Por Milcíades Ruiz
En su artículo “Sin dar pie con bola”, publicado por el diario La República, del 15 de agosto, Diego García Sayán, tomado por muchos como izquierdista y progresista, lamenta que el proyecto “Tía María” no vaya, y plantea la creación de un aparato estatal similar al policiaco para “prevenir y enfrentar –política y socialmente- a sectores extremistas que se oponen y opondrán a rajatabla a cualquier proyecto minero importante”.
Esta es la mentalidad de quien ha sido ex ministro del gobierno de Paniagua y de Toledo, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gestor de la Carta Democrática Interamericana de la OEA que hoy se aplica a Venezuela y propuesto por el Perú a la Secretaría General de ese organismo controlado por EE UU. Tiene muchos galardones otorgados por diversos gobiernos. Toda una celebridad.
No obstante, advierto en su opinión, el viejo pretexto republicano de justificar la represión de las luchas populares, aduciendo que el pueblo es incapaz de rebelarse, si no fuera por los “infiltrados” comunistas (hoy terroristas). También culpa al gobierno por haber dejado sola a la Southern en el “proceso de discusión social y del debate del Estudio de Impacto Ambiental”.
Vaya pues, el ex juez internacional, nos dice que el gobierno debió parcializarse desde un comienzo con el depredador, por cuanto el proyecto “Tía María” es de interés público. Nos dice que lo medular en el “pésimo manejo de este caso” es la “ausencia de políticas e instituciones públicas de prevención y gestión de la conflictividad social”.
Interpreto que aboga por un espionaje de control a la población a fin de que el represor tome medidas preventivas y desactive toda rebeldía haciendo uso de todas las armas que dispone. Por ejemplo, eliminar cabecillas, aislar a los radicales, comprar consciencias, etc. No como ahora que según su opinión “Nadie ata pie con bola”. Pero cualquier especie de “Gestapo” contra el pueblo sería pernicioso, aunque lo diga el gestor de la Carta Democrática de la OEA.
Estamos en otros tiempos y mientras por un lado se pugna porque el internet llegue a todo el país, con un gobierno digitalizado, por otro lado, se tendría que controlar y hackear a la población en red que no acepte los abusos, persiguiendo a las redes sociales para que no hablen de los daños de la minería de gran escala, ni del cambio climático, ni de los corruptos.
Actualmente, los líderes de la población se informan a través del internet, sobre lo que viene pasando en otros lugares y naturalmente, las noticias sobre la lucha de los afectados por los relaves mineros, marchas y paros, llegan a muchos lugares en el instante. Vayan a una reunión de campesinos y verán a los jóvenes líderes hablar en defensa del medio ambiente y otros temas de actualidad.
Ya no es como antes, en que los campesinos ignoraban las noticias. Muchos de ellos ya cuentan con celulares con internet y usan aplicativos. De modo que, echarle la culpa a los extremistas y terroristas como causantes de los reclamos sociales no solamente es retrógrado sino fantasioso. Aunque prohíban el internet, no se podrá impedir la protesta social cuando los abusos consuetudinarios ya no se ajustan a la época actual.
Pero ¡Que tal raza! Son los entreguistas de nuestros recursos naturales los que, coludidos con nuestros depredadores, ocasionan el conflicto social en zonas pacíficas del ande y no, a la inversa. Es la CONFIEP la que ha presionado al gobierno para que otorgue la licencia al proyecto “Tía María”. Entonces, ¿No son ellos los culpables del conflicto social? ¿Por qué tomar las cosas al revés?
Pero el paradigmático ex juez, nos dice: “Para que todo se maneje de otra manera, hay que tener claras tres cosas”.
“Primero, que la conflictividad social es parte inevitable del paisaje. No va a extinguirse. En lugar de querer seguir tapando el sol con un dedo, lo que hay que hacer es prevenirla y procesarla. Así como hay policías, jueces o autoridades municipales, ya es hora que el Estado cuente con una institucionalidad seria para esto.
Segundo, la realidad muestra que cuando se actúa con previsión, proyectos ambiciosos –y hasta “imposibles”- se hacen viables, la gran mayoría de la población concernida participa y los radicales/rupturistas acaban aislados.
Tercero: (…) Con una población bien informada y participante de una política pública adecuada, los radicales se quedarían como pez fuera del agua y la gente haría respetar sus derechos. Es hora de darle fin a la política del avestruz”.
Como se podrá apreciar, este enfoque del problema se inscribe en la línea de la derecha que reclama la imposición a la buena o, a la mala. Quizá yo esté exagerando en mis apreciaciones sobre este personaje influyente, pero su opinión me hace pensar que no está del lado del pueblo. Y si de prevención se trata, es preferible no encontrarlo en la lista de candidatos de izquierda. Ustedes que dicen.
Agosto, 2019
Otra información en https://republicaequitativa.wordpress.com/
