Hace 10 años se estableció el diseño institucional para la realización del proceso de descentralización. Este diseño contemplaba básicamente cuatro etapas: la primera referida a la instalación y organización de los gobiernos regionales y locales (transferencia de los CTAR), marcada por la realización de elecciones para conformar los Gobiernos Regionales en el 2002; la segunda establecía la conformación de regiones; luego de ello, se iniciaría el proceso de transferencia de competencias sectoriales, menos salud y educación, las que se transferirían en una cuarta etapa.
Sin embargo, el carácter progresivo del proceso fue dejado de lado, iniciándose las etapas de manera paralela. Como resultado tenemos que lo transitorio, las regiones (los gobiernos regionales, más precisamente) sobre departamentos, se ha convertido en una denominación permanente, ocasionando que los servicios públicos (cómo salud) no se brinden adecuadamente, o que sean de cuestionable calidad, debilitando lo que significa para los ciudadanos la presencia del Estado y, de paso, deslegitimando el proceso.
Las tres elecciones de presidentes y consejeros regionales cimentan la idea de una región sobre la base territorial del departamento, por ello plantear discusiones vinculadas a la integración regional ya no genera mayor entusiasmo en gran parte de los actores comprometidos con este objetivo. ¿En qué medida las autoridades regionales están dispuestas a perder el poder que los sustenta? En el 2005 se vio el despliegue de los actores que veían amenazada su situación y condición política y que ahora han echado raíces. Así las cosa, difícilmente se podrá retomar el proceso regionalizador.
Sin embargo, hay iniciativas encaminadas a lograr articulaciones regionales, por ejemplo las cuatro Juntas de Coordinación Interregional activas y varias mancomunidades interdepartamentales en el sur, que persiguen colaboraciones para la ejecución de proyectos y la promoción de la inversión en sus territorios. En esa medida funciona la relación entre los gobiernos regionales y, siempre que no se hable de ‘matrimonio’, todo pareciera funcionar bien. En la actualidad se evidencia un proceso de recentralización a partir de la creación de nuevos programas sociales, los que responden a la política nacional de inclusión social, cuya gestión responde a diseños de gestión desconcentrada antes que descentralizada.
No se percibe en el gobierno nacional una intención seria de retomar el proceso de descentralización, para lo cual será necesario, primero, renovar el compromiso estatal y social con el proceso, revisar y actualizar el marco legal de la descentralización, desarrollando con claridad las competencias de los tres niveles de gobierno, a partir de las cuales se podrá construir una gestión descentralizada. La aprobación del Plan Nacional de Descentralización permitirá contar con un instrumento orientador de la acción política para lograr la descentralización, el no hacerlo significará seguir andando a tientas y continuar al ritmo secular de un pasito pa´lante y uno (o varios) pasitos pa´tras.
desco Opina – Regional / 17de diciembre de 2012
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