Los peruanos debimos debatir y ponernos de acuerdo sobre una cantidad enorme de cuestiones para salir del hoyo infinito en el que nos ha colocado la pandemia, tomando posición para arribar a objetivos de desarrollo antes del 2030. Los involucrados en la formulación de políticas públicas, fundamentalmente los agentes políticos, debieron decirnos cómo iban a conciliar los objetivos económicos, sociales y ambientales para garantizarlos y no quedarnos con la simple enunciación economicista de «asegurar el 10% de crecimiento» para el presente año que sale del MEF.
La cuestión es que el país sea sostenible y que la vida de los ciudadanos sea mejor. Para ello, hubiera sido conveniente que nos digan cómo iban a diseñar políticas y estrategias que promovieran el desarrollo y no simplemente el crecimiento (lo cierto es que ni siquiera eso fue planteado). Como señalaba nítidamente el voto indignado por Pedro Castillo, se debió proponer el fortalecimiento del aparato gubernamental para diseñar, implementar y monitorear políticas coherentes e integradas para el desarrollo sostenible. Esto suponía “fomentar sinergias entre las áreas de política económica, social y medioambiental, identificar compensaciones y conciliar los objetivos nacionales y multilaterales y abordar decididamente los efectos secundarios de las políticas nacionales”.
Lo anterior, debió tener como base tres cosas:
- Una visión estratégica, respaldada por un claro compromiso político y liderazgo para mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.
- Mecanismos institucionales y de gobernanza eficaces e inclusivos para abordar las interacciones de las políticas en todos los sectores y alinear las acciones entre los niveles de gobierno.
- Un conjunto de herramientas que permitieran anticipar, evaluar y abordar los impactos de largo plazo de las políticas.
En resumen, debió buscarse coherencia de las políticas para el desarrollo, integrando las dimensiones comprometidas en las políticas diseñadas, homogenizando los mecanismos institucionales y organizativos: estructuras, sistemas, procesos y métodos de trabajo aplicados por el gobierno en todos los sectores y niveles, así como por los actores interesados fundamentales.
Debimos estar conscientes que estas tareas necesitaban de liderazgos y compromisos políticos sólidos e incluyentes, que propusieran metas en los niveles de pobreza, equidad de género y ejercicio de DESCA, alineados con los ODS, todo lo cual demandaba una visión estratégica (ahora inexistente) que debía definir los resultados deseados, los escenarios y las acciones para mejorar la coherencia entre todos los sectores y niveles de gobierno, y entre las políticas externas e internas.
En ese sentido, debió saberse la urgencia de hacernos cuanto antes de medios como la previsión estratégica, la elaboración de escenarios y enfoques sistémicos en la formulación y aplicación de políticas, para determinar, prevenir y mitigar las repercusiones adversas, reales y potenciales, en el bienestar y las perspectivas de desarrollo sostenible.
También era menester llamar la atención hacia la integración de las políticas para incorporar mejor el desarrollo sostenible a las políticas y las finanzas y, en ese sentido, aprovechar las interrelaciones y los beneficios entre los sectores de la política económica, social y medioambiental, así como entre los objetivos de desarrollo sostenible nacionales e internacionalmente reconocidos.
Asimismo, preocuparnos de integrar el desarrollo regional y territorial en las políticas sectoriales para lograr mayores sintonías con la planificación estratégica a largo plazo, garantizar la coordinación del gobierno para identificar y mitigar las divergencias entre las prioridades y las políticas sectoriales y promover acciones que se apoyen mutuamente entre sectores e instituciones.
De esta manera, podemos seguir enumerando la gran cantidad de pendientes que tiene el país si lo que se quiere es enrumbarlo de manera decidida hacia el desarrollo, recuperando con la mayor rapidez posible la pérdida de más de una década en resultados sociales que nos viene dejando la pandemia.
Pero, no hemos puesto nada de esto en la mesa de debates que, dicho sea de paso, es lo que propone OCDE para nuestro país. La lucha política para el fujimorismo no es interpelar en función a estos objetivos, sino ensuciar el panorama al punto de hacer imposible cualquier atisbo de gobernabilidad hacia adelante.
En esa línea, no les han importado los costos que cada uno de los peruanos y peruanas —incluyendo a los que en estos momentos siguen entendiendo que lo central es evitar el «comunismo»— hemos empezado a asumir por esta abominable manera de proceder que no podemos entender. Porque si la razón fuera evitar la prisión de su lideresa a costa del futuro de todos y todas, es por ahora incomprensible la fila infinita de arrimados que han adoptado como programa el sonsonete de «comunismo no», y para ello vale todo, incluyendo la ruptura de reglas básicas de convivencia democrática.
desco Opina / 16 de julio de 2021
