligros que se pueden producir por la falta de implementación de medidas mínimas de seguridad.
Este tipo de problemas son, lamentablemente, más recurrentes de lo que podríamos imaginar, ya que desde abril del año pasado hasta la fecha, se han producido por lo menos 19 siniestros de consideración entre Lima y Callao, sin que esto haya servido para evaluar la pertinencia y capacidad de las unidades, gerencias o direcciones de gestión de riesgo y de Defensa Civil que operan en cada una de las municipalidades del conurbado metropolitano Lima Callao, en materia de asesoría y control de los protocolos de seguridad necesarios ante la ocurrencia de un siniestro.
Más allá de la estrategia de inspección y suspensión de licencias de funcionamiento a infractores de las normas o la propuesta de reordenamiento que se viene ejecutando desde hace un par de semanas en la zona del siniestro, el problema de fondo que muestra este caso, es el de una pugna entre fiscalizadores ediles que tienen una serie de normativas estandarizadas para que todos cumplan —sean grandes o pequeños comercios con gran o poco flujo de personas— y, por otro lado, un grupo de comerciantes que lo único que ven es exigencias y sanciones que consideran exageradas para la labor y actividades que realizan. Este hecho genera confrontación y tensión sobre deberes y derechos en una ciudad donde nunca se ha discutido a profundidad cuáles son los parámetros sobre los que vivimos en esta metrópoli; sobre todo, porque no hemos podido evaluar con mayor objetividad la pertinencia de los requerimientos que se solicitan, más allá de que tanto propios como extraños lo ven como una lista de cumplimiento y no como medidas de prevención reales que nos puedan servir ante la ocurrencia de un peligro.
Hay que destacar también, que de nada servirá que se genere un plan de reordenamiento en Mesa Redonda si no se entiende lo mencionado en el párrafo anterior. Claro ejemplo de ello es lo ocurrido hace algunos meses cuando se realizó un plan de erradicación de ambulantes en Gamarra, el cual lo único que ha conseguido es generar el traslado de ambulantes a las afueras de este damero comercial, con los problemas de tránsito y congestión que se generan alrededor del mencionado emporio comercial textil.
Por eso, es necesario que se entienda que el problema de la gestión de riesgos no es un tema de licencias y permisos, sino de compromisos asumidos por los ciudadanos para hacer de nuestro hábitat un lugar seguro, mientras que esto no se comprenda de esta manera, seguiremos siendo testigos de tragedias que cada cierto tiempo nos estamos acostumbrando a lamentar.
desco Opina – Regional / 3 de mayo de 2019
