DP: ¿y los 400 muertos de Mesa Redonda?

Sería harto interesante que la ciudadanía se enterara si esta misma persona, de oficio y por vocación de servicio a la comunidad y a los derechos ecuménicos y humanos de todos los peruanos, ha movido algún papel a favor de las víctimas de Mesa Redonda. Si no fuera así, de seguro que tiene una explicación, aunque no se entiende que la Defensoría del Pueblo se ocupe de casos minoritarios y no prodigue su mirada a casos en que centenas de hombres y mujeres del pueblo llano,
del tercer o cuarto Estado, frustran su proyecto de vida porque unos cuantos empresarios facinerosos descuidaron las medidas preventivas y simplemente dejaron que los compatricios se ―literalmente― achicharraran. ¿Qué puede informar Castañeda con tan eufónicas como abstrusas palabras e idénticos latinazgos y semántica tan baladí?

Dice Andina, como para demostrar la lógica contundente de su despacho que no “deja” huecos, “que a un pedido de intervención de los familiares de los 29 fallecidos en el incendio, la defensoría presentó ese mecanismo legal, dentro del proceso constitucional de amparo que se sigue contra la decisión de la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Lima –emitida el 25 de julio del 2008, por la cual se archivó la denuncia penal planteada contra dos de los directivos de la empresa
propietaria de la referida discoteca”. O sea, podrán decirnos, que los familiares de las víctimas de Mesa Redonda no se acercaron a solicitar que la DP intervenga para cualquier propósito, entonces, los brazos cruzados, el bla bla bla de palabras huecas, y a fin de mes el cobro de ingentes sueldos por su muy sacrificada labor a favor del pueblo. Curiosa concepción que invierte las cantidades y da prevalencia a las minorías minúsculas en detrimento y olvido de otras mayorías fenecidas
en idéntica circunstancia.

“La Defensoría afirmó que su intervención en este caso se justifica en el hecho de que la decisión, que se adopte en el presente caso trasciende el interés particular de los familiares de las víctimas, para vincularse directamente con un problema de indiscutible trascendencia general “que tiene como base la exigencia de la garantía del derecho a la debida motivación y su eficacia en el ámbito de las actuaciones de todos los órganos del Estado, dentro del cual también se encuentra el Ministerio Público”. Sea lo que signifique el trabalenguas burocrático precedente, conviene, otra vez, preguntar: ¿y qué hay de los juicios, procedimientos, casos penales o civiles que corresponden a los casi 400 caídos de Mesa Redonda? ¿o temen, los de
la DP ensuciarse los zapatos o colisionar con el proletariado urbano y ambulante que es por dónde discurre el pueblo llano que NO va a sus oficinas porque sabe que NO les van a dar la mano y que declina escuchar sus poemas leguleyos y cantatas teóricas al nacimiento de un nuevo Estado a partir de sus recetas bien pagadas?

Una lacerante realidad adviértese sin mayor esfuerzo de observación: ni siquiera en la muerte hay igualdad en Perú. Poco importa la Constitución y sus versos, hay una discriminación mental que ejerce poderosos y sobreentendidos como tácitos límites sobre qué se puede hacer como qué no. Por tanto, no debe parecer aberrante ocuparse de 29 fallecidos y olvidarse de casi 400. ¡Claro que ninguna argucia verbal o literaria de la Defensoría devolverá a la vida a los infortunados de Utopía o de Mesa Redonda! Pero, por lo menos, debiéranse consagrar al culto de la justicia real, igualitaria, fraternal recado del corazón
del pueblo. ¡Todo el resto son pamplinas que el pueblo paga cada fin de mes!

¡Y para recetas me voy al médico!

¡Atentos a la historia, las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

¡Sólo el talento salvará al Perú!

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