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La reciente contienda electoral desarrollada en el país nos lleva a reflexionar sobre el desconocimiento del juicio y las demandas que los peruanos esperan de los partidos políticos en su afán de representatividad, donde las sorpresas ya no solo radican en los departamentos del sur, sino también en la propia capital. La legislación no ha podido salvarnos de la evidente fragmentación del Congreso, dejando de esta manera posibilidades para la continuidad de procesos poco transparentes y representativos.
También sabemos que al interior de cada elección lo que se tiene son pobladores que, bajo su desconcierto, militancia o esperanza, determinan su voto. Para el país, es notoria la trayectoria de elección que ha mantenido la zona sur, donde Huancavelica no es ajena al depósito de su confianza a los representantes vinculados a lo que conocemos como la «izquierda», afinidad que ha sido constante durante los últimos procesos electores.
Los resultados electorales en la región Huancavelica, designan como representante —y además con la mayor cantidad de votos— a un virtual congresista de Unión Por el Perú, partido al que hoy se le califica como el más radical de la izquierda, aunque éste no considere esa orientación dentro de sus parámetros de ideología política. Esta tendencia no solo ha calado a nivel de Huancavelica, sino también en el resto de la zona sur del país, desplazando al Frente Amplio, referente en la contienda del 2016.
Entonces, lo que encontramos como resultado de fondo de esta elección congresal, no es sino un constante reclamo por la ausencia histórica del Estado que, sin embargo, entra en conflicto a nivel local, cuando constatamos que en Huancavelica sus funcionarios regionales de más alto nivel, se encuentran actualmente envueltos en procesos judiciales por delitos de corrupción. Es el caso del gobernador regional Maciste Díaz, sobre el que pesa una sentencia de cuatro años de prisión por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión simple por los hechos vinculados a la compra de computadoras portátiles en el año 2014 (durante su primera gestión), según informó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancavelica.
En condiciones parecidas se encuentran otros funcionarios de su actual gestión y exfuncionarios de confianza de la anterior. Igual suerte corre su vicegobernador, Guillermo Quispe Torres, sentenciado a ocho años de prisión por haber formado parte de un comité de selección del Gobierno Regional de Huancavelica que en el 2013 favoreció al Consorcio Capillas I, en una licitación para la construcción de una carretera en Paucará.
Es decir, aparentemente existiría un doble rasero para elegir autoridades y representantes en Huancavelica, pues pareciera que sus representantes nacionales son escogidos por plantear un discurso radical contra la corrupción, mientras regionalmente, insisten con autoridades muy cuestionadas en ese sentido.
Más allá de los motivos que estén detrás de estas decisiones, lo que debemos comprender es que no fomentan la construcción de un escenario adecuado para debatir y procesar las decisiones indispensables que permitan superar los problemas históricos de Huancavelica.
¿Cómo puede pensarse en una apuesta sólida y participativa para el desarrollo de la región cuando se tiene por un lado a pobladores que reclaman hacia afuera una desatención histórica para el caso de Huancavelica, mientras al interior se podrían estar conformando con la desastrosa frase «roba, pero hace»?
desco Opina – Regional / 7 de febrero de 2020
