El accionar de las FARC en el Perú

Alfredo Palacios Dongo

Un informe periodístico publicado el pasado 7 en el diario colombiano El Tiempo, da cuenta que del análisis del material incautado durante el ataque militar colombiano a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ocurrido el 1 de marzo de 2008 en la zona fronteriza del río Putumayo, en Angostura, Ecuador, se ha determinado que este grupo terrorista tenía como prioridad fortalecer el entrenamiento, ideología y “lucha armada” de los terroristas peruanos de Sendero Luminoso (SL), a quienes les habría enviado gente con material de entrenamiento en técnicas de ataque y reclutamiento, reacciones a emboscadas y ataques a aeronaves. 

Además, las FARC representan para el Perú una amenaza real y recurrente al promover y proteger cultivos ilegales de coca en ciertas zonas de los 1,526 kilómetros de frontera a lo largo del río Putumayo, calculándose la existencia de alrededor de 3,000 hectáreas principalmente en las cuencas del alto Napo y el alto Putumayo (sectores Putumayo, Napo y Erene). 

También existen denuncias desde 2006 —admitidas por el ejército colombiano— que las FARC contratan o llevan por la fuerza a jóvenes peruanos de estas zonas para el cultivo de coca o para que participen en sus actividades delictivas, y asimismo, han sido detectados miembros o mafiosos vinculados a las FARC, como dueños de madera ilegal que se trafica en dichas zonas.

En este contexto, es un grave error que el presidente Alan García minimice los vínculos entre estas dos organizaciones terroristas, y asimismo que subestime a los terroristas de SL. Primero porque el Comandante General del Ejército, Otto Guibovich, conceptuó en abril y setiembre de 2009 que SL ha avanzado tanto que se está pareciendo a las FARC, ya que emplea técnicas muy parecidas, no descartando la relación entre ambos grupos. Y segundo, el presidente debería considerar que desde que asumió su gobierno los integrantes de SL han aumentado de 220 a 600, presentan mayor capacidad de combate, y sólo en los últimos dos años son responsables del asesinato de más de 50 militares y policías. Por el contrario, el gobierno debería investigar estos probables vínculos, y asimismo enfrentar con una estrategia integral a SL en el VRAE.