Bajo el título Comisión Andina de Juristas: ¡bastantes y odiados dólares!* se publicó el 1-2-2006, un interesante texto que se explica por sí mismo, con lujo de detalles. Con precedencia de dos décadas, se reveló el modus operandi de una importante organización.
“La ONG particular y fautora de muchos recursos de Niño Diego García Sayán es cualquier cosa menos una organización pobre o carente de recursos. Según la ficha registral 5487 del 25 de octubre de 1982, entonces, la CAJ tenía: “32 computadoras, 4 impresoras láser, 5 impresoras de inyección de tinta; los vehículos propios camioneta Jeep Cherokee placa RIL-446 y otra, también, Jeep Cherokee, placa RGV-138”.
Integran, entre otros, la nómina de Consejo Directivo y Asociados: Enrique Bernales Ballesteros, el propio Diego García Sayán, Francisco Eguiguren Praeli, Beatriz Merino Lucero y Allan Wagner Tizón.
Aparentemente la gestión gerencial de la CAJ empezó a dar resultados más o menos interesantes a partir de 1998. Ese año, recibió como recursos financieros la suma de US$ 916,036. Al año siguiente, 1999, US$ 898,474.20. Las cosas mejoraban y en el 2000, se alzaron con la impresionante cifra de US$ 1’444,619. En régimen muy óptimo el 2001, recaudaron 1’147,738. En el 2001, US$ 1’031,656. Sumados todos estos esfuerzos dan el total de US$ 5’435,523.20. ¡Bastantes y odiados dólares!
En esos años acometieron diversos proyectos: Promotores para la capacitación en justicia de Paz; Protección Judicial de los derechos humanos a partir de la Red de Información Judicial Andina; Debido proceso y Defensoría del Pueblo: propuesta para la elaboración de mecanismos de supervisión y reforma de los sistemas de justicia; Promoción de la Democracia y los derechos humanos en la región andina; Fortalecimiento de los derechos humanos y del Estado de Derecho en la Región Andina; Manual for Congressional Representatives; Congress and the public problems and Alternatives, Parliament and the public; La corrupción en el sistema judicial peruano, análisis y propuestas de control; Corrupción en el sistema judicial peruano: análisis empírico, propuestas de reformas y promoción de la vigilancia ciudadana del Poder Judicial; Fortalecimiento de la Comisión de Quejas de la Judicatura del Ecuador.
Entre las organizaciones aportadoras o sufragadoras se puede mencionar: National Endowment for Democracy-EEUU; ASDI-Suecia; ICCO/Holanda; Fundación Ford; UNESCO; COSUDE (Suiza y cooperación externa); ASDI/Suecia; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Ministry for Foreign Affairs of Finland; USAID/OTI; Fundación Esquel.
Es importante recordar que el apego a los derechos humanos se graficó muy bien cuando la CAJ del demócrata Diego García Sayán, no dudó en ofrecer sus servicios al Poder Judicial de la dictadura delincuencial de Kenya Fujimori. Y recibir, a cambio, importantes sumas de dinero por servicios de la más alta calidad intelectual y jurídica. Al menos puede decirse que esta es una forma poco ortodoxa de aportes intra-institucionales.
En el proyecto Plan Trienal de la CAJ-Año 2003 ene-dic y cuyo responsable fue Enrique Bernales Ballesteros se lee que obtuvieron de fuentes cooperantes la suma de US$ 1’611,316 de odiadísimos e imperialistas dólares. Los aportantes fueron: Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional; Fundación Ford, ICCO-Holanda; Fundación Esquel-EEUU; National Endowment for Democracy-EEUU; Embajada de Finlandia en Perú; Save the Children-Suecia; Corporación Andina de Fomento.
Se estableció entre los objetivos generales y en el ámbito de la democracia, fortalecer el conocimiento y capacidad de influencia en formadores de opinión y hacedores de política en cuestiones relacionadas con el desarrollo y eficacia de las instituciones democráticas; se propuso en el campo de justicia, incrementar la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y el uso de las decisiones y jurisprudencia internacional; se alentó en términos de derechos humanos, la actuación de instituciones públicas que trabajan a favor de la vigencia de los derechos humanos tales como Defensorías del Pueblo y los Tribunales Constitucionales; en cuanto a comunicaciones se alentó el refuerzo de la estrategia comunicacional de la institución por medio de su Centro de Información y Documentación.
Por si fuera poco, last but not least, el Proyecto Plan Trienal 2004-2006 del 1 de enero del 2004 al 31 de diciembre del 2006, prevé un presupuesto total de US$ 1’206,025 y entre las fuentes cooperantes está la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo; Fundación Ford, Organización Intereclesiástica para Cooperación al Desarrollo, ICCO-Holanda; Fundación Esquel; Embajada de Finlandia en el Perú; Save the Children-Suecia; Corporación Andina de Fomento; Cooperación Canadiense; GTZ-Alemania. Los nombres son recurrentes y las bondades sumamente prodigiosas.
La identificación temática se refiere a los sectores Justicia, Poder Judicial, Relaciones Exteriores y entre los beneficiarios se nombra a órganos de administración judicial; Defensoría del Pueblo; Tribunal Constitucional; Congreso; organizaciones de derechos humanos; facultadees de Derecho de las universidades; medios de comunicación; organizaciones dedicadas a promover el control de drogas y otras organizaciones defensoras de la democracia y el respeto a los derechos humanos.
¿Qué dice la ONG CAJ de los varios millones de dólares que entregó USAID al consorcio del cual forma parte con otros organismos y que tenía como propósito el diagnóstico del sistema democrático y demás variantes, de poco tiempo atrás?
Cada quien saque su propia conclusión. Lo importante es conocer de fuentes directas y literales cuánto recibieron ciertas entidades que como la CAJ, parecieran tener pactos y gozar de favoritismos a la hora del reparto de dólares. Que se sepa, estos documentos, que NO son secretos, han pasado desapercibidos para la opinión pública”.
04.03.2026
hcmujica@gmail.com
*Publicado originalmente en la Red Voltaire el 1-2-2006 http://www.voltairenet.org/Comision-Andina-de-Juristas
