Por Jans Cavero*
La salida a la crisis planteada por el Presidente Vizcarra resulta necesaria aunque insuficiente para superar la descomposición moral que atraviesa el país.
¿En qué país estamos? Desde un Presidente de Federación de Fútbol imputado por asesinato hasta congresistas blindados por la inmunidad parlamentaria, jueces y fiscales supremos imputados por corrupción, ex Presidentes de la República fugados y casi presos, alcaldes y gobernadores con procesos penales, ex consejeros de la magistratura traficantes de cargos, ex ministros y altos funcionarios del Estado involucrados en Lava Jato y en bandas criminales como los Cuello Blanco.
¿Es esto normal? No. Estamos en un país enfermo y no queremos admitirlo. ¿A quién le importa si Chávarri ha cometido delito de encubrimiento real, asociación ilícita para delinquir, tráfico de influencias, o el delito que fuere? ¿Al Congreso?, ¿A la ciudadanía? No. Eso será relevante para fiscales, jueces y otros operadores de justicia, que deben perseguir el delito, acusar y sancionar ejemplarmente.
A la sociedad, en cambio, le interesa un fiscal supremo intachable, un ministro incuestionable, un vocal supremo probo, un Parlamentario con reputación moral. Si estas calidades no concurren en un alto funcionario del Estado, la inhabilitación, suspensión o destitución debe ser automática, sin ambages. ¿Qué país contemporáneo, democrático y desarrollado tiene en su alta dirección pública a impresentables? ¿Dinamarca, Canadá, Suecia, Noruega o Alemania?
Posterior al anuncio presidencial, los interpretadores de la nada han salido a decir que se trataría de una primera cuestión de confianza y no de la segunda, pues computan el número de solicitud de confianza en función de la persona que ejerce el mandato de gobierno y no en función del gobierno elegido como tal para el periodo 2016-2020. Por lo tanto, no habría habilitación constitucional para disolver el Congreso.
Esta interpretación auténtica resulta inaceptable. Si fuera así, estaríamos hablando de varias negaciones de confianza sin posibilidad de cerrar el Congreso, pues cabría la posibilidad de una negación de confianza al gabinete del Presidente, otra denegación al del Primer Vicepresidente que habría asumido el gobierno, otra al del Segundo Vicepresidente, en ausencia del primero, y así sucesivamente. Estamos ante un solo gobierno, independientemente de las sucesiones que se puedan haber dado. Por lo tanto, si hay 2 negaciones de confianza a dicho gobierno, independientemente de quien esté ejerciendo el mandato, el Presidente de la República tiene potestad constitucional para disolver el Parlamento.
Según las reglas de juego, la cuestión de confianza puede presentarla el Presidente del Consejo de Ministros, a nombre del Consejo en su conjunto, o cualquiera de los ministros. Será debatida en la misma sesión que se plantea o en la siguiente. Si la cuestión de confianza es presentada por el Presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto, y ésta le fuera rehusada, se producirá la crisis total del gabinete. En este contexto, Vizcarra debe disolver el Congreso a través de un decreto de disolución, el cual contendrá la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. De este modo, las elecciones se realizarán dentro de los 4 meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente.
No somos futuristas, por cierto, pero ante un cierre congresal seguiremos viendo las mismas caras que ayer blindaron groseramente a Chávarri. La cúpula aprofujimorista representada por los Mulder, Beteta, Salgado, Becerril, Vilcatoma, Aramayo, Bartra, entre otros miembros de la Comisión Permanente seguirán ahí, porque esta comisión no puede ser disuelta, sino hasta que se elijan a los nuevos representantes políticos.
En un supuesto nuevo proceso electoral, ¿volveremos a equivocarnos en la elección? ¿Quién sabe? El soberano es y ha sido siempre impredecible.
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