Aprodeh, terrorismo y ridículo

Sigue causando revuelo y controversia la decisión del Parlamento Europeo de no poner al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la lista de organizaciones terroristas. En este resultado desagradable para el Perú influyeron dos elementos: a) la carta dirigida por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh); y b) la confusa actuación de la embajada peruana en Bélgica. Para agravar la situación, los miembros del Parlamento Europeo que están estos días en Lima se niegan a cambiar —al menos por ahora— la decisión: hasta nuevo aviso, el MRTA no figurará en la lista de organizaciones terroristas del Parlamento Europeo.

En este caso, también ha jugado en contra del Perú el hecho de que el presidente Alan García y el vicepresidente Luis Giampietri estén envueltos en imputaciones por el asesinato en junio de 1986 de 300 acusados por terrorismo, con el agravante de que la matanza ocurrió cuando Lima era sede de un congreso de la Internacional Socialista. La abstención de varios presidentes o jefes de estado europeos puede explicarse no sólo por este trágico antecedente, sino además por el reciente anuncio del gobierno peruano de movilizar fuerzas militares en lugares que no son zona de emergencia. Esto último permite comprender la abstención de mandatarios europeos, que temen llegar otra vez a un país en que el gobierno anfitrión puede perpetrar acciones tan violentas y criminales como las de 1986.

Al error de la Aprodeh con su carta al Parlamento Europeo, se suman los desplantes que sufre el Perú (negativa del Parlamento Europeo de variar su posición sobre la lista y la no llegada al Perú de importantes jefes de estado), que lamentablemente es visto como una república bananera, en la que puede ocurrir cualquier cosa: masacres, actos corruptos, declaraciones mentirosas, maquillaje de la pobreza, etc.

La lección que se saca es que el mundo no está pendiente de los movimientos terroristas peruanos ni le importa mucho saber si están activos o no. Los 60 000 muertos peruanos en 20 años de guerra subversiva impresionan a los europeos tanto como los 800 000 mil ruandeses asesinados en seis meses en 1994. Es decir, tan tercermundista es el Perú como Ruanda, y el número de sus masacrados —en eso nos llevan gran ventaja los ruandeses— no hace cambiar a los europeos su percepción de que el movimiento terrorista principal —y del que, para ellos, vale la pena ocuparse— es Al-Qaeda.

Combate al terrorismo

La situación actual en el Perú, si nos atenemos a anuncios oficiales, es que Sendero continúa en actividad, mientras que del MRTA no se conocen atentados o movilizaciones luego de la toma de la residencia del embajador del Japón. Si por ahí dicen que hay columnas del MRTA preparándose o listas para la acción, ¿qué esperan que no mandan soldados para combatirlas? ¿Estarán esperando que chamanes o espiritistas las encuentren, si están muy escondidas?

Mucho del problema y disputas que hay respecto del terrorismo y de la defensa de los derechos humanos surge de imprecisiones y manipulaciones conceptuales y del carácter verdaderamente proterrorista de quienes deben combatir este flagelo. En el campo de batalla de una guerra antisubversiva hay dos elementos en pugna: el terrorista y el militar o policía. Ante la ley, ¿qué clase de persona es el terrorista? Es un delincuente que mata, causa destrucción y genera temor; es un enemigo de la sociedad. El terrorista dice ser un luchador social, pero ¿quién lo ha elegido?, ¿cómo así representa a los pobres y explotados? Simplemente se proclama defensor de los pobres y desposeídos y arranca con sus acciones terroristas (mata, incendia, dinamita, secuestra, extorsiona, roba). En síntesis, el terrorista es un delincuente capaz de las peores acciones; es peor que cualquier delincuente común.

Frente al terrorista tenemos al militar o al policía, que no usurpan ninguna representación, son agentes y representantes del estado, que actúan en defensa de la sociedad; además su función y su actuación reflejan —o deben reflejar— valores como la disciplina, la veracidad, la honradez, el respeto por los derechos humanos; son la antítesis de los terroristas. Porque siendo los terroristas la clase de delincuentes que son, nadie cree o acepta que son portadores de valores positivos; al contrario, son una nefasta suma de antivalores. Entonces, ¿por qué desde tiempo de la prensa corrupta de Fujimori se sigue diciendo que los terroristas son violadores de los derechos humanos?, ¿a alguien se le ocurre que esos malhechores defienden o deben defender derechos humanos? ¡Que sepamos, ningún delincuente, terrorista o no, es defensor de los derechos humanos!

Esa distorsión conceptual de los que piden a los terroristas respetar los derechos humanos esconde en el fondo una intención proterrorista. Porque lo único correcto que se puede hacer con los terroristas es aplicarles la máxima pena y no perderse en chácharas que dan a los peruanos fama de retrasados mentales. Si se pide que los terroristas defiendan los derechos humanos, ¿por qué no criticar o exhortar de igual manera a secuestradores, violadores o asesinos? Consecuentemente, al no tomar las medidas para aplicar la máxima condena a los terroristas homicidas, se les reconoce el derecho de seguir viviendo luego de matar a otros; eso es conducta proterrorista. Tampoco es el caso de que por ser terroristas hay que matarlos extrajudicialmente, porque eso es ponerse en su mismo nivel de terroristas y crear problemas al Perú por indemnizaciones, desprestigio, etc.

Sin embargo, en el caso de los militares y policías existe un violador de sus derechos humanos, es el Estado que los ha abandonado con escasa o ninguna ayuda después que han sido víctimas de mutilaciones.

El tema de la pena de muerte debe tratarse con cuidado, sin demagogia, sin engaño. Con las leyes actuales, no se puede aplicar la pena de muerte a nadie. Pero hay que dar los primeros pasos, hay que exigir al presidente Alan García que cumpla su promesa de establecer en el Perú la pena de muerte, empezando por gestionar el retiro del Perú de los pactos de Costa Rica, convocando un referéndum —ya sabemos que al menos 90% de los peruanos desea la implantación de la pena de muerte— y finalmente aprobando en el Congreso la ley en los plazos señalados (que se ratifique en dos legislaturas, etc.).

Implantar la pena de muerte sería una muestra concreta de que el gobierno es sensible al clamor popular, que pide quitar la vida a asesinos y corruptos. Como los peruanos a veces imitamos cosas de afuera, tengamos en cuenta que los gobiernos de los EE. UU. de Norteamérica, la República Popular China, el Reino de Arabia Saudita y la República Islámica de Irán son países en los que se oye la voz del pueblo, que desea ver que se aplique la pena de muerte. Sólo hay diferencias: en los EE. UU. las ejecuciones no son públicas, pero en algunos estados invitan a la familia de la víctima a espectar la muerte del asesino; en la República Popular China, en el Reino de Arabia Saudita y en la República Islámica de Irán la tendencia es que los ajusticiamientos sean públicos. Hace pocos años la prensa mostró una original manera iraní de ejecutar: a un violador le pusieron en el cuello una soga que pendía del brazo de una gran grúa hidráulica (esas que se usan en construcciones) y fueron levantando el brazo de la máquina hasta que alcanzó unos 30 metros… ¡la foto mostraba el empequeñecido cuerpo del delincuente, colgado bien arriba del suelo!