Ley de pago de pensiones universitarias garantiza la libertad de empresa

Asegura congresista Ronerto Angulo

“Los empresarios del sector Educación no tienen por qué preocuparse con la autógrafa de Ley 142, aprobada recientemente por el Congreso de la República, pues garantiza la libertad de empresa y les permite no perder un cliente, al contrario, fidelizarlo”, expresó el congresista Roberto Angulo, autor del proyecto.

Como se recuerda, el pasado 18 de octubre le el pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría la norma que prohíbe condicionar las evaluaciones de los estudiantes de educación superior al pago de pensiones en el ciclo lectivo.  

Es muy importante, aclaró el congresista, que en la actualidad no existe una cultura del no pago por parte de los estudiantes y que los casos de quienes no pueden pagar uno o dos meses es mínimo, lo cual es un indicativo de que las empresas que brindan servicios de educación no se verán afectados económicamente.  

“Espero que los empresarios reflexionen y apoyen a la ley. Los estudiantes que no puedan pagar una mensualidad, no se retirarán de las universidades e institutos, al contrario continuarán y no perderán a un alumno, sino permanecerá con ellos, en los ciclos siguientes”, concluyó.

Angulo Álvarez precisó que se trata de proteger no solo a los empresarios sino, sobre todo, a los estudiantes, pues de acuerdo a la Constitución Política, es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica, y la ley 142 garantizará que se cumpla. Agregó que el artículo 17 de la Constitución señala que con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades.

También se debe tomar en cuenta que el artículo 19 de la Constitución especifica que las universidades, institutos superiores y otros centros de estudios gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto, que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural, dijo.  

Como podemos observar, la Constitución no considera que la Educación sea un simple trato mercantil, sino, sobre todo, es una necesidad vital  para el desarrollo de nuestro país, por ello se le brinda exoneraciones a las empresas. “Comprenderíamos la preocupación de la Confiep pero no se trata de un servicio cualquiera o de comprar un artículo, sino que se trata de la educación de los peruanos, y tiene que darse ciertas consideraciones como el Estado lo tiene con ellos”, expllicó.

Indicó que no debe olvidarse que la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación considera que esta tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. “Los empresarios deben tomar en cuenta estas disposiciones, ellos también deberían tener las consideraciones del caso con los estudiantes que pasan ciertos problemas económicos”, comentó el congresista.