Tenemos un país paralizado. La inversión estatal se ha retraído considerablemente en el territorio a raíz de los casos de corrupción develados a todo nivel; sumado a ello tenemos conflictos latentes que no están siendo debidamente atendidos por el gobierno, acumulándose la presión que amenaza con desbordarse cada vez con mayor frecuencia. Ya sucedió con los productores de papa hace poco y, lo veremos muy pronto en Melgar y Lampa (Puno) y en Islay (Arequipa), si el gobierno no se manifiesta con firmeza demostrando que son más importantes los habitantes de estas zonas que el empresariado minero; sobre todo cuando se trata de conflictos socioambientales, que equivalen al 69% del total de conflictos registrados a enero de este año por la Defensoría del Pueblo.
La contaminación en ríos de Puno a raíz de las operaciones de la empresa minera Aruntani tiene una larga data. Tenemos noticias desde el 2012, cuando la empresa denunció a un dirigente social por acusarla sin pruebas de contaminar los ríos cercanos a causa de la intervención de su proyecto Arasi. El 2016 el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) dictó otra medida preventiva contra Aruntani para detener la contaminación del río Chacapalca, ubicado en el distrito de Ocuviri, provincia de Lampa. Hasta el año pasado Aruntani ha merecido hasta cuatro de estas medidas por contaminación en esa zona. Asimismo, en la provincia de Melgar, la vulnerabilidad de la cuenca LLallimayo debido a la contaminación producida por esta minera, tiene alarmada a la población y a sus autoridades. La muerte de cientos de peces en el río Llalimayo –hace pocas semanas– ha sido el detonante para que la población de la cuenca anuncie el inicio de una huelga indefinida, cansados de la indiferencia e inacción de las autoridades de la Mesa de Diálogo instalada por el gobierno desde el 2016 para abordar los problemas socioambientales de la cuenca. Al parecer, la empresa Aruntani seguirá contaminando, pues ni las medidas sancionadoras de la OEFA ni de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), han sido suficientemente disuasivas para impedir sus malas prácticas.
En Cocachacra, en el valle de Tambo, los ánimos siguen caldeados por el inminente inicio de operaciones del proyecto Tía María de Southern Perú Cooper Corporation. Los pobladores temen que ello afecte irremediablemente el valle, una de las despensas alimentarias de la región. Ni la declaración de la Gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, afirmando que aumentó la confianza por el proyecto en Cocachacra, ni la de Oscar Rocha, presidente de Southern, asegurando que ya cuentan con la licencia social para iniciarlo, han apaciguado el miedo de la población por las consecuencias que tendría Tía María en operación. Los antecedentes de la empresa en el valle por los estragos causados años atrás por la Fundición de Ilo en sus terrenos agrícolas tienen aún un peso enorme, y eso hasta ahora no parece haber sido entendido por el gobierno en su real dimensión. En Islay instaló una Mesa de Desarrollo en el 2015, cuyos resultados desconocemos, porque han sido poco difundidos por los medios de comunicación del Estado. Así las cosas, la población de diversos distritos del valle, participó hace unos días en una marcha de protesta ante el anuncio del inicio de operaciones de la empresa en julio próximo, razón por la que están evaluando acatar una nueva huelga indefinida.
En una reunión en Arequipa, Rolando Luque Mogrovejo, quien se desempeñaba como Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) del gobierno, reconoció que uno de los más grandes problemas en la resolución de conflictos en el Perú, es que los acuerdos tomados en las mesas de diálogo no se materializan en su totalidad. Y es que –por lo visto hasta ahora– la política estatal en resolución de conflictos, se ha limitado a poner un parche al problema y seguir adelante. O peor aún, hacer uso de los estados de emergencia para inmovilizar a la población que tenga algún reclamo legítimo contra una empresa minera, como está sucediendo actualmente en el corredor vial minero Arequipa-Cusco-Apurímac.
Es preocupante la inacción del gobierno ante estos grandes conflictos por estallar. En el caso del proyecto Tía María, dada la recuperación del precio del cobre en el mercado, el gobierno ha reforzado sus muestras de interés por sacarlo adelante, antes que preocuparse por resolver los reclamos de la gente del valle. La desconfianza está creciendo. No se equivoquen otra vez.
desco Opina – Regional / 23 de febrero de 2018
