Drogas y control de fronteras en Sudamérica

Por Alfredo Palacios Dongo

En Perú, Colombia y Bolivia se concentra la mayor producción de cocaína en el mundo (el Perú ha reemplazado a Colombia como el mayor exportador); Venezuela y Ecuador son considerados por los narcotraficantes países puentes para tránsito de droga; en Argentina y Chile usan sus puertos para trasladar droga hacia Estados Unidos y Europa y se abastecen de insumos químicos; y Brasil, además de convertirse en ruta internacional de la droga, es el mayor consumidor en la región (más de 900 mil consumidores), y por falta de fiscalización de su industria química, los narcotraficantes consiguen grandes cantidades de insumos químicos.

En la mayoría de países de Sudamérica se han introducido los cárteles de droga mexicanos, desplazando a los colombianos. En el caso peruano, la presencia de cárteles mexicanos se ha expandido en un 60% desde el año 2000 principalmente el de “Sinaola”, que en el VRAEM y en la costa y sierra norte mantiene bandas armadas y producen cocaína y marihuana. Según autoridades bolivianas, el 50% de cocaína incautada proviene del Perú, y asimismo, según datos oficiales de Brasil, 38% del ingreso de cocaína llega también del Perú y sus cultivos de coca son plantados cada vez más cerca de su frontera. Inclusive, en agosto pasado, en la “Operación Trapecio” la policía Federal brasileña erradicó 100 hectáreas de cultivos de coca en territorio peruano, en la zona de la triple frontera.

Las ramificaciones de las drogas desde y hacia Sudamérica

Bajo este panorama la mayoría de países está desarrollando planes y ejecutando operaciones fronterizas de gran envergadura contra el narcotráfico y sus formas de criminalidad asociadas, además del desarrollo de sus fronteras. Sin embargo, en el Perú no sucede lo mismo; tenemos 7,072 kilómetros de fronteras terrestres (con: Brasil 2,822, Ecuador 1,528, Colombia 1,506, Bolivia 1,047 y Chile 169) donde existen grandes áreas sin resguardo que son utilizadas como  corredores de droga desde el VRAEM al exterior. Además nuestra línea costera abarca 3,079 kilómetros y por el mar sale 80% de la droga por no existir recursos financieros, tecnológicos y logísticos para control, vigilancia e interdicción.

Conjuntamente con las acciones sociales y económicas, el gobierno debería accionar para controlar y vigilar nuestras fronteras y nuestro mar, asignando recursos para la adquisición de sistemas de radar y sistemas y equipos de vigilancia y control terrestres y marítimos de alta tecnología, y principalmente en la implementación de una estrategia de desarrollo de pueblos y ciudades en nuestras zonas fronterizas, lo que debería constituir una necesidad prioritaria en las políticas de Estado.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de noviembre de 2012