Por Mg CPCC Luis Alberto Latínez Carpio*
La reanudación del contrato que se celebró en el año 2013 entre la Municipalidad de Lima Metropolitana (Alcalde Susana Villarán) y la empresa Graña y Montero, para que se encargue del diseño, construcción, operación y mantenimiento del proyecto Vía Expresa Sur -que ampliará la Vía Expresa hasta la Panamericana Sur- valorado en 230 millones de dólares, estaría sobrevalorada.
El relanzamiento de esta obra por el Alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, encargándole su ejecución a la corrupta empresa Graña y Montero y además entregándole en concesión el peaje, preocupa, porque habría indicios de corrupción.
La Contraloría General de la República (CGR) debería intervenir de inmediato para evitar que se concrete un nuevo acto de corrupción.
También debería intervenir de oficio la Fiscalía Anticorrupción o van a esperar que se concrete la corrupción para recién intervenir?
La Procuraduría Anticorrupción debería denunciar estos hechos ante la Fiscalía de la Nación para que proceda a investigar
De acuerdo a lo manifestado por el congresista, Víctor Andrés García Belaunde: lo que cuesta en EE.UU de Norteamérica un (1) millón de dólares por construir un (1) Km de carretera, en nuestro país nos van a cobrar 40 millones de dólares por cada Km construido. Esta apreciación ha sido confirmada por los especialistas, quienes han afirmado que lo máximo que se ha pagado en nuestro país por Km construido es de tres (3) millones de dólares, lo cual fue un exceso. En Indoamérica (América Latina) el promedio por construir un Km de carretera es de un (1) millón de dólares.
Además, a la corrupta empresa Graña y Montero les van a concesionar por cuarenta (40) años dos (2) Peajes.
Está demostrado que en todos los peajes concesionados, el inversionista recupera su inversión en menos de cinco (5) años. Es decir, de los cuarenta (40) años concesionados, en cinco (5) años recupera su inversión y los treintaicinco (35) años restantes es de ganancias.
Como los gobiernos de turno ya no tienen nada que privatizar, pues Fujimori privatizó todas las empresas del Estado, lo único que les queda es concesionar, que es otra forma de privatizar.
Lo más recomendable es que el Estado administre los peajes, porque no tiene afán de lucro, lo cual difiere de la empresa privada, cuyo afán es el lucro. Algo más, el peaje cuando lo cobra el Estado no está afecto a impuestos, pero cuando lo administra la empresa privada esta afecto al impuesto a la renta y al impuesto general a las ventas, elevándose considerablemente su precio.
De acuerdo al 2do párrafo del artículo 60.° de la Constitución Fujimorista el Estado está impedido de incursionar en la actividad empresarial, salvo que sea de interés público o conveniencia nacional. Transcribo el 2do párrafo del artículo 60.° de la Constitución:
Artículo 60.- Pluralismo Económico
……… Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.
Actualmente la clase política está reformando (“parches”) la Constitución Fujimorista, pero ninguna de las bancadas representadas en el Congreso de la República está proponiendo, lo más importante, cambiar el 2do párrafo del artículo 60.° para que el Estado, pueda participar en la actividad empresarial.
El objetivo de cambiar el 2do párrafo del artículo 60.° es para que el Estado pueda regular el mercado, compitiendo con la empresa privada y de esta manera bajar los costos, que es lo que no sucede actualmente.
* Asesor y consultor de empresas
- Especialista en Tributación
- Auditor Independiente
- Presidente del Centro de Investigaciones Contables y Tributarios
- Past-Decano del Colegio de Contadores Público de Lima (CCPL)2007-2009
- Past-Director de Defensa Profesional del CCPL 2001-2003
- Ex-Jefe SUNAT
- Ex-Presidente del Instituto de Administración Tributaria (IAT)
