El 21 de los corrientes, la Secretaria General del Sindicato de la Contraloría General de la República (SITRAIND CGR),Viviana Mondragón, fue agredida verbal y físicamente, la directiva de la entidad ejercía acción sindical legítima ante la concurrencia masiva y, sobre todo pacífica, de muchos trabajadores que estaban en el recinto.

El sindicato (SINTRACGR) al que pertenece la agresora, Vannesa Jiménez Martel, no se encontraba invitado ni autorizado a participar en la actividad desarrollada ese día. Pese a ello, se permitió su presencia dentro de un espacio institucional donde toda manifestación, concentración o altercado, está expresamente prohibido por el Reglamento Interno de Trabajo.

La agresión no fue cometida por cualquier persona. Fue perpetrada por la Secretaria General del otro sindicato (SINTRACGR) Vannesa Jiménez Martel quien, de manera unilateral, sorpresiva y violenta atacó físicamente a Mondragón, propinándole un golpe directo al pecho e intentando arrebatarle el teléfono celular, mientras registraba los hechos. Todo ello ocurrió ante numerosos testigos y personal de seguridad de la propia institución.

Este hecho reviste una gravedad mayor porque evidencia una quiebra del orden interno y plantea serios cuestionamientos. ¿Quién autorizó la presencia de dicha organización sindical dentro de las instalaciones y quién permitió estos desmanes en perjuicio de Mondragón?

La responsabilidad no se agota en la agresora. Existen indicios claros de presunta complicidad funcional, particularmente del área de seguridad y de la alta dirección, que facilitaron el ingreso, la permanencia y el desarrollo de una situación que derivó en violencia física contra una trabajadora y dirigente sindical.

Asimismo, trascendidos señalan que la licencia para permitir esta escandalosa irregularidad y el clima de confrontación, habría sido impulsada desde instancias de asesoría interna, mencionándose a la señora Ana Sánchez Lliuya, conocida en la institución como “asesora en la sombra”. Estos hechos, por su gravedad, deben ser investigados de oficio, sin excepciones ni encubrimientos.

Resulta inaceptable que personas sin cargo formal de decisión continúen influyendo, disponiendo y deshaciendo dentro de la Contraloría General, mientras se vulneran derechos fundamentales y se expone a la institución a un escándalo público que afecta directamente su imagen y credibilidad.

En este escenario, el Contralor General de la República está obligado a rendir cuentas. No solo por la agresión física consumada, sino por el uso indebido de las instalaciones, la permisividad institucional y la posible existencia de una cadena de responsabilidades que alcanza a la alta dirección.

¿Esquiroles o personal de matones entrenados para disuadir las legítimas protestas de los sindicatos y sus trabajadores? ¿Quién paga estas actividades más propias del hampa y de rompehuelgas profesionales? ¡Urge una investigación y el propio Contralor debía abandonar la pasividad para aclarar estos nefastos hechos ante la opinión pública!

La Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios y la Oficina de Integridad deben actuar de oficio, sin esperar más denuncias ni presiones externas. La omisión frente a estos hechos constituiría una forma de tolerancia institucional a la violencia y al hostigamiento sindical.

No se puede encubrir que trabajadores de la propia Contraloría protagonicen actos de violencia dentro del centro de labores, ni que estas conductas queden impunes. Lo ocurrido no solo vulnera la integridad de una dirigente sindical, sino que daña gravemente la imagen institucional del ente rector del control público.

La defensa de los derechos laborales no es delito. La violencia sindical no es tolerable. La institucionalidad se defiende actuando, no encubriendo.

Historia de agresiones

La suspensión de 365 días sin goce de remuneraciones impuesta a toda la Junta Directiva del SITRAIND CGR constituye una sanción desproporcionada, arbitraria y profundamente lesiva al ejercicio de la libertad sindical. Dicha medida, ya ejecutada en el caso de la Secretaria General, no solo afecta su derecho al trabajo y a la subsistencia económica, sino que revela una política de castigo ejemplar orientada a disciplinar y silenciar la representación legítima de los trabajadores.

El plantón del 21 de enero fue una protesta legítima, pacífica y plenamente justificada, realizada en defensa de los derechos de los trabajadores y en rechazo a una sanción que vulnera principios básicos de razonabilidad, proporcionalidad y debido proceso.

La movilización contó con el respaldo de la CGTP, la CTE y la CONACAS, lo que evidencia que no se trataba de un reclamo aislado, sino de una causa que involucra al movimiento sindical en su conjunto.

La protesta no se limitó a denunciar una sanción injusta. Fue también un grito colectivo frente al maltrato sistemático que padecen trabajadores y trabajadoras de la Contraloría en distintas regiones del país.

En provincias y departamentos enteros, los servidores públicos enfrentan condiciones laborales deplorables, discriminación interna, hostigamiento, precariedad logística y abandono institucional.

Frente a este escenario, la respuesta de la Contraloría ha sido una sórdida mudez. No hubo pronunciamiento oportuno, ni gesto de contención, ni garantía mínima de trato civilizado hacia sus propios trabajadores. El silencio institucional no es neutral: es una forma de consentimiento.

Protestar no es un delito. Lo verdaderamente grave es normalizar el abuso desde el poder.